El director general de Facsa, José Claramonte. Foto: FACSAVALÈNCIA. La disponibilidad de agua en España acumula casi dos décadas de bajadas, mientras que el uso urbano apenas representa un 15,5% del consumo total. Así lo revela el I Estudio Facsa sobre el modelo de gestión del agua en España, que analiza la forma en la que se gestionan y utilizan los recursos hídricos en nuestro país mostrando cuestiones como una caída del 50% en la última década de la inversión pública en la gestión hídrica y realizando propuestas de mejora de la situación.
El sector agrario supera el 80% del uso del agua en España, seguido del uso doméstico (15,5%) y de la industria (3,4%), según los datos que recaba Facsa a partir del informe de seguimiento de los planes hidrológicos elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica. De hecho, los usos agrarios también son responsables del 60% de la extracción del agua, seguidos de la producción de electricidad y de las redes de suministro público.
El estudio, no obstante, señala una reducción del consumo del 15% en agricultura en los últimos 20 años a pesar de que la superficie de riego ha aumentado un 16%. Tras este buen resultado está la mejora en la eficiencia de los sistemas de riego. De hecho, en más de la mitad de la superficie de regadío se utiliza riego localizado, mientras solamente un 22,7% de los espacios se riegan por gravedad.
Este informe muestra, además, un crecimiento de la superficie regada en los últimos años y una previsión de que la situación se mantenga dado el aumento de población. Una cuestión que, junto con las sequías provocadas por el cambio climático, "suponen una amenaza a la sostenibilidad del sistema", valora. Por ello, se reclama "seguir trabajando en la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del regadío e implementar soluciones de gobernanza que optimicen el uso del recurso".
Desde el año 2005 la disponibilidad de agua, tanto potabilizada como no potabilizada, ha ido cayendo en España. Desde el año 2000 se observa un primer lustro de aumentos y una posterior reducción en los últimos casi 20 años. Fue en 2013 cuando el agua potabilizada tocó su punto más bajo aunque la disponibilidad total apenas ha registrado un repunte en las últimas dos décadas.
España, según los datos reflejados por el informe, es el tercer país europeo con mayor estrés hídrico, solo por detrás de Malta y Bélgica. El estrés hídrico es un indicador de la presión que las actividades humanas ejercen sobre los recursos naturales de agua dulce. Lo que muestra es la relación entre el total de agua dulce extraída y el total de recursos de agua dulce renovables. En síntesis: refleja la sostenibilidad medioambiental de este recurso.
Mientras en países como Eslovenia, Hungría, Estonia o Portugal apenas alcanza el 15%, en España se dispara hasta el 43,3%, por delante de territorios como Alemania (33,5%), Italia (29,8%) o Francia (23%). Encabezan el ranquin, Malta, con un 81,9%; y Bélgica, con un 51,6%.
Además, Facsa analiza la situación de los embalses españoles, cuya capacidad total es de 53.309 hectómetros cúbicos. En concreto señala los embalses españoles estaban a finales del pasado mes de diciembre al 46% de su capacidad, poco más de 24.000 hectómetros cúbicos. No obstante, el informe matiza se trata de un dato "muy variable" en función de cada demarcación hidrográfica.
Más allá de esta cifra, el estudio muestra una tendencia decreciente en cuanto al almacenamiento de agua: En el año 2000 los embalses españoles estaban a casi el 60% de su capacidad, lejos del 46% actual. ¿Los motivos? "El descenso de las precipitaciones y las sequías cada vez más frecuentes", señala el informe.
No toda el agua que entra en la red de distribución desde las plantas de tratamiento de agua o los depósitos llega al usuario final. Parte se extravía por fugas, roturas y demás averías en la red. No obstante, las pérdidas han ido bajando en lo que va de siglo. En el año 2000 eran del 20,9%, mientras que en 2020 se redujeron hasta el 15,4%. En el caso infraestructuras de riego no existen bases de datos, pero se calcula que las pérdidas podrían rondar el 30%.
No obstante, según datos de la patronal de las constructoras, Seopan, reflejados en este informe, la inversión pública destinada al transporte, depuración y abastecimiento de agua ha caído un 50% desde 2010. Además, casi la mitad de las tuberías de abastecimiento superan los 30 años de antigüedad, cifra que asciende hasta los 40 años para las tuberías de alcantarillado.
En este sentido, a inicios de 2023 España apenas había ejecutado la mitad de los compromisos presupuestarios acordado con Bruselas entre los años 2014 y 2020. La patronal de las constructoras reclama planes nacionales para mejoras de las infraestructuras, que incrementarían de forma considerable la necesidad de inversión.
Según los datos del INE, en 2020 la facturación a los usuarios de la red de suministro ascendió a los 3.619 millones de euros, un 70,6% más que en el año 2000. No obstante, en el mismo período la inversión en infraestructuras ha caído un 46,5%, por lo que la distancia entre facturación e inversiones ha ido en aumento. En este sentido, el informe reconoce que el aumento de los precios ha estado provocado, en parte, por el incremento de los costes del servicio, "pero no ha permitido renovar suficientemente las infraestructuras".
El estudio, por tanto, augura "un importante reto" al sector en materia de inversiones. Una cuestión "dificultada" por los bajos precios que pagan los usuarios, que no permiten la recuperación de costes, así como por la complejidad del modelo de gestión en el que confluyen reglamentaciones nacionales, autonómicas y locales. En este sentido, cabe recordar que los españoles pagan por el agua "uno de los precios más bajos de Europa". "Además, las tarifas son muy heterogéneas tanto dentro de España como dentro de las propias comunidades autónomas, ya que no existe un criterio común que deban aplicar los ayuntamientos", lamentan.
Las previsiones que realiza el informe a medio y largo plazo están condicionadas especialmente por los efectos del cambio climático. El sexto informe de evaluación del IPCC prevé un aumento de las temperaturas del 3,8% y del 6% en los meses invernales y estivales, respectivamente, para finales del S.XXI. Ello provocará que la región mediterránea cuente con un 12% menos de lluvia en invierno y un 24% menos en verano.
Además, se esperan sequías "más intensas, más frecuentes y más largas", un aumento de las lluvias torrenciales y una disminución en la recarga de los acuíferos. Todo ello invita a desarrollar nuevas infraestructuras y formas de diseñar las ciudades. En este sentido, Facsa propone una serie de medidas de adaptación:
Además del cambio climático, también se pronostica un crecimiento económico y de los usos del agua, especialmente en la generación del hidrógeno verde. Todo ello reclama de "eficiencia" en la gestión del agua para no aumentar en exceso el consumo. De hecho, el informe señala que de mantenerse la tendencia en la mejora de la eficiencia en España, el consumo se mantendría "relativamente estable hasta el año 2050". En caso de que la eficiencia no mejorase, en 2050 el uso del agua sería un 40% más elevado, aproximadamente.
Debido a esta situación, el informe realiza varias propuestas de actuación. Entre ellas, la creación de un Fondo Nacional del Agua "que facilite la inversión en infraestructuras, y que apoye a una planificación hidrológica basada en la solidaridad entre territorios". También se plantea impulsar un Pacto Nacional del Agua para desarrollar una metodología nacional para el cálculo de las tarifas del agua que permita cumplir con "la recuperación de costes", entre otras cuestiones.
Este estudio también concluye con la necesidad de invertir en nuevas infraestructuras destinadas a la depuración, reutilización y prevención de inundaciones, así como en la renovación de las existentes. Todo ello permitiría la reducción de las pérdidas, tanto en ciclo urbano como en regadío, así como la protección del medio ambiente.
