El auto, lejos de beneficiar a los concejales y asesores imputados, apuntala la acusación por blanqueo. Ellos volverán a pedir el archivo
VALENCIA. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pía Calderón ha archivado la causa que había abierta por blanqueo de capitales (pitufeo) contra el diputado del PP, Miquel Domínguez, ante “la insuficiencia de los indicios para acreditar su participación”. Lo que a priori debería ser una gran noticia para el resto de acusados, cuya instrucción se realiza en otro juzgado de Instrucción puesto que no están aforados, ha terminado por ser un auto que apuntala sus imputaciones.
La magistrada, lejos de hacer un auto solo centrado en Domínguez o que pudiera ser utilizado por las defensas para pedir el archivo en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, ha hecho un escrito en el que afirma que “se parte de la objetiva apariencia delictiva”, y lo que es más fuerte todavía, afirma la juez que “es plausible el operativo descrito en la exposición razonada”, es decir, la donación de 1.000 euros por parte de los implicados, a quienes se habría devuelto esa cantidad en dos billetes de 500 euros. Es lo que se conoce como pitufeo.
Sin embargo, es probable que los pitufos del Ayuntamiento soliciten el archivo de sus causas en base al auto de Domínguez, algo que se prevé poco posible teniendo en cuenta la contundencia de la magistrada en sus manifestaciones sobre las posibilidades reales de que el blanqueo se realizara.
La magistrada instructora ha expuesto una tras otra cuáles son las razones por las que no ha encontrado indicios suficientes para procesar al exconcejal del equipo de Rita Barberá pese a que había “apariencia de ilegalidad”. Entre los principales están que la única referencia que hay en el sumario a Domínguez es su ingreso bancario, pero ni siquiera la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) le cita en sus informes.
La juez explica que ella solo conoce de los hechos que hay contra Domínguez, el cual nunca ha sido uno de los principales investigados dentro del pitufeo ya que las pruebas que había contra él eran meramente indiciarias y procedentes de varias declaraciones de testigos.
Este hecho hace que resulte imposible que se instruya la causa como se está haciendo con el resto de investigados, muchos de los cuales permanecen imputados por la suma de indicios que hay contra todo el grupo de imputados en general. Esto es algo que la magistrada del TSJCV no ha podido valorar a la hora de mantener la calidad de investigado de Domínguez, ya que a ella solo se le ha remitido aquella documentación que hace referencia al diputado, y que como ella misma deja entrever en el auto de archivo, ha resultado ser más bien escasa.
La causa contra Domínguez que se ha archivado este viernes era la última pieza que faltaba por comenzar a instruirse dentro del conocido como pitufeo, es decir, la acusación por presunto blanqueo de capitales. Según la Fiscalía Anticorrupción, todos los investigados aportaron 1.000 euros para la campaña de Rita Barberá en las últimas elecciones municipales que, supuestamente, después les fueron devueltos por la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, en dos billetes de 500 euros.
Esta pieza fue la primera que se comenzó a instruir en el marco de la conocida como Operación Taula, la que está considerada como la mayor operación contra la corrupción de la historia de la Comunitat Valenciana. En la pieza del pitufeo hay imputadas 50 personas, entre las que también se encontraba la que fuera exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, hasta su fallecimiento el pasado 23 de noviembre.
Domínguez, al igual que sus excompañeros concejales no ha dejado el acta de diputado. La diferencia con los concejales es que Domínguez ha pasado a formar parte del grupo mixto, mientras que los que fueran sus compañeros siguen siendo concejales del PP. Todos ellos están a la espera de la resolución de un expediente sancionador por parte del Comité de Derechos y Garantías del PP que se instruye en Génova.
Ahora habrá que ver qué medidas tomará el partido de Isabel Bonig con respecto al diputado. En principio, y con la causa penal resulta, debería de reincorporarse al grupo Popular de Las Cortes y, según ha podido saber Valencia Plaza, nadie pondrá ningún problema a este respecto.
En la Operación Taula, la del pitufeo es la pieza que comenzó siendo la más fácil de instruir, era un blanqueo de lo más simple, y sin embargo ha terminado siendo una de las partes más complejas de la investigación. El problema para los instructores ha sido que al presunto blanqueo se ha unido una acusación por delito electoral, ya que se investiga si el PP de Rita Barberá se financió de forma irregular, al menos, desde el año 2007. Esta pieza separada se comenzó a investigar a raíz de las escuchas telefónicas que a Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó a la exconcejal de Cultura, María José Alcón.
En las grabaciones que hizo la UCO se puede oír a Alcón explicando cómo cometió el delito de blanqueo. Pero, además, también se recibió un escrito anónimo en la Fiscalía de Valencia explicando lo mismo que se escuchaba en las grabaciones policiales. Hasta la fecha, solo dos de los 50 imputados han reconocido haber cometido el delito. Por un lado, la propia Alcón, y por otro una asesora de prensa del consistorio que afirma que lo hizo engañada por el entonces jefe de prensa del PP del consistorio, Julio Valero.