Génova entorpece la investigación del 'pitufeo' al no enviar la documentación al juez

VALÈNCIA. La investigación por el presunto blanqueo de capitales (pitufeo) y la supuesta financiación irregular del PP de València sigue su curso. Y sigue su curso pese a las zancadillas procesales que desde la mismísima sede de Génova les están poniendo a los investigadores. Hace más de un año que Valencia Plaza informaba que desde la sede del Partido Popular solo habían enviado unas hojas de toda la información requerida. Es más, fuentes cercanas al caso aseguran que en los próximos días se realizará un segundo requerimiento a Génova de la información solicitada.

Entre la documentación que esperan en el juzgado se encuentran dos solicitudes más que importantes para poder decidir las posibles responsabilidades de los imputados. Por un lado, los años de afiliación de cada uno de los investigados y, por otro, el estado del expediente disciplinario abierto a los cerca de 50 concejales y asesores del Ayuntamiento de València investigados -algunos siguen en el cargo-, una información que ni el PP regional posee. 

Pero Génova no ha enviado ni una cosa ni la otra, lo que supone una piedra más en el camino de la investigación. Según las fuentes consultadas por este periódico, los años en los que Rita Barberá fue alcaldesa y que se investigan son los comprendidos entre 2007 y 2015, pero no todos los investigados estuvieron desde el principio ni tienen la misma responsabilidad en el presunto pitufeo ni en el supuesto dopaje electoral. 

Ello se debe a que, pese a que todos están bajo la sospecha del blanqueo, no se pediría la misma pena para la totalidad de los imputados y el hecho de acotar las responsabilidades es una de las prioridades para el fiscal del caso.

Lectura política

La lectura política del asunto no es baladí, ya que las fuentes populares valencianas consultadas por Valencia Plaza creen que "es posible que uno de los motivos de Génova para no enviar el estado de los expedientes sea que no se ha avanzado nada". Las mismas fuentes aseguran que "este hecho dejaría en evidencia la inacción de Madrid con un problema real de València que afecta más que directamente a la presidenta Isabel Bonig". Ello es así porque Bonig fue la promotora de dicho expediente debido a su política de "tolerancia cero" con los casos de corrupción pero, pese a su insistencia, solo ha recibido "la callada por respuesta" desde el PP nacional con respecto al estado de los citados expedientes.

El aprieto para Génova vendrá cuando el juzgado le haga un segundo requerimiento al respecto de la documentación requerida, puesto que si se siguen negando a enviarla y los investigadores pierden la paciencia, se podrían encontrar un registro muy poco deseado, más aun teniendo en cuenta el mes aciago, judicialmente hablando, por el que han pasado con la Operación Lezo.

El 'pitufeo'

En esta causa, conocida como Operación Taula, destacó mediática y políticamente la pieza A o pieza del pitufeo. En ella se investiga si todo el grupo del PP del Consistorio salvo cuatro personas blanqueó dinero para la campaña electoral de las municipales de 2015 y cometió un delito electoral. Pero además se investiga si desde el 2007 el PP de Rita Barberá pagó sus campañas electorales con dinero B procedente de contratas y hasta de entidades públicas municipales.

La magnitud de la operación policial desbordó al PP y la presión sobre los investigados fue tal que el partido de Isabel Bonig se vio obligado a crear una gestora que dirigiera al PP de la ciudad de València, presidida por Luis Santamaría. Desde Génova se abrió un expediente a los implicados que, más un año después, sigue durmiendo el sueño de los justos mientras los concejales y asesores investigados siguen en el Ayuntamiento cobrando un sueldo público.