Guerra abierta en Mariner: media familia pide 12 años de cárcel para el presidente

VALENCIA. Mariner vive en su seno una auténtica guerra por la propiedad de la mercantil. La mitad de los herederos de la fabricante valenciana de muebles de lujo, en concreto los descendientes de Enrique Mariner Saurí, han presentado una querella contra la otra rama familiar por urdir "un plan preconcebido" para "apropiarse totalmente de la empresa", según consta en el texto al que ha tenido acceso Valencia Plaza, presentado en el juzgado de Paterna el pasado 2 de febrero.

La querella acusa al presidente, Mario Mariner Monleón, así como a Javier Mariner Monleón, Enrique Carlos Mariner Monleón, Alejandro Mariner Randé, Enrique Mario Mariner Randé, Jorge Mariner Randé, Sergio Mariner Randé y Francisco José Mariner Colomer, de haber cometido delitos societarios recogidos en los artículos 290, 291, 292 y 293 del código penal y delitos de falsedad documental contemplados en el artículo 390.

Las penas que se reclaman, en el caso de algunos dirigentes como el presidente, sumarían un máximo de 12 años de cárcel, según consta en la querella, presentada por el letrado Emilio Alfonso Monzó López en representación de Enrique Manuel Mariner Sanchis, Pablo Mariner Sanchis, Rafael Laborde-Bois Mariner, Mª Sonsoles Laborde-Bois Mariner, Mª Desamparados Martínez Mariner, Ana Mª Margarit Mariner, Mª Eugenia Margarit Mariner, Margarita Esperanza Margarit Mariner, Mª Enriqueta Mariner Domingo, y Mateo Margarit Balaguer.

Según los hechos que se denuncian, en 2011 tuvo lugar una ampliación de capital en la empresa cuyo objeto, "teóricamente", era permitir a la firma afrontar mejor la crisis económica. No obstante, según la querella, aquí "empiezan a aparecer las conductas de una rama de la familia (los querellados) tendentes a apartar de la gestión a los miembros de la otra rama".

El documento detalla que en la emisión de acciones correspondiente a la ampliación de 2011 se establece, tal como recogen los estatutos de la empresa, que el 50% de los títulos -y no otro porcentaje- sería para cada rama de la familia. No obtante, tal requisito no apareció reflejado en la correspondiente acta notarial del 1 de julio de 2011. "Mediante dicho artificio y, amparado por una fe pública que ha sido manipulada para dar apariencia de que plasmaba los verdaderos acuerdos adoptados, se han visto aumentados los derechos políticos de una rama de la familia", recoge el texto.

Tras esta "maniobra" se habría producido otro "engaño" en contra del régimen de transmisión de acciones y del derecho de suscripción preferente: la compra a uno de los querellantes -una persona de avanzada edad, según apuntan fuentes conocedoras del conflicto- de dos minúsculas partes de sus acciones por parte del presidente, Mario Moliner Monleón, y de Enrique Carlos Mariner Monleón, que también se habría hecho con "los derechos políticos de la totalidad de las acciones".

Según reza el texto (que no ofrece detalles sobre los motivos que llevaron a este familiar -ahora querellante- a vender las acciones y los derechos a Mario y Enrique Carlos Mariner -con quienes ahora se querella-) "con dicha ilegal compraventa se altera el equilibrio existente anterior". "Del 50% de cada rama de la familia se pasa a los porcentajes actuales, lo que les confiere una mayoría por escasas décimas. Ello, unido a la cesión de los derechos políticos, es lo que otorga la mayoría necesaria para hacer y deshacer a su antojo", señalan.

"Todo ello pone de manifiesto la existencia de un plan preconcebido por una de las ramas de la familia, tendente a apropiarse totalmente de la empresa familiar en detrimento de los derechos de la otra rama de la familia, realizado de común acuerdo por todos y cada uno de los integrantes de los miembros de la rama ahora querellada", agregan.

Según continúa la querella, tras "apartarlos de la gestión de la empresa familiar", tuvo lugar una maniobra para "apartarlos definitivamente del accionariado": una operación acordeón. Esta, como informó este diario, tuvo lugar en noviembre del pasado 2015 con el objetivo de compensar los fondos propios negativos de la mercantil, según indicó entonces la dirección de la empresa.

La querella indica sobre la operación -consistente en una reducción del capital a cero y un incremento correlativo del mismo- que ésta sólo tuvo por objeto "apartar a una parte del accionariado de la sociedad, así como de privarles de su derecho a voto". En esta línea, los querellantes denuncian que, en la preceptiva junta, manifestaron su oposición "por desconocer cuál es la verdadera composición del accionariado".

"Pusimos de manifiesto nuestra discrepancia por no haber tenido acceso a los documentos que nos permitieran analizar la viabilidad o conveniencia de dicha operación por el ocultamiento de actas y demás documentación", indican.

En consecuencia de todo lo expuesto, los querellantes reclaman, además de la suma de hasta 12 años de cárcel por los diferentes delitos, que se suspendan los acuerdos alcanzados en la junta del 17 de diciembre de 2015 -tras la operación acordeón que les apartó de la propiedad- por haberse adoptado "con una mayoría ficticia, obtenida mediante falsedades en documentos mercantiles esenciales".

"Venganza"

Preguntado al respecto por Valencia Plaza, el director general de la firma, Javier Moreno, subrayó en primer lugar que la querella "todavía no ha sido admitida por el juez", al tiempo que subrayó que la misma "no tiene ninguna base jurídica".

Sobre los hechos detallados Moreno indica que la ampliación de capital de 2011 se realizó con presencia en el consejo de la rama de la familia que ahora presenta la querella. "Todos aprobaron la ampliación y fueron a ella", señala. En la misma línea subraya que las diferencias porcentuales en el capital "cabe achacarlas al capital que aportó cada uno".

Al respecto, el director general se pregunta por qué han esperado tantos años en presentar la querella, y desliza que lo hacen después de que la actual dirección haya enderezado su rumbo tras superar un concurso de acreedores.

A todo esto añade que la querella es además una venganza por la interpuesta anteriormente en sentido contrario, cuando la rama familiar que gestiona la mercantil hizo lo propio contra un miembro de los ahora querellantes. El conflicto entonces fue la creación de una firma llamada Mariner Estudio, nombre que tuvieron que dejar de utilizar tras un acuerdo entre las partes, según Moreno.