Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El abogado de Alfonso Grau ha pedido este martes la absolución de su cliente durante la última sesión del juicio relativo a la financiación de las campañas del PP para las elecciones de 2007 y 2011 dentro del caso Taula.
La defensa del que fuera vicealcalde de València, al que la Fiscalía la pide 9 años y dos meses de cárcel, ha criticado en su informe de conclusiones que se crea "una atmósfera de que todo parece corrupto y que hay que buscar un culpable sin concreciones de nada".
En su opinión, "no hay absolutamente ningún elemento que pueda sostener los delitos de malversación, cohecho y falsedad documental" en los que se sostiene la acusación. Respecto a este último delito, sostiene que Anticorrupción lo introdujo en el último momento porque pensaba que se le podía caer la malversación. "Una cosa es que el cumplimiento de contrato no sea exacto y otra que se trate de un documento simulado, algo que no se ha acreditado", ha remarcado.
El abogado de Grau ha comentado que las cantidades que se presumen malversadas son las de las entidades Fundación Turismo Valencia y Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD). Pero si esas financiaciones al PP de empresas contratistas del Ayuntamiento fueran las que motivan el fundamento de la acusación, considera que debería haber un delito de financiación ilegal de partidos. El cual estaría prescrito. "Si hablamos de aportaciones empresariales, hablar de malversación y cohecho no tiene sentido", ha insistido. Y el exvicealcalde, en todo caso, es "ajeno a todo ello".
Posteriormente, ha entrado a valorar la estrategia del exasesor de Grau Jesús Gordillo. Durante la instrucción del caso Taula confesó prácticas ilegales para sufragar los gastos electorales en un testimonio que se convirtió en clave para la investigación, pero en el juicio eximió al que fuera vicealcalde de València de cualquier responsabilidad. Esta declaración supuso un giro total de la versión anterior.
El abogado de Grau ha relatado que Gordillo declaró en enero de 2016 en instrucción que no sabía nada de la campaña de 2007, pero en septiembre de ese entregó a Valencia Plaza los papeles relacionados con las irregularidades de aquella campaña. En enero de 2017, ha continuado, el Ayuntamiento declaró la urgente necesidad de cubrir tres plazas de economista y meses después él entró a trabajar. "¿No será un juego de causalidades en vez de casualidades?", se ha preguntado.
Así, ha considerado que le parece "más creíble" la explicación de Gordillo en el juicio de que cuando acusó a Grau se encontraba en una situación de depresión, de divorcio y de presiones que la que dio en su momento de que todo lo hacía para perjudicar al exalcalde. "Él tenía un estado de necesidad. ¿Alguien se ha preguntado por qué hizo lo que hizo en la Sala? A lo mejor le pesó en la conciencia e intentó remediar el daño que hizo contra el que menos lo merecía. Si el cambio de posición hubiera sido en sentido contrario habría sido bien recibido", ha apuntado.
El letrado ha hecho hincapié en que las contrataciones municipales se rigen por una mesa de contratación y en esos procesos Grau no tiene nada que ver. Además, ha cuestionado por el motivo por el que ningún empresario ha acudido a declarar. "Nos estamos jugando 9 años de cárcel para un señor de 82 años", ha afirmado.
Tras remarcar que nadie ha negado que el exvicealcalde fuera coordinador de campaña, ha argumentado que no podía "imponer contrataciones" porque sus funciones se limitaban al programa electoral o a los mensajes de campaña. Tampoco tenía, según su abogado, la capacidad de mando que le atribuyen en el consistorio ni en las fundaciones.
Sobre estas últimas, ha incidido en que eran entidades jurídicamente privadas –lo que evitaría la malversación– y que no hacían lo que ordenaba el Ayuntamiento. Por ejemplo, sobre la Fundación Turismo Valencia ha explicado que se constituyó en 1990, un año más tarde fue designado gerente Salinas y Grau fue el presidente, pero "no mandaba" puesto que había "ocho patronos iniciales de diferentes entidades. Hay un estatuto y una junta de patronos y se decidían las cosas. No mandaba el presidente", ha reiterado.
