El Congreso aprueba reducir al 4% el IVA en los servicios de atención a la dependencia

VALÈNCIA. El Congreso de los Diputados ha aprobado en la tramitación y negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018, la reducción al 4% del tipo impositivo que se aplica a los servicios de atención a las personas dependientes y que cuenten con una financiación pública que cubra al menos el 10% de su precio. Hasta ahora la ayuda tenía que superar el 75%, lo que se traducía en que casi todos los usuarios pagaban el 10%.

El pleno del Congreso ha admitido la enmienda transaccional presentada por PDeCAT, apoyada por el Grupo Popular y promovida por Ceaps (Circulo Empresarial de Atención a las Personas), la organización empresarial más representativa del sector de la Dependencia.

“Esta medida, aunque no alcanza al conjunto de los mayores y dependientes, como es nuestro primer objetivo, sí aliviará, de manera significativa, la economía de muchos dependientes que podrán ver un ahorro mensual importante por los servicios y prestaciones que reciben del Sistema de Dependencia”, ha declarado la presidenta de Ceaps, Cinta Pascual.

Podemos y Compromís votan en contra

Esta enmienda a la Ley de PGE para 2018 ha contado, además de los votos del PP y del PDeCAT, con el apoyo de Ciudadanos, PNV, ERC, Foro Asturias, Coalición Canarias y Nueva Canarias. Podemos y los diputados de Compromis han votado en contra y el PSOE y Bildu se han abstenido.

En la Comunitat Valenciana, la medida afectará positivamente a unas 7.000 personas que actualmente utilizan una plaza residencial privada para mayores aunque también se ven beneficiados centros de día y servicios de ayuda a domicilio. Teniendo en cuenta un precio medio de plaza residencial de 1.441,42 euros mensuales, según el informe de Inforesidencias.com, la diferencia de aplicar un 10% a un 4% sería de 86,48 euros mensuales, lo que supone un total de 1.037,76 euros al año. Si tenemos en cuenta que la pensión media de la Comunidad Valenciana es de 858,76 según los datos de Marzo de la Seguridad Social, esta reducción tendría el mismo efecto que cobrar una paga y quinto más al año.

José María Toro, presidente de Aerte, ha mostrado su satisfacción por el resultado. “De nuevo, las asociaciones empresariales han demostrado su responsabilidad y compromiso social defendiendo el interés de las personas en situación de dependencia y hemos logrado reducir esta injusticia fiscal que se estaba produciendo. Queremos agradecer públicamente el apoyo a todos los grupos políticos que han votado a favor de esta propuesta”