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delito de cohecho y otro de falsedad

El exalcalde de Montroy acepta un año y diez meses de cárcel por corrupción urbanística

8/01/2018 - 

VALÈNCIA. El juicio contra el exalcalde de Montroi Francisco Javier Carrión ha comenzado esta mañana con la conformidad de todos los acusados salvo las aseguradoras. La pena máxima no supera los dos años y ha sido para Guillermo A. Por su parte, Carrión ha aceptado un año y diez meses de prisión así como una multa.

En cuanto a los notarios y el registrador de la propiedad también deberán abonar una multa de diez meses. El problema ha surgido con el hecho de que las aseguradoras, según el fiscal, son responsables civiles subsidiarias de las indemnizaciones a los propietarios y no están de acuerdo ya que, las mismas, superan los diez millones de euros.

Esta caso comenzó en 2003 cuando el empresario Guillermo Rafael, dueño de la empresa Moramin compró una serie de terrenos para edificar viviendas unifamiliares. Otra empresa, Zodiac Villas, se encargó de buscar los posibles compradores, la mayoría de ellos personas extranjeras. Pero la realidad es que todo fue una estafa porque, como explica el fiscal Vicente Torres en su escrito de calificación, dicha urbanización «carecía de permisos y licencias, no intervinieron ni arquitectos ni aparejadores en su construcción y asumieron falsamente el compromiso de costear los gastos de urbanización».

De hecho, la estafa llegó a tal punto, que ni tan siquiera se llegaron a construir todas las unifamiliares en la urbanización Las Palomas y en otros puntos cercanos, y las que sí se terminaron no tienen sistema eléctrico, ni aceras ni ninguna de las infraestructuras necesarias para que una urbanización sea legal. Las construcciones ilegales se realizaron en los parajes de L’Hospitales, Canya Palomo, Les Valletes, Canya Murta, Pla Galán, Altos de la Canyada y el paraje de Los Corrales.

Los terrenos donde se construyó eran unos terrenos para la construcción de explotaciones agrarias, pero en ningún caso para viviendas. Hay cerca de 100 personas afectadas que han denunciado el caso y que solicitan indemnizaciones que, en algunos casos, superan los 200.000 euros por la compra de hasta 114 viviendas ilegales.

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