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El fallo abre la puerta a que prosperen 1.000 litigios en la autonomía

El taxi advierte de que la sentencia del Supremo quintuplicará las VTC en la Comunitat

18/11/2017 - 

VALÈNCIA. (VP/AGENCIAS). Alrededor de mil licencias más de VTC podrían concederse en la Comunitat, el número de los que recurrieron contra las denegaciones antes de 2015 en la autonomía. Este es el panorama del que alerta el sector del taxi -en concreto la Unión de Asociaciones Auto Taxi de la Comunitat- tras el fallo del Tribunal Supremo del pasado miércoles. La incorporación de ese millar de licencias quintuplicaría las actuales concedidas en la región, que cuenta con unas 250, según la entidad.

El TS se pronunció a favor de conceder 80 autorizaciones de arrendamiento de vehículo con conductor (VTC) que habían sido denegadas en 2014 por la Comunidad de Madrid, con lo que abre la puerta, según el sector del taxi, a que en los próximos meses se puedan otorgar unas 10.000 en todo el país. Los casos en la Comunitat Valenciana representarían el 10% del total.

En dos sentencias, la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo estima los recursos presentados por Jojucar y Gran Vía Rent a Car contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que denegaba las peticiones de licencias de ambas empresas, y les concede 60 y 20, respectivamente.

El problema tiene su origen en la llamada Ley Ómnibus, aprobada en 2009, que perseguía la liberalización del sector servicios y que provocó la judicialización de las normas de proporcionalidad entre el sector de VTC y el del taxi (1 por 30).

En 2013, el Gobierno introdujo la posibilidad de establecer una proporción entre el número de autorizaciones de VTC y de licencias de taxi, cuando la oferta de transporte público de viajeros en vehículos de turismo estaba sujeta a limitaciones cuantitativas en el ámbito autonómico o local, y, dos años más tarde, recuperó el ratio del 1 por 30, mediante un Real Decreto.

En ambas sentencias, el Supremo subraya que "no entra en la legalidad o no del Real Decreto de 2015, que establece el actual reglamento de la Ley del Transporte Terrestre, ya que las solicitudes examinadas se presentaron con anterioridad a su aprobación".

Por la fecha de su presentación, en 2014, lo que había que aclarar era si la petición podía ser denegada por aplicación directa de la ley de Ordenación de Transporte Terrestre, que es de 2013, o por el reglamento que la desarrolla, que es de 2015, y concluye que "no cabía dicha denegación".

Las sentencias han generado "una gran preocupación" en el sector del taxi, que advierte de que sientan un precedente "muy negativo cuyas consecuencias pueden generar un caos absoluto en la prestación del servicio de transporte ante un previsible exceso de oferta", de acuerdo con Fedetaxi.

Fomento llama a la calma

Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró este viernes que velará por que se cumpla la proporción de una licencia de vehículo de alquiler con conductor (VTC) por cada treinta taxis después de que dos sentencias del Tribunal Supremo otorgaran las 80 primeras licencias de VTC de las 10.000 que se calcula se conseguirán por vía judicial.

"Estas sentencias y otras que vendrán vienen de un vacío legal entre 2009 y 2013, pero esto no va a volver a suceder", explicó De la Serna en declaraciones a los medios en Barcelona.

Y es que estas sentencias derivan de la liberalización que registró el sector entre 2009 y 2013 y, pese que el actual Gobierno volvió a regularlo ese año imponiendo un ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, esta cuota no fue efectiva hasta que el cambio legal no se desarrolló reglamentariamente en 2015.

El ministro recordó que no es el Gobierno quien otorga las licencias, sino las comunidades autónomas, si bien desde el Ministerio de Fomento se están trabajando medidas para que VTC y taxi convivan.

En este sentido, Fomento ultima medidas par evitar especulaciones con las licencias que se otorguen prohibiendo su venta en los dos años siguientes, y obligará a las VTC a dar cuenta en un registro público de todos sus servicios, para garantizar que cumplen con el requisito de contratación previa y evitar que circulen por las calles en busca de clientes.

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