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un modelo avalado por Ribó

Inspección de Trabajo destapa 429 falsos autónomos en Mercavalència

La Inspección libra de multa a Mercavalencia por ser una empresa semipública, pero le impone abonar alrededor de 7,5 millones de euros en cuotas a la seguridad social

6/07/2018 - 

VALÈNCIA. El esperado informe de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo sobre la cooperativa de trabajo asociado Work Man ACP de Mercavalència confirma la tesis defendida por el sindicato UGT-PV y por la Seguridad Social sobre las irregularidades laborales en el servicio de matadero y despiece de carne del mercado de abastos de València. La Inspección considera que dicha cooperativa opera con "carácter ficticio" para "eludir el cumplimiento de las obligaciones de alta en régimen general y cotización por parte del empleador según las normas del convenio colectivo sectorial", y además subraya que este modelo de falsos autónomos ha afectado a un total de 429 trabajadores en el periodo de cuatro años que ha abarcado la Inspección.

La resolución, emitida con fecha de 27 de junio del 2018, interpreta que la cooperativa no funciona realmente como una asociación de trabajadores que pretende satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, con gestión y funcionamiento democrático por parte de sus integrantes, sino que se trata de un instrumento de Mercavalència para eludir la obligación de cotizar en régimen general de las personas trabajadoras de la misma.

Las irregularidades que subraya el informe son varias. Inspección de Trabajo afirma que Mercavalència es quien da las ordenes de trabajo a los miembros de la cooperativa de forma irregular, y que tales órdenes fijan el horario, los días de trabajo, la calidad del producto y hasta cómo se debe trabajar. Además, el organismo pone de manifiesto que 19 trabajadores de la cooperativa han compartido actividad: por la mañana en la cooperativa y por la tarde en la empresa principal, con jornadas irregulares de hasta 16 horas.

La Inspección cifra en 429 las personas que han estado en esta situación irregular en el periodo de cuatro años analizado. 250 son trabajadores a día de hoy, y el resto son personas que han pasado por esos puestos de trabajo a lo largo de los mencionados cuatro años. "Por todo ello, y dado que la empresa no dio de alta a la Seguridad Social, se ha levantado acta de liquidación de cuotas para estas personas, en función del periodo que hayan estado contratadas y con carácter retroactivo", afirma al respecto UGT-PV. La absorción de estos 250 puestos de trabajo dispararía un 330% la plantilla de Mercavalència, tal y como detalló este periódico.

Mercavalència no será multada por esta cuestión por ser una empresa semipública (el 51% es del Ayuntamiento de Valencia y el 49% de la empresa privada Mercasa). No obstante, el coste que van a tener estas irregularidades supondrá un duro golpe para las cuentas de la firma, que tendrá que abonar unos 7,5 millones de euros en cuotas a la Seguridad Social. "Los socios trabajadores cedidos ilegalmente a Mercavalència deben disfrutar de los derechos del estatuto de los trabajadores", afirma al respecto la Inspección, que agrega que tales empleados "deben disfrutar de la garantía de indemnidad", es decir, que no pueden ser despedidos o sufrir perjuicios económicos derivados de estas reclamaciones.

PDF: LAS CONCLUSIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO SOBRE MERCAVALÈNCIA

A propósito del informe de la Inspección de Trabajo sobre la cooperativa de Mercavalència, UGT-PV lamentó este jueves que "estas prácticas fraudulentas con cooperativas de trabajo asociado en el sector cárnico son generalizadas". "Estas fórmulas de trabajo sin derechos abaratan un 30% los costes empresariales y perjudican a la caja de las pensiones. Condenan a los trabajadores y trabajadoras a una flexibilidad total, les privan de sus derechos como trabajadores, del Convenio Colectivo y de disfrutar las bajas adecuadamente remuneradas y el desempleo", detalló la organización, que agregó que "estos falsos cooperativistas tienen que asumir todos los costes de la cotización de autónomos, las herramientas de trabajo y los equipos de protección individual, y además deben de pagar una cuota adicional a estas falsas cooperativas".

Por todo ello, UGT-PV pide al Ayuntamiento de Valencia y a Mercasa que "reconsideren su decisión y den ejemplo a todas aquellas empresas donde ha actuado la Inspección". "Pedimos que asuman la regularización de estos falsos autónomos, como otras empresas privadas ya han empezado a asumir", afirmó el sindicato, que explicó que el consistorio se enfrentará ahora a la disyuntiva de acatar el criterio marcado en el informe o recurrirlo, lo que llevaría el conflicto a un Juzgado de lo Social.

Ribó y Galiana hicieron suyo el modelo del PP

El sindicato llevó ante Inspección de Trabajo la situación laboral de los trabajadores de la cooperativa de trabajo tras advertir sin éxito tanto al concejal de Mercados y presidente de Mercavalència, Carlos Galiana, como al propio alcalde de València, Joan Ribó, de que la relación laboral con los trabajadores a través de la subcontrata -un modelo heredado del PP que se disponían a prolongar en el tiempo- era irregular.

Según relató UGT-PV en un escrito remitido a este diario, tanto la empresa como el Ayuntamiento de València "gestionaron mal esta cuestión desde el principio". "En primer lugar nos dijeron que no reconocían a la Sección Sindical porque la formula cooperativa no permite que esta figura porque carece de amparo legal", recuerdan, y agregan que siguieron solicitando reuniones para hablar de cuestiones como el calendario laboral, la prevención de riesgos laborales o la indumentaria de trabajo. "Al principio ni nos contestaron", lamentan.

Carlos Galiana y Joan Ribó. Foto: MARGA FERRER
"Los trabajadores estaban desesperados, ya que mes a mes estaban cobrando menos y con mas presiones porque estaban afiliados al sindicato, y además un compañero sufrió un accidente de trabajo grave. Como no podía ser de otra manera, lo denunciamos entonces ante la Inspección. No nos dejaron otra opción que movilizarnos. Convocamos una concentración en la puerta del Ayuntamiento de València, y ese día fue cuando por fin concertamos una reunión con el concejal", concretan.

No obstante, UGT denuncia que después se encontraron con un escenario de "inmovilismo" que les llevó a convocar una huelga. "Solo ante esta convocatoria recibimos la llamada tanto del abogado de Work Man como la del concejal Carlos Galiana, y en el paso obligatorio por el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) desconvocamos la huelga, ya que llegamos al acuerdo de abrir una mesa de negociación para tratar la aplicación de condiciones del convenio colectivo de cárnicas y la puesta a disposición de Epis y ropa de trabajo", desgranan.

Pero los pliegos se publicarían hasta en dos ocasiones  -al quedar desierto en una primera convocatoria- y en ambos casos sin que se cumplieran los requisitos que pedía UGT-PV para evitar las irregularidades. Además, la ansiada reunión con el ayuntamiento no se produciría hasta el pasado 9 de febrero de 2018. Fue en alcaldía, con el alcalde, Joan Ribó, y el concejal Galiana. "Nosotros volvimos a plantear nuestras reivindicaciones y ellos nos plantearon darnos soluciones, pero no hicieron nada. La siguiente noticia fue el acta de Inspección de Trabajo", cuentan.

Por su parte, fuentes de Mercavalència trasladaron recientemente a Valencia Plaza que el modelo escogido de cooperativa de trabajo asociado era el ideal para gestionar el matadero. "Al ser un negocio que fluctúa mucho es mejor recurrir a esta fórmula que despedir a trabajadores continuamente cuando cae la actividad. Estas cooperativas permiten mover a la gente de un matadero a otro para que mantengan la actividad", defendieron. En la misma línea, agregaron que otros mercados de abastos de España operan con la misma fórmula y que, de hecho, "Mercavalència ofrece mejores condiciones laborales que otros". 

Ciudadanos lleva de nuevo el asunto al Pleno 

En el último pleno municipal, los tres partidos del Gobierno Municipal (Compromís, PSPV y València en Comú) se aliaron con el PP para tumbar una moción de Ciudadanos que proponía acatar el veredicto de la Seguridad Social -ahora refrendado por la Inspección de Trabajo- e incorporar a los 250 trabajadores a la plantilla de Mercavalència. En lugar de hacerlo aprobaron una moción alternativa que se limitaba a anunciar una "auditoría laboral" con el compromiso de regularizar la situación de los trabajadores "en el caso de que se corroboren los hechos que manifiesta la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social".

Al respecto, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, exigió este jueves de nuevo al alcalde Joan Ribó "que asuma la resolución de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social sobre Mercavalència y regularice a los 250 trabajadores". En esta línea, Giner, junto al concejal Manuel Camarasa, anunciaron que llevarán de nuevo este asunto al pleno que se celebrará el próximo 26 de julio, tal y como ya hicieron en junio.

Giner (derecha) dirigiéndose a Ribó en el pleno municipal. Foto: MARGA FERRER
"A día de hoy Ribó aún no ha dado explicaciones por la situación irregular en Mercavalència. Tener 250 ‘falsos autónomos’ debería avergonzar al alcalde y, sin embargo, parece que lo que ha pasado no va con él", criticó el portavoz de Cs, que recordó que el pasado 1 de junio su grupo solicitó "una reunión urgente con el alcalde para que éste explicara lo ocurrido en Mercavalència y sus planes para abordar la situación", una petición a la que Ribó "ni siquiera contestó".

"Ribó debe asumir su responsabilidad y tomar cartas en el asunto, más cuando existe una resolución que acredita que los trabajadores en cuestión son ‘falsos autónomos’ e insta a corregir esta situación y a que sean reconocidos como trabajadores con todos los derechos previstos en el artículo 4 del Estatuto de los trabajadores", subrayó Giner.

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