Foto: KIKE TABERNERVALENCIA (EP). El Gobierno valenciano ha exigido al Ejecutivo central la implantación de una "nueva legitimidad" en la Constitución española que reconozca su potestad de "conservar, modificar y adaptar" el derecho civil valenciano, ante el "agravio" que considera que ha realizado el Tribunal Constitucional (TC) a la Comunitat al anular la ley de régimen económico matrimonial y estimar parcialmente el recurso contra la de uniones de hecho. Para ello, ha advertido de que empleará "todas las herramientas jurídicas" a su alcance.
Así lo han reivindicado este miércoles el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat, Ximo Puig y Mónica Oltra, en el acto formal de conmemoración del 309 aniversario del Decreto de Nueva Planta por el que quedaron abolidos los fueros del Reino de Valencia tras la batalla de Almansa, una fecha "simbólica" con la que el Consell ha querido reiterar su postura en defensa del derecho histórico valenciano.
Han mostrado su apoyo a esta petición en el Salón de Cortes del Palau de la Generalitat todos los consellers del Gobierno autonómico junto a representantes de otros grupos políticos, sindicatos, patronales y portavoces de la sociedad civil. FOTOGALERÍA
En la actualidad, en la competencia de la Comunitat para el desarrollo del derecho foral propio solo queda pendiente la ley de relaciones familiares de los hijos cuyos progenitores no conviven, después de que el TC "tumbara" el régimen económico matrimonial y la de uniones de hecho -esta última parcialmente- al entender que ambas normas invadían competencias estatales, tras ser recurridas por el Gobierno (dos por el de Zapatero y una por el de Rajoy).
Ante esta situación y en un día que refleja "la imagen de la venganza", el president ha insistido en que los fueros "son fundamentales para entender la historia del pueblo valenciano" y que "aunque hayan pasado más de 300 años, aún resuenan las terribles palabras del Decreto de Nueva Planta" que los abolió.
El Consell, con los miembros de la Comisión de Codificación. Foto: KIKE TABERNERPuig ha recordado que, con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, la Comunitat "asumió el pleno derecho" de aplicación del derecho foral, y que lo hizo "legítimamente" y de forma "reconocida por el Gobierno". Por tanto, si bien ha subrayado que el Consell acata la decisión del TC, cree que no la puede "compartir" porque "no tiene en cuenta la discriminación de la financiación" a la Comunitat.
Además, ha remarcado que no se trata de "un hecho aislado en la España actual" y que "responde a un país más centralista y que deja de ser plural para adoptar una unidad impuesta", así como que el no reconocimiento del derecho civil "va incluso contra la legislación europea".
"Se equipara el interés general con el de la Administración central", ha denunciado el jefe de la Generalitat, que lo ve como "una nueva erosión de los derechos valencianos". Al respecto, ha reconocido que el Consell "puede que sea romántico pero, sobre todo, es beligerante para dejar claro que el Estado no es solo el Gobierno central".
Frentes a esta concepción "pobre" que considera que realiza el TC sobre el derecho foral, Ximo Puig ha abogado por una "España abierta que reconozca la pluralidad de la Comunitat" y no "como si nuestro patrimonio histórico y cultural fuera accesorio y prescindible", todo ello "en un país federal, inclusivo y del siglo XXI". "Todo eso se puede perder en un momento de desgracia" , ha advertido.
Por este motivo, ha insistido en que los valencianos no deben "ser más que nadie pero tampoco menos" y que tienen "el deber de no olvidar fácilmente". Ha apostillado: "Solo así saldremos victoriosos".
En la misma línea, la vicepresidenta ha calificado de "incomprensible" que la jurisdicción estatal "prive de libertades con severidad gratuita que aplica siempre a los mismos" y ha avanzado que el Consell, "consciente del malestar de la sociedad civil, manifiesta su compromiso de alcanzar la mejor manera de repararlo"
"El derecho histórico no es un fósil del pasado: es la historia de nuestro pueblo y merece ser conservado", ha manifestado, para reiterar su reclamación de "reparar una anomalía jurídica y un derecho natural que refleja la cohesión de los valencianos".
Foto: KIKE TABERNERMónica Oltra entiende que "hay razones históricas para ello" y que, en consecuencia, el Gobierno autonómico "utilizará todas las herramientas jurídicas a su alcance", con el objetivo final de conseguir la reforma del artículo 149 de la Carta Magna que rige las competencias de las comunidades autonómicas.
Por su parte, el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha remarcado que esta reclamación "no se puede tomar como una reminiscencia del pasado" y que debe de adaptarse al contexto histórico para finalmente "superar una situación grave e irracional" que "no es solo una cuestión técnica".
Ha aportado el punto de vista jurídico el coordinador de la Comisión de Codificación Civil Valenciana, Vicent Domínguez, que ha subrayado que la Comunitat es un "caso singular" y una "excepción" frente el resto de pueblos que han conservado su derecho civil, con lo que entiende que los valencianos "perdieron en una conquista absolutista -con la abolición de Felipe V- lo que más identifica a un pueblo junto a la lengua".
El Partido Popular decidió no acudir a la conmemoración después de que por la mañana en las Corts se frustrara la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) de Compromís relativa a este asunto que el Grupo Popular iba a respaldar. Los grupos Socialista, Ciudadanos y Podemos anunciaron su rechazo por distintos motivos.
Quien sí acudió al acto fue el exconseller y ex delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano. El motivo es que durante su etapa de conseller de Gobernación en el Consell de Camps fue uno de los impulsores de la recuperación del derecho civil valenciano.
El exconseller Serafín Castellano. Foto: KIKE TABERNER
