Jorge Rodríguez, trasladado a la Diputación de Valencia para continuar con las actuaciones de la operación Alquería

VALÈNCIA. El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido trasladado por la Policía Nacional a la sede de la corporación para continuar con las actuaciones de la operación Alquería, tras su detención a primera hora de este miércoles y los registros en viviendas particulares y edificios públicos en València y Ontinyent, localidad de la que es alcalde.

Rodríguez ha sido conducido de Ontinyent a València en un coche gris que sobre las ocho de la tarde ha llegado junto otros tres al edificio de la Diputación, en la plaza de Manises, donde ha entrado custodiado por agentes de la UDEF por la puerta trasera. El viernes previsiblemente pasará a disposición del juez instructor de la causa, según ha informado el alto tribunal valenciano.

Su llegada se ha producido después de que el Juzgado de Instrucción número 9 de València haya coordinado durante esta jornada la operación, que se ha saldado con la detención de Rodríguez y de dos asesores y tres altos cargos de Divalterra, empresa pública dependiente de la Diputación dedicada al desarrollo socieconómico de los municipios de la provincia.

La causa, abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos se inició en 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra (antigua Imelsa) en 2015. Las diligencias están secretas.

Además del presidente de la Diputación, han sido arrestados el asesor Manuel Reguart, el jefe de gabinete, Ricard Gallego, el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, y los dos directores gerentes de esta empresa pública, Xavier Simó y Agustina Brines.

Registros en sedes y viviendas particulares

En el marco de este operativo, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal han practicado a lo largo de este miércoles registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra.

El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en cuatro viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros tres investigados.

En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid.