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EL PEOR DE LOS TIEMPOS / OPINIÓN

El déficit público español: pendientes del Semestre Europeo

Retrasar un año el cumplimiento del déficit sería una salida relativamente digna a la actual situación, teniendo en cuenta el escaso margen de maniobra que proporciona el procedimiento de déficit excesivo

1/05/2016 - 

Las cosas ya no son como eran. Por mucho que nos empeñemos, el margen de maniobra de nuestro país dentro de la eurozona es muy escaso. E, independientemente de nuestro calendario interno, el mes de abril resulta ser un momento clave en la gobernanza europea. En los próximo días el Reino de España tiene que presentar nuevamente el Programa de Estabilidad siguiendo el procedimiento recogido en el Semestre Europeo, dentro del actual sistema de gobernanza macroeconómica que se nos aplica.

En 2008 España superó el 3% de déficit público (puesto que alcanzó el 3.4%) y, según lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Consejo nos aplicó el “procedimiento de déficit excesivo” al año siguiente que aún hoy continúa abierto. Inicialmente se acordó cerrarlo, es decir, regresar al 3%, en 2013. Sin embargo, al acabar 2011 con más de un 9% de déficit real, en 2013 se revisó el calendario y se nos concedió una extensión según la cual en 2014 el déficit tendría que haber sido de un 5.5% (la cifra real fue 5.9%), un 4.1% en 2015 (habiéndose llegado, según las últimas cifras, a un 5%) y, finalmente, un 2.7-2.8% en 2016. 

En el cuadro 1 se muestra la información del “Programa de Estabilidad” que los países sujetos a este procedimiento deben presentar cada año, dando cuenta de cómo van a lograr retornar a niveles inferiores al 3% de déficit así como el calendario previsto. Como puede observarse, en cada revisión (en abril de cada año) se producen ligeros ajustes de las previsiones, por lo general admitidos sin demasiados problemas. Desde 2013 se aplica un sistema de gobernanza macroeconómica más estrecha, en especial para los países de la eurozona, a los que se les aplica el conocido como “paquete de dos medidas”. 

No obstante, lo que fueron 4 décimas en 2014 se han convertido en casi un punto de desviación este año, por lo que esta vez ha sido necesario algo más que un ajuste. Para empezar, admitir que en 2016 el déficit no cerrará por debajo del 3% y que España no saldrá cuando estaba previsto del grupo de países en esa situación. En el cuadro 2 se muestra, separados a derecha e izquierda, al grupo de países de la UE sin y con déficit excesivo. Además, en vertical, se indica aquéllos que mantienen otros desequilibrios macroeconómicos. Dentro de la zona euro, España, Eslovenia, Irlanda, Francia y Portugal somos los actualmente sometidos a este procedimiento. También lo estarían, Gran Bretaña y Croacia, mientras que Chipre y Grecia no se valoran en este esquema al haber sido rescatados. No obstante, de todos ellos, Chipre acaba de anunciar su salida del rescate. Por otro lado, Francia y Portugal tienen previsto salir del procedimiento de déficit excesivo en 2017. 

En este contexto, España recibió en marzo lo que puede considerarse un aviso - antes de llegar a una posible sanción- en forma de una recomendación de la Comisión Europea, donde se pide a España que tome acciones correctivas adicionales. Se achaca el incumplimiento del objetivo a la reforma del impuesto sobre la renta, que redujo la recaudación y a la falta de control sobre el déficit de las comunidades autónomas, a  pesar de contar con instrumentos para realizar acciones correctivas. Las previsiones de la Comisión indicarían que en 2016 el déficit de las administraciones públicas españolas sería de un 3.6% frente al 2.8% previsto. Por todo ello, le piden a España que indique en el Programa de Estabilidad que, acompañado por el Plan Nacional de Reformas que tiene que remitirse a finales de abril, qué va a hacer para corregir esta diferencia y cómo va a utilizar el (modificado) artículo 135 de la Constitución (que fue donde se introdujo la Ley de Estabilidad) para corregir el déficit de las administraciones autonómicas. 

Como respuesta, el gobierno español anunció un ajuste fiscal de 2.000 millones (a través de un acuerdo de no disponibilidad de créditos del Estado) a realizar en el presente ejercicio, con el objetivo de retrasar tan sólo un año el cumplimiento de los objetivos. Por otro lado, la Autoridad Fiscal Independiente (denominada AIReF) considera este ajuste insuficiente y propone otros 2.000 millones, que deberían provenir de las comunidades autónomas, para poder limitar el déficit de 2016 al 3.6% del PIB. 

Por su parte, el comisario Moscovici ha ofrecido a España la posibilidad de realizar el ajuste en dos años, para evitar nuevos incumplimientos y la consiguiente pérdida de credibilidad. Sin embargo parece que se va a optar por salir en 2017 del grupo de países con déficit excesivo, de la misma forma que prevén hacerlo Francia y Portugal. De no ser así, España correría el riesgo de ser el único país del euro en permanecer allí y tener como compañero de viaje a Grecia. El posible contagio que podría darse en ese caso y el aumento de la prima de riesgo harían más costosa la carga de nuestra deuda y más complicado el cumplimiento de objetivos. 

Por último, el pasado miércoles se anunciaron los datos de déficit público del primer trimestre de 2016. Éstos son positivos, puesto que el déficit habría bajado un 18% comparado con el mismo período del año pasado. Por tanto, en el Consejo de Ministros del pasado viernes se aprobó ya el contenido del Programa de Estabilidad 2016 y el Plan Nacional de Reformas, que supondría comprometerse con Bruselas en las cifras siguientes: un déficit del Estado del 1.8% del PIB, por parte de la Seguridad Social del 1.1% y del 0.7% en las comunidades autónomas, sumando el 3.6% antes mencionado. 

De lograrse este nuevo objetivo, ello supondría una salida relativamente digna de la situación, sobre todo teniendo en cuenta el escaso margen de maniobra que un país tiene cuando está sometido al procedimiento de déficit excesivo. Sin embargo, el horizonte está lejos de haberse despejado. La incertidumbre y el retraso en la formación de un nuevo gobierno que suponen las nuevas elecciones debilita la capacidad de un ejecutivo en funciones para garantizar que todas las administraciones implicadas cumplan este compromiso. 

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