Foto: MINISTERIO DE IGUALDADVALÈNCIA (EP). La Comunidad de Madrid, Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Comunitat Valenciana, Baleares, Andalucía, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta -todas ellas gobernadas por el PP, en algunas de ellas en coalición con VOX- han votado en contra de debatir sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las ayudas económicas a víctimas de violencia sexual establecidas en la Ley del 'solo sí es sí', durante la Conferencia Sectorial de Igualdad, que se ha celebrado este jueves y que ha estado presidida por la ministra Irene Montero, según han confirmado diversas fuentes presentes en la reunión, consultadas por Europa Press.
Según precisan las mismas fuentes, el Ministerio de Igualdad "ha incumplido el reglamento" de la Conferencia al "enviar tarde" a las comunidades autónomas para su estudio el texto de la norma.
Además, califican el proyecto de decreto de "chapuza jurídica" pues consideran que está "plagado de lagunas y contradicciones, y no tiene rigor jurídico".
Asimismo, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila-Ponce, ha manifestado, en declaraciones posteriores a la reunión, que este real decreto "sitúa en desigualdad de derechos a unas víctimas sobre otras y obliga a las mujeres a atravesar por un proceso complejo" a la hora de solicitar las ayudas "que provocará su revictimización".
Para Dávila-Ponce, el Gobierno "no puede seguir con el desarrollo de la ley del 'solo sí es sí', que califica de "aberración jurídica", y exige "que se tengan en cuenta las alegaciones de las CCAA para evitar hacer mas daño a las víctimas".
Según precisan las mismas fuentes, las ayudas por violencia de género por la pareja o expareja se tramitan desde la ley de 2004 de violencia de género, y la ley del 'solo sí es sí' las refuerza incluyendo también como beneficiarias a víctimas de violencia sexual. El problema, según indican, es que "las víctimas de violencia de género solo las reciben cuando cobran menos del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y las de violencia sexual cuando cobran menos del SMI".
Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad han asegurado que el Real Decreto seguirá adelante a pesar del rechazo a debatirlo en la Conferencia Sectorial por parte de esta docena de comunidades autónomas.
Además, han defendido que el departamento que dirige Irene Montero lleva meses trabajando en el texto y que las propias CCAA lo tienen "desde marzo" y "han participado en la tramitación, haciendo sus aportaciones".
Según Igualdad, las CCAA pidieron un punto informativo en el orden del día de la Conferencia Sectorial sobre el estado de la tramitación de este Real Decreto, Igualdad aceptó la solicitud e iba a informar del estado de la tramitación, a pesar de que, según indican, no tienen obligación legal de hacerlo. "Hablamos de un punto meramente informativo, porque las Conferencias Sectoriales no tiene capacidad para aprobar o rechazar ningún Real Decreto", subrayan.
Por ello, este jueves han recibido con sorpresa que "diversas CCAA, a propuesta de la Comunidad de Madrid", hayan decidido que no querían abordar el tema. "Es una decisión que respetamos, pero no compartimos", añaden las mismas fuentes de Igualdad.
En todo caso, insisten en que el Real Decreto seguirá su tramitación y recuerdan que la representación de las CCAA en la Conferencia Sectorial "no tiene capacidad para impedir o dificultar la tramitación de un RD". "Si las derechas tienen la voluntad de paralizar las ayudas económicas a las mujeres víctimas de violencias sexuales deben conseguir formar gobierno o mayoría parlamentaria en el poder legislativo", añaden.
De hecho, remarcan que este RD es una norma del Gobierno de España que se aprueba en Consejo de Ministros y que tienen voluntad de aprobarlo "lo antes posible" por "su importancia para garantizar la reparación de las víctimas de violencias sexuales".
Durante la reunión de la Conferencia Sectorial, el Ministerio de Igualdad ha presentado a las CCAA los informes correspondientes a las reuniones de los comités de crisis del 2 de junio, 1 de agosto y 4 de septiembre. Desde la última Sectorial, Igualdad ha convocado hasta la fecha cuatro comités de crisis con el fin de analizar las situaciones de repunte de feminicidios.
Entre las conclusiones de esos informes destacan, entre otras, el acompañamiento institucional a la víctima de violencia de género en la recogida de enseres, por ser "un momento especialmente peligroso" o la mejora de los requisitos de renovación del permiso de armas.
Asimismo, han hecho hincapié en la importancia de combatir el "negacionismo" con concienciación, en el rol de profesionales de la sanidad de salud mental, ginecología u obstetricia para detectar los casos; en la necesidad de ofrecer recursos habitacionales y casas de acogida, y de llegar a las mujeres con factores de vulnerabilidad o riesgo, como mujeres migrantes, con perfil de dependencia o usuarias de servicios sociales.
Según otras fuentes presentes en el encuentro, ha habido coincidencia en que hay una "falta de servicios especializados" a las víctimas de violencia machista que, por el contrario, sí pasan por otros puntos como los colegios (si tienen hijos) o los centros de salud. Así, han constatado la necesidad de contar con una red más abierta de recursos.
Asimismo, han coincidido en una falta de recursos habitacionales de emergencia cuando las víctimas tiene problemas de adicción o de salud mental, según las mismas fuentes.
También han precisado que, durante la reunión se han presentado dos planes en materia LGTBI y trans para que las CCAA hagan aportaciones, y que se convocará una reunión extraordinaria para tratar los centros de crisis.
Por otro lado, durante la Conferencia Sectorial, la ministra de Igualdad, que ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodriguez; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; la directora del Instituto de las Mujeres, Ana Varela; la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho; y la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo, también ha informado de las prioridades del Ministerio durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Entre otras, han destacado la necesidad de "una Europa feminista que luche contra todas las formas de violencia contra las mujeres" y, en este sentido, han puesto de relieve la reciente ratificación por parte de la Unión Europea del Convenio de Estambul.
Además, han recordado que la Presidencia española celebrará la reunión informal ministerial de Igualdad en Pamplona los días 23 y 24 de noviembre, en la que se abordará la violencia contra las mujeres.
También han subrayado la garantía del acceso a todos los derechos sexuales y reproductivos, con especial foco en los sistemas públicos de salud, así como en la promoción de la educación sexual en el ámbito educativo; la lucha contra toda forma de discriminación y la importancia de la reorganización de los cuidados.
En esta línea, han recordado que los objetivos de la Presidencia española en este campo quedarán reflejados en las conclusiones del Consejo sobre el derecho a los cuidados cuya aprobación está prevista para el último Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Presidencia española, que se celebrará a finales de noviembre. Previamente, está prevista la celebración en Madrid, el 18 de octubre, de una Conferencia europea sobre el derecho a los cuidados.
