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en total, los fondos públicos comprometidos con esta sociedad rondan los 400 millones

El Consell repetirá la 'solución Feria' y legislará para perdonarle 100 millones a la SGR

17/10/2016 - 

VALENCIA. El nuevo plan de viabilidad de la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR), basado en la amortización anticipada del 80% de toda su deuda actual y la refinanciación de los 94 millones restantes, exigirá la aprobación un decreto mediante el cual la Generalitat renunciará a reclamar a la sociedad avalista la devolución de 100,8 millones de euros.

Según explicó esta semana en Les Corts el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, el Consell sacará adelante próximamente un decreto en el que, por un lado, se autoriza el pago a la sociedad avalista de esa cantidad y, al mismo tiempo, la Generalitat renuncia a sus derechos para reclamar el dinero de vuelta.

Esta solución, impulsada a instancias de la Intervención de la Generalitat, se adopta por razones de "interés general", según explicó el propio Illueca en la presentación del nuevo plan de viabilidad de la SGR. A su juicio, de no renunciar a esos derechos, la sociedad avalista se vería abocada a la liquidación y el coste para las arcas públicas se multiplicaría, ya que rondaría los 700 millones de euros.

Se trata de la una salida similar a la que ya se tuvo que adoptar para sacar adelante el plan de saneamiento de Feria Valencia. El primer paso de ese plan es precisamente un decreto ley de asunción de deuda cuya tramitación ultima la Conselleria de Hacienda. El objetivo del mismo será despejar las dudas jurídicas que planteaban las operaciones de financiación de la ampliación de Feria Valencia y que, a juicio de la Intervención, obligaban a la Generalitat a exigirle a Feria Valencia la devolución de casi 600 millones de euros.

Feria Valencia y la SGR son, en palabras del experto financiero de la Generalitat, dos de las principales "minas" heredadas del anterior Consell y los planes de viabilidad aprobados para tratar de sacarlas adelante ya han obligado a comprometer en conjunto cerca de mil millones de dinero público. 

La situación que esclarece el decreto que Hacienda sacará ahora adelante para eximir a la SGR de devolver a las arcas públicas 100,8 millones de euros tiene su origen en un contrato de reafianzamiento (avales sobre avales) firmado con el IVF a principios del año 2000 y prorrogable año a año por el cual el ente público se comprometía a cubrir el 40% de las operaciones fallidas. La Generalitat se subrogó en 2009 la titularidad de ese contrato de reafianzamiento, que fue definitivamente cancelado en 2013.

De los fallidos cubiertos por ese contrato, la Generalitat ya ha desembolsado 23,8 millones de euros, 20 de ellos en agosto de 2015. Ahora amortizará anticipadamente el riesgo vivo restante y renunciará por decreto a su reembolso. Los bancos que participaron en el rescate de la SGR en 2013 cobrarán ya sus créditos, una circunstancia que el IVF espera que sirva para que vuelvan a apoyar la actividad de un ente que lleva cuatro años paralizado.

Forensic y exigencia de responsabilidades

Según detalló a este periódico el director general del IVF, cuando la Intervención analizó los fallidos que le presentó la SGR para ejercitar las garantías previstas en el contrato de reaval, detectó defectos de forma en la aprobación de algunas operaciones. Por ejemplo, parte de ellas se sacaron adelante sin que la sociedad tuviera el presupuesto mínimo exigido para conceder esos avales.

La Intervención detectó que algunos avales cubiertos por la Generalitat no cumplían las exigencias

A pesar de ello, en relación a si esa garantía debería considerarse estrictamente un aval o una subvención de la administración a favor de la entidad, la Intervención concluyó que se trataba de avales, por lo que la administración debía pagar a las entidades financieras y reclamar posteriormente a la SGR. "Lo teníamos que pagar sí o sí", resume Illueca para justificar la necesidad de aprobar un decreto que clarificase la situación.

Ahora bien, según volvió a subrayar en su comparecencia del pasado jueves en Les Corts, el director del IVF aseguró que el pago de esos 100,8 millones y la renuncia a los derechos de la Generalitat irá acompañada de depuración de responsabilidades. En ese sentido, anunció que en el propio contrato que la SGR firme con las entidades financiaras para reestructurar la deuda que quedará viva tras este nuevo plan de negocio se incluirá la realización de una auditoría forense de las operaciones realizadas en el pasado. La consultora que lo realizará será elegida por el IVF, pero la minuta la pagará la SGR.

400 millones de dinero público

Tras los sucesivos rescates a los que ha sido sometido esta suerte de banco de pequeños y medianos empresarios, el porcentaje de capital en manos de la Generalitat ha ido aumentando en paralelo a los fondos públicos inyectados hasta situarse en el 44%, según los datos del IVF.

Consejo de la SGR renovado tras el rescate público de 2013, con el exconseller Máximo Buch

Los cerca de 100,8 millones de euros del contrato de reaval -entre el capital ya desembolsado y el que ahora se le perdona a la SGR- son solo una parte de los recursos públicos comprometidos en esta sociedad, que rondan los 400 millones de euros.

La principal partida corresponde a los 200 millones de euros avalados por la Generalitat en 2013 dentro de una macrooperación con cerca de 30 entidades financieras para refinanciar una deuda disparada por la cantidad de avales ejecutados.

Además de perdonarle 100 millones, la Generalitat se queda 780 fincas de la SGR

Tal y como expuso el pasado jueves Illueca en Les Corts, el Consell utilizará 200 millones del FLA para cancelar toda la deuda subordinada bancaria que vencía en 2018, de modo que la Generalitat transforma su aval en deuda con el Estado cuyo coste dependerá de que el Gobierno prorrogue el interés 0% para las comunidades acogidas a este mecanismo de liquidez.

De esos 200 millones, la Generalitat se cobra 26,2 millones en inmuebles, 780 fincas de la SGR que pasarán al balance de una empresa pública -probablemente el Eige- con la expectativa de poder rentabilizarlos en el futuro, ya que su valor contable es de 96 millones.

La factura pública dedicada a la SGR se completa con los primeros 60 millones de euros que se le inyectaron a comienzos de 2012 mediante una ampliación de capital por valor de 45 millones de euros y una aportación 15 millones al fondo de provisiones técnicas.

Una bomba con daños colaterales en el empresariado

Aunque a su llegada al IVF el propio Illueca cuestionó el rescate público a la SGR por parte del anterior Consell al no tratarse de una entidad sistémica, el temor a las consecuencias de una eventual desaparición y los costes de una liquidación no ordenada han actuado de nuevo a favor de mantenerla a flote.

Una de las variables que siempre a jugado a favor de que así fuera es el papel del empresariado local en esta sociedad. Los más de 8.200 socios partícipes con los que cuenta tienen depositados alrededor de 79 millones de euros en el capital de la sociedad.

A estos socios ya se les impuso una pérdida del 20% en sus participaciones como parte del reparto de cargas de la operación de rescate de 2013. A ello se suma que algunos de ellos, los que entraron a formar parte del consejo de la sociedad ese mismo año, tuvieron que asumir una sanción del Banco de España por un quebranto derivado de los anteriores gestores.

José Roca y Rafael Montero

Una de las sanciones más elevadas corresponde a José Roca, que ocupó la presidencia de la SGR durante más de dos décadas antes de verse forzado a dimitir cuando estalló la crisis de la sociedad en 2012. Roca compaginó ese cargo con el de presidente de la patronal de Castellón (CEC) de la que también tuvo que dimitir recientemente tras nada menos que 29 años en el cargo. El motivo: el procesamiento de la organización por un presunto fraude en la gestión de las subvenciones para formación.

Su mano derecha en la patronal, Rafael Montero, también ha sido una de las piezas clave en la gestión de la SGR con Roca como presidente y Juan Manuel García Puchol como director general desde 1981. Montero ha sido procesado la causa del presunto fraude de la CEC, si bien en su caso el juez apunta que, como secretario de la CEC y de Cierval, pudo haber maniobrado para “beneficiarse económicamente" del expediente denunciado.

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