VALÈNCIA. Los promotores tendrán a partir del 1 de enero de 2018 un nuevo actor en el mercado del dinero al que pedir financiación para sus proyectos. Y no un actor cualquiera, sino Bankia, primera entidad en volumen de crédito vivo en la Comunitat Valenciana, que desde que recibió las ayudas públicas para su rescate tiene vetado el negocio del crédito al sector promotor. Un veto que finaliza el 31 de diciembre de este año.
El presidente ejecutivo de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, reveló este jueves que su equipo definirá después del verano "la estructura necesaria para abordar esa línea de negocio". Lo hizo en el tradicional almuerzo con la prensa previo a la junta general de accionistas de Bankia, que se celebra este viernes a mediodía en el Palacio de Congresos de València.
Goirigolzarri señaló que la limitación que han sufrido durante estos años no se ha notado demasiado debido a la situación del sector inmobiliario y se felicitó porque el acceso a este negocio "coincide con el cambio de ciclo". Advirtió, no obstante de que el impacto del negocio de los promotores en las cuentas de Bankia será "en el medio plazo".
"Es un sector que no hay que demonizar porque es muy importante, lo que tenemos que hacer es huir de los excesos del pasado", añadió. Sobre cómo ve el sector de la construcción, afirmó que hay un aumento de la demanda que "en términos porcentuales es muy notable pero que en términos absolutos es pequeña", ya que se parte de una situación que está muy lejos de los récords de hace una década.
El presidente de Bankia destacó que el 31 de diciembre termina otra limitación a la entidad por culpa del rescate, el acceso a los mercados de capitales, y el 30 de junio acaba la prohibición de comprar otras entidades. "Por fin, podremos competir en plena igualdad", celebró.
Goirigolzarri fue muy rotundo al ser preguntado sobre la idea de algunos partidos políticos de que Bankia, como entidad controlada por el Estado, se utilice como instrumento de política económica. "Estoy en contra", afirmó.
"No creo en la banca pública", añadió, y explicó que el Estado es ahora mismo el principal accionista de Bankia y desde ese punto de vista es una entidad pública, pero con un objetivo claro: privatizarla y devolver el dinero a los contribuyentes. "No conozco ningún modelo sostenible de banca pública", remató.
Afirmó que le dejaba "estupefacto" el argumento de que debe servir como elemento de política anticíclica. "¿Tiene que dar crédito a una serie de clientes a los que el resto de bancos no quieren dar créditos? ¿Quien paga las provisiones?", se preguntó.
También le deja estupefacto, según dijo, "la poca memoria que tenemos", en referencia a las cajas de ahorros. "Cuando fui nombrado presidente de BFA -matriz de Bankia, formada por siete cajas-, había 30 personas en el consejo y yo no conocía a nadie. Llevaba más de treinta años trabajando en banca y de ellos nadie había trabajado en banca porque eran representantes de partidos políticos, sindicatos y patronales", relató. "Y aquello nos condujo a lo que nos condujo", concluyó.
Goirigolzarri prevé que la economía valenciana crezca por encima de la española por el "fuerte ritmo" de la inversión industrial y "la extraordinaria evolución de las exportaciones".
"No me sorprende que crezca más que la economía española, pero sí analizar la estructura de ese crecimiento que es por el ritmo muy vivo de la inversión y la extraordinaria evolución de las exportaciones", señaló.
Esto ha permitido a Bankia crecer de una forma "muy relevante" en la Comunitat tanto en cuota de mercado como en depósitos y fondos de inversión. Así, señaló que en términos interanuales el volumen de créditos concedidos en la Comunitat a particulares y al consumo ha aumentado un 18%; a autónomos y pymes, un 20%, y a grandes empresas un 18%, frente al 8% de media en el conjunto de España.
Goirigolzarri reveló que entre cláusulas suelo, preferentes y la salida a bolsa de Bankia, la entidad habrá devuelto cuando acabe el proceso de las cláusulas suelo 4.900 millones de euros. De ellos, la mayor parte corresponde a preferentes.
El último es el de las cláusulas suelo, tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, y se cerrará -en un proceso de apenas tres meses- a finales del próximo mes de abril, según anunció el presidente ejecutivo de la entidad.
Según detalló, la solución adoptada por Bankia de restituir el dinero a los accionistas de la salida a bolsa ha supuesto un ahorro de 400 millones de euros en gastos judiciales, que asciende a 100 millones en el caso de la devolución de las cláusulas suelo.
Goirigolzarri explicó que Bankia ya había aprendido con las preferentes y la salida a bolsa y, por eso, cuando salió la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, la solución era dar "una solución ágil, sencilla y gratuita".
Sobre la reclamación de los gastos de la hipoteca, manifestó que es una situación reciente y Bankia no está recibiendo demandas por el momento en este sentido, aunque sí alguna reclamación. Según recordó, en su producto de hipoteca sin comisiones se comparten los gastos financieros con los clientes al 50 %, de acuerdo con el dictamen del Colegio Notarial.
Preguntado sobre si su asistencia al acto organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) en Murcia para reivindicar el Corredor Mediterráneo pudo generar algún tipo de recelo en el Gobierno, al tratarse de una reivindicación con un alto grado de componente político, Goirigolzarri recordó que la sede social de Bankia está en València, "Bankia es un banco valenciano" y ésta es una reivindicación de los empresarios valencianos.
Añadió que el acto estaba promovido por AVE -organización de la que es socio como presidente de Bankia-, por lo que se trataba de "una reivindicación empresarial, no había matices políticos".