Manifiesto empresarial para exigir a Ximo Puig que frene el plan de envases retornables

VALENCIA. El plan de envases retornables que prepara la Conselleria de Medio Ambiente ha suscitado el rechazo unánime de todos los sectores implicados su gestión, desde los fabricantes y la industria envasadora hasta la hostelería pasando por los diferentes formatos de distribución y el comercio. El proyecto, que busca incrementar la tasa de reciclado con un gravamen que el consumidor recuperaría al devolver el envase, ha puesto en pie de guerra a las principales organizaciones empresariales de la Comunitat, con la autonómica Cierval a la cabeza, para exigir al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que interceda con el objetivo de frenar su implantación, prevista para 2018.

La postura contraria de Cierval, la Asociación de Supermercados Asucova -Mercadona, Consum, MasyMas, Dialprix-, la asociación de grandes empresas Anged -El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski-, la confederación de empresarios del comercio de la Comunitat Cecoval y otras seis grandes organizaciones sectoriales quedó recogida en un manifiesto empresarial que hicieron llegar al jefe del Consell a finales de julio. En el mismo tienden la mano a colaborar con el Consell para mejorar la gestión de los residuos, pero se oponen frontalmente a que sea mediante el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). 

En el documento, las organizaciones empresariales del sector de la fabricación, el envasado, distribución y venta de refrescos, zumos aguas y cervezas detallan los problemas que, a su juicio, ocasionará un sistema cuya viabilidad cuestionan. Los inconvenientes de los que alertan son de diversa índole, desde económicos a sanitarios. "En la actual coyuntura de incipiente recuperación económica, las empresas están en un momento estratégico donde no se puede improvisar con medidas que condicionan su competitividad sin garantías de obtener unos resultados medioambientales eficientes", advierten los firmantes al presidente de la Generalitat.

El manifiesto plasma la postura que los empresarios ya trasladaron a Ximo Puig durante una reunión con el comité ejecutivo de la patronal de la provincia de Valencia (CEV). En la misma, el presidente de la Generalitat recogió las opiniones de los sectores afectados por la medida y se comprometió a trasladarlas a la Conselleria de Medio Ambiente que encabeza Elena Cebrián (Compromís). Pocos días después recibió el manifiesto firmado por todos los responsables empresariales implicados.

La premisa de la que parten es que, antes embarcarse en un sistema del que no les han trasladado una propuesta "clara, concreta y concisa" acompañada de un estudio "imparcial y riguroso" que avale su efectividad, lo razonable sería mejorar el sistema actual. Además, en el manifiesto afean al Consell que no se haya consultado a las empresas sobre los costes directos e indirectos, tangibles e intangibles, que tendrán que soportar para poder evaluar la viabilidad económica y medioambiental del SDDR.

El rechazo no frena a Medio Ambiente 

La consellera está decidida a seguir adelante con el proyecto pese a la fuerte contestación cosechada en el colectivo empresarial, desde el pequeño comercio a las grandes superficies, la Federación Agroalimentaria de la Comunitat (Fedacova) o los 34.000 locales de hostelería representados por la confederación autonómica de este sector, Conhostur, cuyo presidente también firma el manifiesto.

La propia Cebrián, y sobre todo el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, han podido constatar en primera persona las inquietudes que genera el proyecto en la ronda de contactos empresariales que han mantenido en los últimos meses para exponer el plan.

El proyecto consiste en sacar del circuito actual, el de los contenedores amarillos, verdes, azules y los iglúes que gestiona Ecoembes -con la que Medio Ambiente también mantiene un agrio enfrentamiento-, aproximadamente una quinta parte de los envases. Concretamente los de agua, zumo, cerveza y refrescos en formatos de vidrio, pet (plástico), latas y tetrabrik de cuya recogida, tratamiento y depósito pasarían a encargarse los comerciantes y hosteleros.

El consumidor pagará 10 céntimos más por cada envase que recuperará en el momento de la devolución del mismo, mientras que el comercio obtiene dos céntimos con la gestión. Según la Conselleria, el pequeño comercio manejará alrededor de 35 millones cada año con la implantación de este sistema.

En la actualidad, los residuos se tratan mediante el SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada), gestionado por Ecoembes y Ecovidrio, también conocido por el punto verde que con el que los fabricantes identifican sus envases.

El sistema se financia al 70% con las aportaciones de las empresas envasadoras y el 30% restante procede de la venta del material a las plantas de reciclado. La llegada del SDDR supondría sacar de ese circuito el 20% del volumen total de envases que se generan, por lo que los dos sistemas tendrían que coexistir.

Unidad de mercado

En este punto se centra uno de los reproches de los empresarios. Según argumentan, tal y como se les ha planteado, el proyecto puede vulnerar la legislación básica estatal en materia de envases, ya que al ser un sistema que solo se implantaría en la Comunitat se rompería la unidad de mercado y se podrían crear desventajas competitivas entre empresas.

Para los fabricantes, el principal problema será el tener que identificar de forma diferenciada los envases vendidos en la Comunitat y sometidos al SDDR del resto. Los costes de producción aumentarían por la complicación de la logística y la distribución, la doble etiqueta o la posible ecotasa. Este incremento, adicional al de los 10 céntimos de la gestión del envase, puede reducir el consumo al encarecer estos productos.

En el caso de los hipermercados, supermercados, comercios y locales de hostelería los inconvenientes son los costes añadidos por tener que destinar espacio al almacenamiento a costa de reducir superficie de venta o la necesidad de destinar personal específico a la gestión de los envases. A ello se sumaría la necesidad de modificar el sistema de gestión de caja por el gravamen aplicado en concepto de gestión. Los problemas se agravan en el caso de los supermercados de barrio o los bares y cafeterías con escasa superficie.

Al margen de los firmantes de este manifiesto dirigido al presidente de la Generalitat, la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc o la Cámara de Comercio de Valencia ya trasladaron a los responsables de Medio Ambiente su oposición. La segunda incluso lo considera contrario a la ley por introducir la doble imposición, por lo que presentará alegaciones.

Representación unánime

Los firmantes del documento son los presidentes de la patronal autonómica Cierval y de las organizaciones empresariales de Valencia (CEV) y Alicante (Coepa), además del secretario general de la patronal de Castellón (CEC); el presidente de la Federación de Agroalimentación (Fedacova) y el presidente de la Asociación Empresarial de Bebidas Refrescantes Analcohólicas, Envasadores y Distribuidores de Aguas para Consumo Humano de la Comunitat.

Por el lado del comercio y la distribución, suscriben el manifiesto los presidentes de la Asociación de Supermercados de la Comunitat (Asucova), el delegado de la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y la presidenta de la Confederación de Empresarios del Comercio (Cecoval).

Por parte de la hostelería, suscribe el manifiesto el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat (Conhostur).

Al margen de las asociaciones firmantes, el documento cuenta con las adhesiones de los presidentes de la Asociación Química de la Comunitat (Quimacova); de la patronal de la construcción Fevec; y del presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces).