El Consell dará entrada a socios privados en Feria Valencia, pero se reservará el control de la gestión

VALÈNCIA. El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha anunciado este viernes que el Consell dará entrada a inversores privados en el capital de la empresa mixta que gestionará Feria Valencia, pero no ha precisado en qué porcentaje porque, según ha dicho, es un asunto aún por definir. No obstante, Climent sí ha asegurado que el Consell tendrá el "control" de la sociedad gestora y ha avanzado que su departamento está "estudiando" la incorporación al capital de los sectores locales tradicionalmente vinculados al recinto. El objetivo, ha precisado, es que la suma de la participación del Consell y la de las "empresas valencianas" sea mayor que la de los potenciales socios tecnológicos.

Climent se ha pronunciado en estos términos tras el pleno en el que el Consell ha sido informado del protocolo de intenciones consensuado con el Ayuntamiento de Valenciana y Feria Muestrario Internacional de Valencia para la reestructuración de la entidad ferial. El contenido de este protocolo ha sido motivo de disputa entre la Conselleria de Hacienda y la de Economía por sus discrepancias sobre si la empresa que gestionará Feria Valencia ha de ser de mayoría pública o privada.

No obstante, Climent ha precisado que además de los porcentajes de reparto entre socios también está pendiente la firma del protocolo de intenciones por parte de todas las partes implicadas: Generalitat, Ayuntamiento –que ha pospuesto la aprobación del protocolo– y el patronato de Feria Valencia. "No podemos hablar de porcentajes porque no los tenemos cerrados, pero un porcentaje importante de empresas valenciana ha de estar en feria y decidiendo", ha explicado Climent.

El conseller de Economía ha explicado que uno de los primeros pasos será la asunción de la deuda de Feria Valencia por parte de la Generalitat, para lo cual Hacienda aprobará un decreto ley de Asunción de la deuda que deberá ser convalidado posteriormente por las Corts.

"El decreto ley en modo alguno supondrá añadir nuevas obligaciones financieras a las ya comprometidas por los anteriores gobiernos, lo que supone que la Generalitat no tendrá que destinar recursos adicionales", ha especificado el Consell en un comunicado.

El conseller de Economía ha justificado la necesidad de retener el control de la institución ferial en manos de la Generalitat por cuestiones como la de la deuda. "El control de la feria lo tiene que tener el Consell, porque no nos puede pasar como ahora con la deuda", ha justificado.

El protocolo de intenciones, que será rubricado formalmente en un acto que tendrá lugar una vez el Ayuntamiento de Valencia y Feria Valencia lo ratifiquen en sus órganos respectivos, fija los compromisos asumidos por todas las partes y las etapas del proceso, especifica la Generalitat.

Ademas del decreto de Hacienda para la asunción de la deuda, comporta la aprobación por el pleno del Consell, a propuesta de la Conselleria de Economía de un nuevo decreto de Ferias que equiparará la actividad ferial a un servicio de interés general autonómico, atribuyendo a la Generalitat la posibilidad de promover la celebración de ferias comerciales "de forma directa o indirecta".

Feria Muestrario renuncia a cualquier indemnización

El protocolo de intenciones también establece que el Ayuntamiento de València rescatará la concesión actual "sin que ello suponga indemnización para la actual institución ferial" que, en virtud de este acuerdo, renunciará a cualquier derecho indemnizatorio. 

Acto seguido, el Ayuntamiento cederá la gestión de la infraestructura a la Generalitat mediante una concesión demanial de forma gratuita por espacio de 75 años, el máximo legal permitido, "a cambio de que el Gobierno valenciano se comprometa a conservar la infraestructura en perfecto estado de funcionamiento". 

Como resultado del proceso, la Generalitat gestionará la actividad ferial desarrollada en la infraestructura mediante una sociedad, en régimen de colaboración público-privada, y de la mano de uno o varios socios tecnológicos escogidos mediante un proceso de diálogo competitivo con especialistas del sector.  "En el momento actual no corresponde especificar los aspectos de detalle del proceso que, en esta fase, debe ser lo suficientemente abierto como para atraer a los mejores gestores", especifica el Consell. 

La cesión de la actividad al operador resultante del proceso desencadenará la disolución del actual Patronato de Feria Valencia, que se compromete "a continuar desarrollando la gestión del recinto durante el periodo transitorio, así como a garantizar que el rescate de la concesión actual de la entidad ferial no genere derechos indemnizatorios".

El documento determina también que se constituirá una comisión de seguimiento que velará por la ejecución del protocolo y que estará integrada por dos representantes de la Generalitat, uno por cada una de las conselleries afectadas; dos representantes del Ayuntamiento de Valencia; y otros dos representantes de Feria Valencia. De este modo, las partes verificarán la adecuada ejecución de los compromisos del protocolo desde un órgano donde todas las entidades estarán representadas.

La Generalitat ha recordado que el proyecto de ampliación de Feria Valencia, avalado por la administración autonómica durante la etapa del PP en el Consell, supuso un endeudamiento de 587 millones de euros que, sumados a la carga financiera estimada para los más de 20 años de vigencia de la operación, alcanza un total de 1.025 millones de euros.

Hasta el momento la Generalitat se ha podido reembolsar en torno a 100 millones de euros de principal y 270 millones de intereses. El importe todavía pendiente, comprometido por el anterior Gobierno de la Generalitat, supera la cifra de 650 millones de euros que se desembolsarán en un horizonte que concluye en 2029.

El Gobierno valenciano ha remarcado que en la actualidad Feria Valencia "lucha por sobrevivir a una etapa marcada por una gestión nefasta que la ha situado al borde de la desaparición". Entre 2008 y 2015, la entidad destruyó Ebitda por valor de 55,8 millones de euros, aprobó dos expedientes de regulación de empleo que afectaron a 192 trabajadores, y el número de visitantes disminuyó en más de 600.000 personas, un 50% del total.