Barracones en un colegio público, en una imagen de archivo (Foto: EFE/JC CÁRDENAS)La Conselleria se las prometía muy felices para deshacerse de esta oscura empresa pública que generó un enorme agujero en las cuentas de la Administración. Año y medio después de destaparse el desmán, todavía no ha conseguido liquidar la sociedad ni eliminar los barracones
VALENCIA. Corría el año 2011. El entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, anunciaba que durante sus dos legislaturas se habían levantado hasta 400 colegios con una inversión de 1.811 millones de euros. Se reservaba el hecho de que quedaban más de 1.000 por pagar. Mientras tanto, en la empresa pública creada para acometer los proyectos de infraestructuras educativas, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana SA (Ciegsa), los pagos se desviaban de una cuenta a otra, se pagaban sobrecostes y lo que se adjudicaba por 80, se saldaba por 100.
Más allá del desfalco económico, estaba la irresponsabilidad: hasta 116 escuelas e institutos que están parcialmente en módulos provisionales, de las que 52 cuentan con tres o más aulas en barracones y 64 tienen hasta dos aulas en módulos prefabricados.
La llegada de una nueva Administración alentaba la esperanza de acabar con los barracones. Lo primero que hizo el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, fue echarse las manos a la cabeza, para después admitir ante los medios la “extrema gravedad” de la situación y ponerse a trabajar en el desmontaje de la titánica Ciegsa. Nadie dijo que fuera fácil, pero tampoco tan sumamente difícil. A la Generalitat le está costando deshacerse del estigma del despropósito, y aunque presentó un exhaustivo mapa de infraestructuras para librarse de todos los edificios de la vergüenza, aún le quedan numerosas acciones por acometer. Por si fuera poco, ha tenido que proyectar hasta 29 aulas prefabricadas para poder empezar las obras en 17 colegios.
La premisa es “para eliminar los barracones, debemos construir barracones”. En su primer curso, la Conselleria de Marzà ha terminado un total de 6 centros nuevos (3 en Alicante, 2 en Castellón y 1 en Valencia); trabaja en 15 actualmente (7 en Valencia, 4 en Alicante y otros 4 en Castellón) y prevé acometer acciones en 11 (8 en Valencia, 2 en Alicante y 1 en Castellón). Además, ha sacado a licitación un lote de 29 instalaciones prefabricadas para los cuatro próximos cursos que se distribuirán entre 17 centros y a cuya construcción destinará un presupuesto total de 506.105,74 euros.
Conselleria justifica este gesto contradictorio en “las necesidades de escolarización” de un alumnado que no tiene dÓnde recibir clase
¿Por qué? El departamento de Camapanar justifica este gesto contradictorio en “las necesidades de escolarización” de un alumnado que no tiene dónde recibir clase mientras se construyen sus aulas definitivas. Concretamente, señala que instalará estos módulos temporales en el IES Azorín de Petrer, el CEE Sanchis Banús d’Ibi, el CEIP Carraixet d’Almàssera, el CEIP Emilio Lluch de Nàquera y el CEIP Cervantes de Gandia, donde está previsto que las obras finalicen “como máximo” en diciembre de 2017. Además, traza todo un discurso en torno al argumento de la temporalidad: “Esta Generalitat da sentido real a la palabra módulo provisional, ya que se establecen para abastecer la provisionalidad de aulas mientras se construye el centro real, y no como el antiguo Gobierno, que hacía promesas de construir a través de Ciegsa a costa de fondos públicos”, afirman.
La explicación suena extraña, pero tiene tintes de realidad. Marzà dijo que acabaría con los barracones escolares durante esta legislatura, que finaliza a mediados de 2019. Para ello, su departamento presupuestó 482,7 millones y se elaboraron tres listas. En la primera se incluyen 116 centros que requieren intervenciones casi totales (valoradas en más de un millón de euros); en la segunda, 124 centros parcialmente en barracones; y finalmente, 462 necesitados de actuaciones diversas, desde eliminación de amianto a la incorporación de calefacción. El conseller insiste en la pertinencia de este nuevo mapa, en tanto que “responde a las necesidades educativas y no al clientelismo del PP”. Más del 50% de centros levantados con la anterior Administración fueron en municipios del PP.
Cartel de un proyecto de obra a cargo de Ciegsa (Foto: EVA MÁÑEZ)Mientras todo esto sucede, Ciegsa sigue siendo una estructura tambaleante todavía en pie, aunque nadie duda de que sus cimientos están podridos. El informe de intervención, auditoría firmada en enero de 2015, calificó a la entidad de “estafa institucionalizada”. Se revelaron sobrecostes de 1.000 millones “con los que se podrían haber construido hasta 200 centros educativos”. La sociedad perdió 4,4 millones en 2015 y pagó 1,1 en sueldos. “El Gobierno del PP ha utilizado el sector público para crear una Administración educativa paralela, una especie de Conselleria de Educación en B, para privatizar un servicio público esencial”, aseguraba el conseller de Hacienda, Vicent Soler, mientras leía los datos.
De poco sirve lamentar lo que pudo haber sido y no fue; ahora toca trabajar para recomponer la situación. La Generalitat se ha encargado de arrinconar a Ciegsa para la acometida de las nuevas obras de manera deliberada. Así, ha aprobado un reglamento orgánico y funcional para la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, cuyo objetivo principal es reforzar las unidades administrativas con competencias en infraestructuras.
A finales del mes pasado, además, Vicent Marzà nombraba nuevo consejero delegado de Ciegsa a José Villar Rivera. El hasta ahora asesor y consultor, con experiencia en la dirección pública y privada, asumía las riendas de la sociedad por decisión directa del conseller, en lo que se interpretó como un gesto de acción hacia la liquidación. Poner a alguien al frente para que se ocupe de la disolución. Los estatutos de la sociedad permiten la separación entre la figura del presidente (el propio Marzà) y la persona que ostente la gerencia de la sociedad, cuyo papel consistirá en ir vaciando de actividad el barco.
Protesta de las Ampas frente a la Conselleria a principios de este cursoA los padres de los niños que todavía estudian en los barracones le valen de muy poco todas estas explicaciones. La Confederación de Ampas Gonzalo Anaya se manifestaba la semana pasada en las puertas de la Conselleria de Campanar para hacer públicas sus reivindicaciones de cara al inicio de curso, haciendo hincapié en la mejora de infraestructuras. De hecho, entre los presentes se encontraban los miembros del Ampa del centro 103, colegio que ha logrado una malograda popularidad por llevar hasta nueve cursos en módulos 'temporales'. “Y la situación sigue siendo la misma, porque Conselleria ha aprobado el proyecto, pero el Ayuntamiento todavía no ha agilizado la puesta en marcha”, afirmaban.
El dilema de competencias se replica con más frecuencia de la deseada. A falta de resolverlo, el curso escolar arrancaba esta semana, entre alertas por la ola de calor (no todos los centros están preparados) y preocupación por dónde recibirán los alumnos el frío (¿Será en módulos? ¿En aulas?). Queda mucho trabajo por hacer para depurar las fauces del monstruo Ciegsa, que un día amenazó con engullir a todos los estudiantes de los colegios valencianos en pos de sobrecostes y vida alegre. A la Generalitat le tocará ponerse manos a la obra para completar ese mapa de infraestructuras educativas con apariencia de antídoto.
