VALENCIA. (EUROPA PRESS). El Gobierno valenciano se enfrenta al pago de más de 316 millones de euros a partir de las más de 60 reclamaciones por responsabilidad patrimonial presentadas por la anulación en los tribunales de una veintena de planes urbanísticos aprobados por el PP durante sus veinte años de gestión de la administración autonómica. Así lo ha denunciado este miércoles la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, en la rueda de prensa en la que ha presentado el "Mapa de la Hipoteca Urbanística de la Comunitat Valenciana".
Salvador ha lamentado que a la "hipoteca reputacional" de este territorio por casos de corrupción se le sume "la urbanística, con graves consecuencias económicas para las arcas de la Generalitat por la nefasta gestión del PP" al frente de esta administración. Ha precisado que los planes se han anulado "por aprobarse sin el preceptivo informe de la confederación hidrográfica correspondiente o obviando los preceptivos informes de evaluación ambiental".
La consellera ha resaltado que "los 316 millones de euros cuantificados" hasta el momento y que "los tribunales tienen sobre la mesa irán en aumento a medida que éstos se vayan pronunciando respecto a otras causas". Entre los planes anulados están el Plan Rabasa de Alicante, los PGOU de Castellón y Dénia (Alicante), el PAI Mas de Portxinos en Riba-roja (Valencia) y la ZAL de Valencia.
