Foto: FRED MARVAUX/PEEl Parlamento Europeo presionará a las empresas para mitigar sus impactos medioambientales y sociales negativos. Con este título, que parece inocuo e inocente, incluso inofensivo, se esconde un nuevo recorte a la libertad de mercado a través de una intervención más, otra más, de la UE y los gobiernos, escondida bajo la bandera de la sostenibilidad. Pero vayamos por partes, que diría Jack, en primer lugar vamos a resumir el contenido del acuerdo, que todavía ha de someterse a enmiendas toda vez que ya pueden comenzar las negociaciones con los estados miembros sobre el texto final de la legislación, y luego analizaremos y valoraremos dicho contenido y las consecuencias que tendrá la Directiva caso de aprobarse en estas condiciones.
Según nota de prensa el pasado jueves 1 de junio el Parlamento Europeo adoptó su posición para las negociaciones con los estados miembros sobre reglas para integrar los derechos humanos y el impacto ambiental en la gobernanza de las empresas, también llamada Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), por lo que se requerirá a las empresas que “identifiquen y, cuando sea necesario, prevengan, terminen o mitiguen el impacto negativo de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente, como el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. También deberán monitorear y evaluar el impacto de sus socios de la cadena de valor, incluidos no solo los proveedores, sino también las áreas de ventas, distribución, transporte, almacenamiento, gestión de desechos y otras”.
En pocas palabras, requiere que las empresas asuman la responsabilidad de sus impactos ambientales y sociales, así como los de sus proveedores por lo que la Diligencia Debida deberá integrarse en la gestión de las empresas.
Las nuevas normas se aplicarán a las empresas con sede en la UE, independientemente de su sector, incluidos los servicios financieros (es probable que las próximas negociaciones se centren en otros puntos críticos, como la inclusión del sector financiero en la CSDDD, ya que las finanzas serán el "principal campo de batalla", pues el Parlamento votó para incluir controles de diligencia debida obligatorios para los servicios e instituciones financieros, mientras que los estados miembros acordaron dejarlos como opcionales), con más de 250 empleados y una facturación mundial superior a 40 millones de euros, así como a las empresas matrices con más de 500 empleados y una facturación mundial superior a 150 millones de euros. También se incluirán empresas extracomunitarias con una facturación superior a 150 millones de euros, si al menos 40 millones se generaron en la UE.
Las empresas deberán implementar un plan de transición para limitar el calentamiento global a 1,5° y en el caso de grandes empresas con más de 1000 empleados, el cumplimiento de los objetivos del plan tendrá un impacto en la retribución variable de los consejeros (bonus). Las nuevas reglas también exigen que las empresas se comprometan con las personas afectadas por sus acciones, incluidos los activistas ambientales y de derechos humanos, introduzcan un mecanismo de quejas y supervisen periódicamente la eficacia de su política de diligencia debida. Para facilitar el acceso de los inversores, la información sobre la política de diligencia debida de una empresa también debe estar disponible en el Punto de acceso único europeo (ESAP) .
Las empresas que no cumplan serán responsables de los daños y perjuicios y podrán ser sancionadas por las autoridades nacionales de supervisión. Las sanciones incluyen medidas como "nombrar y avergonzar", retirar del mercado los productos de una empresa o multas de al menos el 5% de la facturación mundial neta. Se prohibirá la contratación pública en la UE a las empresas no pertenecientes a la UE que no cumplan las normas.
Por último, nos recuerda el PE que ya pueden comenzar las negociaciones con los estados miembros sobre el texto final de la legislación y que al adoptar este informe, el Parlamento responde a las expectativas de los ciudadanos en relación con el consumo sostenible tal como expresa la propuesta.
La primera consideración que me gustaría apuntar es que el próximo año hay elecciones al PE y no nos tendríamos que tomar a broma las mismas, fijarnos muy bien en los candidatos al Parlamento Europeo y los programas que presenten, ya que nuestro futuro depende de ello. Por regla general, los partidos envían a Bruselas no a lo más granado que hay entre sus filas, y así nos va a los europeos. Como ejemplo, un tal Borrell, ostenta un cargo importante en Europa, ante la invasión rusa de Ucrania informó, como primera medida a tomar, que no admitiríamos a Rusia en el festival de Eurovisión. Sin comentarios.
Para ponernos en contexto, parece ser que aunque el PE reconoce que las empresas europeas son líderes mundiales en materia de sostenibilidad y que muestran su compromiso con el respeto al medio ambiente, los derechos humanos y la reducción de su impacto en el planeta, pero a pesar de ello, dice, los avances de las empresas en la integración de la sostenibilidad, y en particular la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, en los procesos de gobernanza empresarial siguen siendo lentos. Por lo que, para agilizar, aquí están ellos para con una macro intervención sobre las empresas, disfrazada de Directiva de Diligencia Debida, seguir perjudicando la libertad de comercio y la ventaja competitiva de las empresas europeas, dando a los gobiernos nuevas facultades intervencionistas y sancionadoras.
El alcance de esta nueva Directiva de Diligencia Debida, al igual que en su momento la de Informes de Sostenibilidad Corporativa, CSRD, afectará a más de 50.000 empresas dentro de la UE y más de 10.000 de fuera de la UE, según estimaciones proporcionadas por la firma de datos financieros Refinitiv al Wall Street Journal. Los datos de Refinitiv, indican que hay cerca de 10.400 empresas extranjeras que cotizan en bolsa en la UE y más de 100 empresas que no cotizan en la UE pero tienen más de 150 millones de euros en acciones locales. Del número total de empresas que ha identificado Refinitiv, el 31% son estadounidenses, el 13 % canadienses y el 11 % británicas.
En cuanto al cumplimiento de la nueva Directiva CSDDD, incrementará los costes de las empresas y mermará su cuenta de resultados ya de por si endebles tras los últimos acontecimientos ocurridos (costes energía, crisis materias primas, logística y abastecimiento, otros cumplimientos y requerimientos de la UE, nuevas inversiones en innovación e investigación, etc.). Aumentarán los costes administrativos internos, la mayoría de las empresas requerirán de ayuda de terceros para la implementación (grandes consultoras en sostenibilidad) con el consiguiente incremento de costes y se dispararán los costes de auditoría, información y comunicación. En el agregado de costes, aunque no está cuantificado individualmente, supondrá una cifra adicional entre el 1 y el 3% de la cifra de ingresos de las empresas.
Otra consecuencia de la CSDDD será la de añadir, a la presión que actualmente realizan los sindicatos sobre el funcionamiento de la empresa, la dependencia de las mismas respecto a los activistas, ambientales y de derechos humanos, que como todos sabemos no son precisamente razonables y dialogantes en sus planteamientos.
Y creo que la consecuencia más desastrosa y sobre todo la más peligrosa de esta nueva Directiva de Diligencia Debida es la sancionadora. Permitirá la reclamación y reposición e indemnización a las empresas responsables, de los daños y perjuicios ocasionados (esto lo verificará una autoridad nacional de supervisión), con lo que la cifra de indemnizaciones puede llegar a ser mil millonaria y acabar con la continuidad de la empresa. Además, las autoridades nacionales de supervisión, miedo me da solo el nombre y su aplicación en España, podrá avergonzar a las incumplidoras, retirar sus productos del mercado y, ojo, imponer multas de “al menos el 5% de la facturación mundial neta”. Vamos el paraíso para cualquier autócrata.
Para justificar este lamentable proceder, el Parlamento dice responder a las expectativas de los ciudadanos en relación con el consumo sostenible. Sobre este particular ya expresé mi opinión en un artículo anterior en ValenciaPlaza, “Lo que esconde la agenda 2030” y los comentados paneles en el que escribí: “Las propuestas están basadas en recomendaciones de los ciudadanos que se reunieron en Paneles europeos de ciudadanos, los Paneles nacionales y las ideas recabadas en la plataforma digital multilingüe.
¿Al lector le han preguntado por su opinión?, porque a mí no, ni a nadie que yo conozca. Probablemente, esas discusiones, debates y colaboraciones, a través de estos paneles y plataformas, hayan sido contestados por activistas, radicales y organizaciones ecologistas posicionadas, escogidos aleatoriamente…; pero en ningún caso representan a la mayoría de los europeos. Me ha sido imposible obtener información sobre los mismos (inténtelo el lector). En cualquier caso, estos debates, han sido mantenidos con un, digamos 0,0000000001% de la población europea”.
Ahora he de añadir que además de activistas y organizaciones ecologistas posicionadas, también deberíamos incluir a las grandes consultoras en sostenibilidad que serán las más beneficiadas cuando esta Directiva entre en vigor.
Y todo esto se adoptó tras una votación de los europarlamentarios que arrojó un conteo de 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones. Lo que no nos cuentan en la nota de prensa indicada es que a pesar del rechazo de último minuto contra partes clave del texto. La ponente, Lara Wolters, del S&D (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el PE), reconoce que existen algunos puntos importantes que dificultarán las negociaciones pero espera la adopción formal de esta Directiva antes de las elecciones al PE del próximo año.
Es relevante la prisa del sector progresista y verdes del PE por la adopción de esta Directiva, sin atender a diversas cuestiones que desencadenarían una serie de consecuencias nocivas para las empresas afectadas. Se me ocurren:
-Cuestión de tiempo
Una vez más los europarlamentarios con prisas para aprobar e implementar una Directiva de consecuencias desastrosas para la economía de la UE, sin atender a la enmienda presentada por la eurodiputada conservadora alemana Angelika Niebler que obligaría a la Comisión Europea a convertir la directiva en un reglamento seis años después de su implementación. (La diferencia entre una directiva y un reglamento es que los estados miembros deben implementar las directivas en la legislación nacional, dándoles cierto margen para adaptarlas a las circunstancias nacionales, mientras que un reglamento es directamente aplicable). Los partidarios de la enmienda argumentan que se necesita una mayor armonización en toda la UE para reducir la carga administrativa de las empresas.
-Es imprescindible una pausa regulatoria europea en materia de sostenibilidad
Se están adoptando directivas aceleradamente, mucho más que el resto de países implicados (EEUU, Canadá, China…) con el consiguiente perjuicio a la ventaja competitiva europea y deterioro de la estabilidad financiera de las empresas. Líderes de la UE, como el francés Emmanuel Macron y el belga Alexander De Croo, han pedido una "pausa regulatoria europea" para reducir la carga administrativa de las empresas de la UE (están asustados por el alarmante incremento de costes que generará la Directiva). Algunas asociaciones empresariales también han rechazado la directiva (Thilo Brodtmann, director ejecutivo de VDMA, una asociación empresarial alemana, instó al Parlamento a “tomar la pausa de emergencia” en el CSDDD). Los demócrata-cristianos alemanes también se oponen y solicitan una tregua. En España y en la Comunidad Valenciana todos callados, organizaciones empresariales y partidos políticos.
-Los activistas y radicales están en la ecuación y con un peso no ponderado en la toma de decisiones del PE
No se explican las prisas por acelerar la entrada en vigor de ciertas Directivas que deberían ser analizadas más detenidamente.
La urgencia de asuntos relacionados con los derechos humanos y el impacto ambiental en la gobernanza de las empresas no justifican la toma de decisiones apresuradas y apoyadas en la intuición. Sostenibilidad, y en este caso la Directiva de Diligencia Debida es importante, pero nada especial. No es diferente de cualquier otra inversión que crea valor financiero y social a largo plazo, y existen décadas de investigación rigurosa al respecto (p. ej., las finanzas corporativas estudian el valor financiero, la economía del bienestar estudia las externalidades) por lo que debemos aplicar la Economía y no la intuición. Aunque esto a los activistas y europarlamentarios les entra por un oído y les sale por el otro.
Por último, en cuanto al alcance de esta nueva Directiva pueda repercutir a nuestras empresas en la Comunidad Valenciana, indicar que NO afectará directamente a las pymes de la Comunidad. Pero deben estar preparadas, ya que, indirectamente, a través de la cadena de valor y suministro pueden, verse impactadas por la obligación derivada de las empresas si afectadas por tamaño en su obligación de “monitorear y evaluar el impacto de sus socios de la cadena de valor, incluidos no solo los proveedores, sino también las áreas de ventas, distribución, transporte, almacenamiento, gestión de desechos y otras”. Aunque la propuesta también incluye medidas de acompañamiento que apoyarán a todas las empresas, incluidas las pymes, que puedan verse afectadas indirectamente. Entre las medidas figuran la creación de sitios web, plataformas o portales específicos, individual o conjuntamente, y posibles ayudas financieras.
Ricardo Romero es consultor en Sostenibilidad y Estrategia de Impacto
