Rita Barbera. Foto: Eva MáñezEl magistrado de la ‘Operación Taula’ ya ha dado el primer paso para que la exalcaldesa sea imputada por blanqueo de capitales
VALENCIA. El viacrucis judicial de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ya ha comenzado. En menos de un mes se podrían hacer públicas las pruebas, entre ellas las escuchas telefónicas, que acreditarían el presunto blanqueo de capitales que ha llevado a imputar a todo el PP de la ciudad de Valencia de la última legislatura, salvo a cuatro asesores que se negaron a blanquear dinero.
Este martes, tal y como adelantó en exclusiva Valencia Plaza, el magistrado Víctor Gómez, de común acuerdo con el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce, envió al Senado un escrito en el que solicitaba que se acredite la condición de senadora de Barberá.
El Senado informó que reenviará al Alto Tribunal el escrito recibido desde Valencia, al entender que, el magistrado, debió enviarlo directamente al Alto Tribunal para conocer si Barberá está o no aforada. Según Pedro Sanz, vicepresidente primero de la Mesa del Senado, es el Tribunal Supremo el que debe responder al juzgado valenciano. "No corresponde al Senado contestar".
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, “los miembros de la Cámara Alta se equivocan, ya que la ley marca que es a ellos a los que hay que dirigirse cuando se quiere iniciar una investigación contra un aforado”. De todas formas, las mismas fuentes indicaron que la respuesta del Senado tan sólo retrasará unos días el proceso. Por tanto, y tal y como explicó Valencia Plaza en anteriores ocasiones, marzo será el mes crucial para la exalcaldesa de Valencia.
Imputar a un senador no es fácil. Para poder conseguirlo primero hay que preguntar si la persona a la que se quiere investigar, en este caso Rita Barberá, está aforada. Una vez se tenga la respuesta, el magistrado instructor de la Operación Taula deberá enviar un auto razonado esgrimiendo los motivos por los que se quiere imputar a la senadora.
Según ha podido saber Valencia Plaza en ese auto se expondrá, además de cómo realizó su presunto blanqueo Barberá, de los motivos que llevaron al PP de Valencia a pedir mil euros a todos sus miembros para blanquear, presuntamente, 50.000 euros.
Si el Alto Tribunal ve indicios de delito abrirá una investigación contra Rita Barberá y ésta, al igual que ya han hecho todos sus compañeros del PP de Valencia excepto el diputado Miquel Domínguez, también aforado, deberá acudir a declarar en calidad de imputada ante la Sala Segunda del TS.
