No hay dudas de que el nuevo Gobierno de la Generalitat, formado por PP y Vox, quiere imprimir una visión del cambio. Otra cosa es a la velocidad que lo está imponiendo. De momento, las medidas estrella son la rebaja al 99% del impuesto de donaciones y sucesiones de padres a hijos (familiares de primer grado); la incorporación de dos horas lectivas en la ESO (por sentencia judicial); la vuelta de los Cicus (centros de emergencias sanitarias) a las capitales de provincia y poco más. Ha habido más polémicas que decisiones de calado. Es pronto y muchas de las medidas que visualizarán ese cambio, las veremos, entiendo, en los presupuestos de la Generalitat de 2024. El grado y el fin de las inversiones; si hay otra rebaja fiscal: qué pasará con las reversiones hospitalarias, cuyo desenlace -al menos en la Marina Alta se verá en este otoño- y medidas de impulso a la empresa y a los autónomos, y a la vivienda. Imagino que irá por ahí la cosa, a expensas de lo que permita la undécima conselleria, la de la deuda, 55.000 millones de euros, y sobre la que girará parte de los argumentos, visto que lo de la reforma de la financiación autonómica va para largo.
Mientras, lo que hay son gestos, gestos para borrar todo aquello que hizo el Botànic, fuera mejor o peor. Ejemplos. En Educación, más allá de los cambios legislativos que pueda hacer el nuevo Gobierno -con el tope que marcó el TSJ de respetar el equilibrio entre las dos lenguas oficiales-, lo que parece claro es que el plan Edificant, por el que se delegó a los ayuntamientos la contratación de las obra para la reforma y construcción de nuevos colegios, cambiará, al menos, de nombre. El nuevo gobierno no creo que mantenga una iniciativa que ha sido buena para la mayoría de los ayuntamientos, más allá de las vicisitudes que han sufrido las obras con el incremento de los precios de materiales y recursos. Le cambiará el nombre, le introducirá matices para hacer ver que es mejor, que lo han hecho ellos, y adelante. Distrito Digital huele a lo mismo, como el cambio de la Conselleria de Innovación al edificio de Correos: convertir la compra del Palacete de Puig en un espacio (en teoría) más útil y, como dijo Mazón, abierto a la ciudadanía.
Las delegaciones del Consell, como la de Alicante. Carlos Mazón lo dijo este miércoles. Comienza un nuevo ciclo, em el que desde el Consell se va a “reivindicar el agua, las inversiones, los presupuestos y la vertebración de las tres provincias”. Sostuvo el president el miércoles que el Botànic había utilizado, sobre todo, los PGE de 2023 para beneficiar una provincia (Valencia) frente a las otras (Alicante y Castellón). Y que por ello, ahora, las delegaciones del Consell deben ser ese contrapoder contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que antes hacía la Diputación, ahora lo hará la Casa de las Brujas. Si el Ejecutivo de -Ximo Puig optó por funcionarios para las delegaciones territoriales con el objetivo de coordinar la actividad de la Generalitat- ahora hay delegados políticos para denunciar las necesidades de la provincia. Y ese papel lo va a jugar Agustina Esteve. Y otro gesto: el plan Vega Renhace también salta por los aires y pasa a denominarse Plan de la Vega Baja. Es verdad que el Plan Vega Renhace era una especie carta de los Reyes Magos, con todas las inversiones incluidas -incluso las que no tenían nada que ver como Sanidad o Educación, pero hay que admitir que algo hicieron por mejorar las infraestructuras hidráulicas de la comarca tras la Dana de septiembre de 2019.
Y lo de la delegación del Consell de Alicante es un anticipo de lo que viene: una vez pase la investidura de Núñez Feijóo, caña al mono. Mazón ya lo dejó entrever: si los Presupuestos Generales del Estado se prorrogan-que tiene toda la pinta-, esto será el caos. Comienza a sonar a soniquete lo de los viajes del Imserso, que si no se mejoran -que deberían-, el responsable del aumento del paro en el sector servicios en la Comunitat será de Sánchez. Da igual que la propia Generalitat y la Diputación compense a los hoteles por ello, que lo hiciera antes o que lo haga de nuevo, la cuestión es poner tener todo a punto para tener un culpable de lo que no se pueda cumplir, se retrase o no se pueda hacer por las circunstancias que sea (mayormente presupuestarias). O tan simple como quitarse la responsabilidad de encima. Y mientras el cambio va llegando (a la velocidad que se pueda), que los gestos vayan borrando al Botànic. La política es así. Tienen toda la legitimidad.
