VALENCIA, (EP). El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Gandia (Valencia) ha remitido a Fiscalía Anticorrupción un dossier sobre el canon del agua y alcantarillado firmado hace dos legislaturas cuando gobernaba el socialista José Manuel Orengo. Según afirman desde el PP, han dado cuenta a la Fiscalía tras reiteradas peticiones de información al consistorio sin recibir contestación.
Entre los documentados aportados a la Fiscalía, figura por ejemplo los ingresos que percibió el Ayuntamiento de Gandia en los últimos tres años de mandato de José Manuel Orengo, unos 400 millones de euros; los proveedores que aún así quedaron pendientes de pagar, unos 63 millones de euros; o las cuatro solicitudes que el PP ha presentado para que la alcaldesa actual, Diana Morant, autorice al Técnico del Departamento y al Interventor para que informen en qué gastaron el dinero del canon (55 millones de euros en el caso del canon del agua y 12 en el caso del alcantarillado).
Los populares reclamaban al actual Gobierno local informes sobre cuánto dinero se había gastado el consistorio del canon del agua potable en la ejecución de obras de mejora de la red, ante las sospechas de que no se hubiera realizado ninguna actuación en este sentido, y que este canon fuera en realidad un préstamo encubierto de Aguas de Valencia al gobierno socialista de José Manuel Orengo.
El coportavoz popular, Vicent Gregori, recuerda además que está pendiente el pago de la indemnización que estableció en junio de 2015 el juzgado de la Contencioso-Administrativo Número 6 de Valencia, que asciende a 90 millones de euros, y que debería resarcir a las empresas afectadas por el proceso legal que se abrió entre Aguas de Valencia y de Barcelona al respecto de este canon.
Por su parte, el asesor popular Javier Reig, recuerda que la ciudadanía sigue a día de hoy pagando una tarifa transitoria por el consumo de agua potable, que debería estar ya liquidada si realmente se hubieran acometido las obras de mejora en la red de suministro.
"Si no se hubiese dilapidado los 55 millones de euros del canon del agua y los 12 millones de euros del canon del alcantarillado no hubiese sido necesario recargar en el recibo que pagan los ciudadanos los dos millones euros y medios que se han invertido en las potabilizadoras para tratar los plaguicidas en el agua potable", ha dicho.
Por su parte, el gobierno de Gandia ha lamentado en un comunicado "el intento del PP de engañar la ciudadanía presentando a la Fiscalía una petición de información sobre el destino del canon del agua". El coordinador general de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, ha manifestado que "el PP no puede pedir informes políticos a un funcionario".
"Son perfectamente conscientes de que el Interventor sólo puede elaborar este tipo de documentos cuando son temas que se abordan en el plenario o cuando el contrato ha sufrido alguna modificación", ha dicho, y ha añadido que han estado "cuatro años el gobierno, con toda la información a su disposición y nunca hicieron nada".
A su juicio, "quizás nunca lo hicieron porque son conscientes de que todo es correcto. Ahora asediados por las causas judiciales y las imputaciones, van a la Fiscalía para intentar desviar la atención".
