VALENCIA, (EP). El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha instado a la Conselleria de Educación a remitir una respuesta a la resolución que el defensor del pueblo valenciano emitió a raíz de una queja interpuesta por la Mesa de la Educación en Libertad por lo que esta entiende como "discriminación" de centros concertados en el arreglo escolar. En su nueva comunicación, el Síndic da a la administración un plazo de 15 días para contestar o "dará cuenta de su actitud en el próximo Informe anual que se presente en las Corts Valencianes".
En un escrito con fecha de Registro General de 3 de enero, el defensor del pueblo valenciano, José Cholbi, explica al portavoz de la Mesa, Vicente Morro, que la institución, "a pesar del tiempo transcurrido, no ha recibido respuesta de la administración afectada, en relación con la resolución que se le dirigió hace más de un mes".
"Por ello, --prosigue el Síndic-- hemos requerido de nuevo a la misma remisión de la respuesta a nuestra resolución (...) En el supuesto que de transcurrir el plazo de 15 días no hubiéramos recibido el informe en cuestión, se le comunica a la administración afectada que se dará cuenta de su actitud en el próximo Informe anual que se presente en las Corts Valencianes".
Tras recibir este escrito, Vicente Morro ha afirmado, a través de un comunicado, que espera que el conseller de Educación, Vicent Marzà, "haya encontrado tiempo para responder al Síndic de Greuges sobre su Resolución del Arreglo Escolar de la Generalitat y no tenga que incluirlo en su informe anual ante Les Corts declarándolo en rebeldía ante un órgano estatutario".
Desde el colectivo recuerdan que la resolución a la que hace referencia el Síndic fue dictada tras la queja presentada por la Mesa por la Educación en Libertad por el "trato discriminatorio dado a los centros concertados en el arreglo escolar que ha regido este curso".
En ese documento, y tras escuchar a las partes, el Síndic sugería a la Generalitat que "en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas promueva las actuaciones necesarias para la aplicación estricta de la legislación vigente respecto a la creación y/o supresión de unidades en los centros privado-concertados, desterrando el criterio de subsidiaridad de la enseñanza privado-concertada respecto a la escuela pública y asimismo, que para el próximo curso 2017/18 y en lo que hace al denominado "arreglo escolar" tenga en consideración el derecho de las familias a la elección de centro, ya sea éste privado-concertado o público sin que pueda prevalecer el criterio, para la supresión de unidades en la enseñanza concertada, la suficiencia de plazas en la enseñanza pública".
El portavoz de la Mesa ha lamentado "la actitud y el silencio de Marzà ante las instituciones que le indican que debe rectificar su política educativa porque es discriminatoria". "Esperemos que rectifique a tiempo y que no tengan que señalarle en el próximo informe de la Sindicatura", ha apostillado.
Asimismo, Vicente Morro ha considerado que este "silencio de Marzà se suma al del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con la Mesa por la Educación en Libertad, que sigue sin recibirnos desde que cursamos la primera petición en el mes de mayo y no hemos obtenido ninguna respuesta pese a las reiteraciones y a la petición de amparo ante la Mesa de Les Corts. Esperamos del presidente de todos los valencianos busque un hueco en su agenda para escuchar a quienes defendemos la libertad de elección por las familias del modelo educativo para sus hijos".
Por otra parte, la Mesa por la Educación en Libertad ha mostrado su apoyo a la campaña de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana 'Yo soy de la Concertada' y ha felicitado a los organizadores por la iniciativa de una pulsera con dicho lema, que ya llevan "todos los miembros de la Mesa".
"Invitamos a que lleven todos los que apostamos por la educación concertada en libertad y que tiene como objetivo poner en valor el buen trabajo que se hace en los colegios concertados", ha concluido Vicente Morro.
