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el posible delito por fraude de subvenciones ha prescrito 

El juez archiva la denuncia por delito fiscal contra Eresa pese a constatar que desvió dinero

Foto: GUILLERMO LUCAS
22/03/2017 - 

VALÈNCIA. El magistrado instructor del caso Eresa, Gonzalo Barra Pla, ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra los accionistas mayoritarios del grupo Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa), Vicente Saus y sus hijas Marta y Lorena, y un grupo de directivos. 

El juez acepta los argumentos del fiscal del caso, quien consideró en un escrito del pasado 13 de marzo que la explicación que dieron los investigados sobre el desvío de dinero puede que "en los procedimientos tributarios no se haya probado suficientemente", pero permite evitar una condena ya que en el ámbito penal basta "una explicación alternativa razonable y plausible sobre el incremento patrimonial no justificado". 

La Abogacía del Estado, que representaba a la Agencia Tributaria, mostró su adhesión al escrito de la Fiscalía, "todo ello sin perjuicio de la calificación jurídica que desde el punto de vista tributario pudiera darse por la Administración en el seno de un procedimiento inspector a la transferencia de rentas que tiene lugar entre Eresa e Iberdiagnosis a través de la entidad Sun Chiz SL".

Según el escrito de acusación, "aparentemente" Vicente Saus encargó en 2008 a Vicente P., de Sun Chiz, la prestación de servicios médicos consistentes en la realización de informes radiológicos y atención al paciente en todos sus centros, pero "la entidad Sun Chiz carecía de los medios materiales y humanos necesarios para la realización de los servicios encomendados, por lo que, a través de un contrato suscrito por Vicente P. y Vicente Saus, se subcontrató a Iberdiagnosis SL la prestación de los servicios de resonancias".

Así, Sun Chiz facturaba a Eresa por unos servicios que, a su vez, le eran aparentemente proporcionados a Sun Chiz por Iberdiagnosis, que, a su vez, emitía las facturas a su supuesto cliente, Sun Chiz. Aunque, según la acusación, "en realidad, toda esta operativa no era más que una simulación con el objetivo de facilitar a Eresa la disminución de sus bases imponibles mediante la deducción de gastos ficticios". Tanto Sun Chiz como Iberdiagnosis pertenecen a los Saus.

Marta Saus. Foto: EVA MÁÑEZ

La explicación que al fiscal y al juez le han bastado para archivar el caso es que ese desvío de dinero se hizo "para encubrir la remuneración de su administrador", el consejero delegado de Eresa, que era Iberdiagnosis, representado por Vicente Saus. Según el auto fechado el 22 de marzo, "si las cantidades satisfechas por Eresa a Iberdiagnosis se califican como remuneración del administrador, en ese caso, tendrían la consideración de gasto deducible para Eresa y un ingreso para Iberdiagnosis, por lo que no se habría producido perjuicio para la Hacienda Pública".

Fraude y deducciones irregulares   

El otro asunto por el que estaban imputados los Saus era por deducciones irregulares y fraude en subvenciones europeas, al haber utilizado para hacer negocio un equipo de PET-TAC del Hospital General subvencionado por el CDTI (Ministerio de Economía) para investigación. El fiscal considera probado que se realizó este uso fraudulento y que Eresa se dedujo gastos de forma irregular.

Lorena Saus, actual presidenta de Eresa. Foto: EVA MÁÑEZ

Sin embargo, el fiscal vuelve a distinguir la infracción penal de la administrativa y afirma que "no se discute" la relevancia de las infracciones a efectos tributarios, pero a la vista de que "el control del CDTI no era estricto" y no estaba claro qué hacer con los equipos fuera de las horas de investigación, "no es posible hablar en relación con los gastos de personal de infracción penal, sin perjuicio de la liquidación que proceda hacer en vía administrativa".

Sobre el delito de fraude de subvenciones, ya que cuando se instaló el PET-TAC la empresa practicó la correspondiente deducción en el Impuesto de Sociedades y cobró la subvención del CDTI, el fiscal afirma que habría prescrito, ya que la subvención se cobró en agosto de 2009 y el auto de incoación es de julio de 2015, más de cinco años después.

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