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La conselleria de sanidad no puede asumir sin más al personal

El problema en la UHD del Hospital General marca un precedente para la reversión en Alzira

9/08/2016 - 

VALENCIA. El conflicto que ha surgido en el Hospital General de Valencia a raíz de la desprivatización de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD) el pasado 1 de agosto supone un aviso para la Conselleria de Sanidad, que dentro de año y medio se puede encontrar en el Hospital de la Ribera con un problema similar, aunque numéricamente más importante: Casi 2.000 empleados, frente a los 16 de la UHD.

Como publicó Valencia Plaza este lunes, la internalización del servicio de la UHD del Hospital General de Valencia, que hasta el pasado 31 de julio se subcontrataba con una empresa privada y que ahora se realiza con medios propios, va a suponer un ahorro para el centro pero también ha provocado un conflicto laboral que puede acabar en los tribunales. 

El motivo: el mantenimiento del personal que prestaba ese servicio, al haberse subrogado el Consorcio que dirige el hospital en la relación laboral que la empresa con tenía esos 16 empleados. Problema porque, al mismo tiempo, ha convertido esas plazas en estatutarias con fecha 1 de agosto, momento a partir del cual, según la normativa de contratación, el personal que las ocupe de forma interina hasta que se convoque el concurso-oposición debe seleccionarse de las bolsas de trabajo del hospital. 

El conflicto en Alzira, igual que en el General, se puede producir por dos derechos contrapuestos: por un lado, los trabajadores de Ribera Salud que actualmente prestan servicio en el Área de Salud de La Ribera tiene derecho a que la Conselleria se subrogue en sus derechos laborales cuando venza la concesión y el servicio revierta a la sanidad pública. Así lo establece el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Pasarán a cobrar de la Conselleria y su relación será de laborales indefinidos.

Foto: MARGA FERRER

Sin embargo, cuando esos puestos de trabajo se conviertan en públicos, la Conselleria de Sanidad Universal tiene obligación de convocar un concurso-oposición para adjudicarlos a quienes demuestren mejores méritos y capacidad. Esto significa que cualquier aspirante podría ganar la plaza y en cada, caso, el actual ocupante de la plaza debería ser despedido.

A esto se añade un tercer escenario, que es el que se ha dado en el Hospital General de Valencia. Antes de sacar la plaza a concurso o al mismo tiempo, Sanidad deberá transformar ese puesto laboral indefinido en estatutario. Y esa plaza estatutaria vacante estará ocupada en régimen de interinidad hasta que se adjudique, interinidad que por norma hay que cubrir mediante las bolsas de trabajo que tiene la Conselleria.

Desde el departamento que dirige Carmen Montón son muy conscientes del problema y aseguran que lo están estudiando con la Abogacía de la Generalitat. "La fórmula será la que resulte del proceso de negociación y corresponda según la forma jurídica que se deba aplicar", es su escueto y nada aclarador mensaje al respecto.

Diferencias sindicales

La defensa de los trabajadores por parte de los sindicatos del Hospital de la Ribera ha provocado algunas diferencia con las organizaciones sindicales a nivel regional. Aunque hace meses los trabajadores aspiraban a consolidar su plaza en la sanidad pública y posteriormente pasar a ser estatutarios sin más, muchos ya son conscientes de que legalmente no es posible.

"Decir 'todos estatutarios' es demagogia, los ha contratado una empresa privada y las decisiones de una empresa particular no las tiene que asumir la Administración", afirma en declaraciones a Valencia Plaza el secretario general de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras PV, Arturo León

"En el hospital ya saben perfectamente lo que dicen la ley. Los representantes de los trabajadores de La Ribera van a defender a sus trabajadores y nosotros, como sindicato, tenemos que defender los derechos de todos los trabajadores, incluido el personal estatutario que hasta ahora no ha podido ir a Alzira a pesar de ser un hospital público". 

León cree que "habrá que buscar un término medio" y reconoce que "es un proceso muy complejo sobre el que no hay una doctrina jurisprudencial clara". En su opinión, "la vía más evidente es dejar a los trabajadores como están y que luego pasen las plazas a personal estatutario y salgan a concurso".

De los casi 2.000 trabajadores del Área de Salud de La Ribera, unos 250 son estatutarios que ya ocupaban esas plazas antes de privatizarse la gestión. La incertidumbre afecta al resto. Según el contrato, en marzo de 2017, un año antes del fin de la concesión, la Conselleria debe disponer "las normas encaminadas a la recepción del hospital y equipamiento sanitario y del personal que corresponda". 

Ribera Salud contempla la situación con preocupación por el futuro de la plantilla pero ajena al problema, ya que es la Conselleria la que debe lidiar con él. La empresa que dirige Alberto de Rosa firmó el pasado 18 de julio el convenio colectivo 2015-2018 que se extiende más allá del fin de la concesión, que se producirá en marzo de 2018.

En estas condiciones fijadas en el convenio se subrogará la Conselleria, que pasará a ser la empleadora y pagadora de la plantilla. La incógnita es cuanto tiempo podrá y querrá el departamento que dirige Montón prolongar esta situación de laborales indefinidos no estatutarios. 

Indemnizaciones por despido

Otro problema no menor que se puede encontrar la Generalitat es el de las indemnizaciones por despido de aquellos trabajadores que pierdan su puesto cuando salgan las plazas a concurso-oposición. 

Al ser personal indefinido, en muchos casos con más de 15 años de antigüedad en la empresa, y al haberse subrogado la Conselleria de Sanidad en todos los derechos y obligaciones con la plantilla, sería la Administración la que tendría que afrontar ese pago millonario. 

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