Pleno de la Diputación de Valencia celebrado en enero. Foto: DIVALEl pleno de la corporación se suspende hasta el próximo sábado entre críticas de la oposición y de algunos sindicatos; la RPT aumenta en 7 los puestos a dedo
VALÈNCIA. La Diputación de Valencia que dirige Vicente Mompó (PP) ha comenzado a abordar un espinoso tema dentro de la corporación: el cambio de la estructura de personal de la corporación provincial. Lo que se llama la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que quiere aprobar el equipo de gobierno conformado por los populares y Ens Uneix tiene, en realidad, mucha mayor trascendencia que este título. Se trata de la reorganización funcionarial. Y en un lugar como la Diputación tiene su aquel porque siempre va asociado a polémica debido a que las críticas cruzadas aparecen de manera constante por el reparto de puestos en base a influencias y cuotas de poder de cargos, sindicatos y partidos.
El PP le quiere dar normalidad al asunto. Fuentes de la corporación remarcan que es algo que se ha hecho en multitud de ocasiones –en la anterior legislatura ya hubo modificaciones de la RPT–. Pero la posibilidad de la designación directa de funcionarios en puestos superiores provoca que los juegos de intereses siempre surjan y, dependiendo de a quién se pregunte y en qué momento, se denuncian a derecha e izquierda y a este sindicato o al otro. Máxime cuando acaba de cambiar el color del Gobierno.
El meollo del asunto en la modificación de la RPT que ahora se plantea es que afecta a 250 puestos de los mil que existen (es decir, al 25% de la plantilla); crea un total de 31 jefaturas; abre puestos a otras administraciones; tiene un coste adicional en gastos de personal de 3,6 millones de euros según la Intervención; y cuenta con reparos del secretario de la Diputación (quien, en cualquier caso, no ve impedimentos legales para su aprobación).
En el informe al que ha tenido acceso este periódico, el secretario evidencia su preocupación por la elección del sistema de provisión de los puestos y hace hincapié en que las modificaciones de RPT que se planteen "deben estar motivadas para no ser arbitrarias". La designación del funcionario que los vaya a desempeñar, advierte, "se hará exclusivamente por motivos de idoneidad profesional, con total independencia del puesto del cargo político que corresponda".
Así, cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para remarcar que, por su naturaleza, "los funcionarios de carrera no deben realizar funciones de confianza personal para la autoridad que puedan menoscabar su neutralidad, imparcialidad u objetividad". Deben quedar, prosigue, "al margen de cualquier función que pueda conllevar la defensa de intereses de partidos políticos, corporativos, clientelares o cualesquiera otros".
El secretario de la Diputación incide en que los funcionarios de carrera que dependen orgánica y funcionalmente del presidente o diputado con delegación o, siguiendo la línea jerárquica, de otro funcionario de carrera, "no pueden ser nombrados por afinidad ideológica, ni por razón de confianza personal". "Como el resto de los funcionarios, en el desempeño de sus funciones actuarán en todo momento con plena sujeción a los principios que rigen la función pública", dice.
El sistema normal de provisión de los puestos es el concurso de méritos, recuerda. A lo que añade que la libre designación (es decir, la elección a dedo) es un "procedimiento excepcional que se puede utilizar para cubrir determinados puestos que posean las características señaladas por las leyes (especial responsabilidad y confianza)". "Ambos procedimientos de provisión de puestos de trabajo estarán basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y deben estar previstos, para cada puesto, en la relación de puestos de trabajo de cada Administración Pública. En la Diputación de Valencia son 63 los puestos que se pueden proveer por este procedimiento y aumentan en 7 más en esta modificación de RPT", avisa.
La RPT, remarca, debe determinar "cuáles son los puestos de funcionarios de carrera que por su carácter directivo o especial responsabilidad, o por desempeñar funciones que requieren de confianza, su cobertura puede efectuarse mediante el procedimiento de libre designación". Pero para distinguir estos puestos de los de personal eventual, el secretario considera preciso "distinguir la confianza personal de la confianza profesional". Esta última, si se justifica como necesaria para el desempeño del puesto de trabajo, "sí habilitará para determinar en la RPT su provisión por libre designación".
El informe señala que la jurisprudencia exige en todo caso "justificar cuáles son las funciones que demuestren el carácter directivo o la especial responsabilidad o confianza que ampararían excepcionar el sistema de concurso de méritos a favor del sistema de libre designación, sin que esa especial responsabilidad o el carácter directivo se demuestren formalmente según el nivel o el cargo de los puestos (para el caso de las Jefaturas de Servicio, por ejemplo").
Otro punto que el secretario de la Diputación encuentra como evidentemente mejorable es el relacionado con los Centros de la RPT y los Servicios (la estructura administrativa de la Diputación). La Relación de Puestos de Trabajo debe contener todos aquellos reservados a los tres tipos de personal: funcionarios, laborales y eventuales. Los puestos deben agruparse en función de sus características y esta agrupación debe cumplir unos requisitos y unos propósitos para ordenar la selección, la formación y la movilidad funcionarial.
Pero para el secretario de la corporación la propuesta de modificación de la RPT "no tiene en cuenta la finalidad de los Centros en la organización de la Diputación" porque "se fija más en la asignación de las delegaciones del Presidente entre los diputados y diputadas del equipo de gobierno". Lo que, en su opinión, "siendo importante, tiene carácter coyuntural". "Es la organización política y no la actividad administrativa la que motiva los cambios en los Centros de la RPT", resume.
Pero en su opinión, "la proliferación, desde hace unos años, de nuevos departamentos de distinto nivel con sus respectivas jefaturas, hace crecer la burocracia y que el número de interlocutores para llevar adelante cualquier cambio o reforma administrativa sea cada vez mayor".
Nada objeta, eso sí, a las amortizaciones de los puestos que figuran en la propuesta ni al mantenimiento de los existentes, vacantes o provistos. Sobre sus funciones, entiende que tampoco se atribuyen funciones impropias de los funcionarios o del grupo o subgrupo correspondiente.
Por último, entra a valorar la apertura a otras Administraciones Públicas de puestos de trabajo para su provisión por libre designación (a dedo). En la modificación de la RPT se abren 16 más. Algo que cree que afecta "a las expectativas de promoción de los funcionarios de carrera provinciales por lo que se trata de una cuestión de gran relevancia, con repercusión en su compromiso y motivación". "Pueden pensar que funcionarios procedentes de otras Administraciones menos rigurosas van a ocupar puestos de trabajo iguales o mejores que el suyo. La ley lo permite, pero podría dar lugar a la provisión de puestos de funcionarios de carrera por afinidades distintas al mérito y la capacidad", destaca.
"Dado el número de puestos de trabajo a proveer por libre designación, consideramos que la apertura de puestos a otras Administraciones Públicas debe quedar justificada, puesto por puesto. La justificación debería ser que el puesto ha quedado vacante tras su previa convocatoria por concurso de méritos o de libre designación interna, o bien que el Servicio de Recursos Humanos informe que el carácter directivo o la especial responsabilidad del puesto recomiendan que la convocatoria se abra también a personal de otras Administraciones Públicas, bien por ausencia de idoneidad profesional en el personal de la Diputación o por la búsqueda de perfiles y capacitaciones más propios de otras Administraciones distintas de la Local", apunta. De hecho, sostiene que no se justifica la apertura a otras administraciones de dos puestos concretos de secretario de dirección.
La modificación de la RPT, pese a estos reparos, pretendía ser aprobada por el PP y Ens Uneix este miércoles en un pleno extraordinario. Pero se ha suspendido aproximadamente una hora después de cuando tendría que haber dado inicio. La explicación oficial es que se ha tratado de un fallo de forma en la convocatoria. Los diputados que tenían que posicionarse en ese asunto no contaban con toda la documentación necesaria para hacerlo. De hecho, no tenían el informe del secretario, algo que ha sido criticado por la oposición que ejercen el PSPV y Compromís (y que iban a votar en contra).
El informe sí había pasado por comisión –el trámite previo al pleno–, pero no ha sido remitido a tiempo a todos los representantes de los grupos para este miércoles. Los socialistas han advertido de este extremo, que suponía que tuvieran que votar sin todo el detalle del asunto. Como en una sala de cine en la que la gente espera a que se apaguen las luces, algunos diputados se sentaban y otros pululaban por el salón de plenos hablando de los retrasos de supuestos asistentes como la vicepresidenta de la Diputación, Natalia Enguix (Ens Uneix), a causa de la huelga de agricultores. Finalmente, la sesión se ha suspendido y se ha fijado para el próximo sábado a las 8.00 horas.
El PP califica de estéril la polémica y señala que nada es ilegal, pero algunos sindicatos como Intersindical ya se han posicionado en contra. Han sido los únicos. Los populares buscan una imagen de apoyo mayoritario que signifique el consenso. Y en ello han trabajado en la Mesa de Negociación. CSIF y CCOO trasladaron que respaldarían la modificación de la RTP, según fuentes sindicales. UGT inicialmente comunicó su voto en contra, pero cambió a la abstención a las pocas horas, de acuerdo con las mismas fuentes. Intersindical, además, denuncia que en las actas de la Mesa no figuran sus reclamaciones ni el conjunto de los temas tratados, razón por la cual se han negado a firmarlas.
El relato de los populares es que abren los puestos a otras administraciones para garantizar que vienen "los mejores" y que los funcionarios de la Diputación también pueden concursar. Pero Intersindical cuestiona la motivación y no la ve justificada.
Detrás de todo esto aparecen multitud de teorías, como la intención de los populares de cambiar a determinados jefes para quitarles el exceso de poder adquirido en la selección de personal durante los últimos años y de colocar a personas de su confianza. En marzo hay prevista otra modificación de la RPT.
