Hoy es 15 de agosto
El organismo jurídico augura un choque con el Gobierno de España como el del decreto Buch, que tuvo que ser rebajado para evitar un recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo
VALÈNCIA. La Abogacía de la Generalitat se vuelve a cruzar en los planes del Consell para restringir la apertura de los grandes comercios los domingos y festivos en la Comunitat. En mayo de 2016 un informe del organismo llevó a la entonces secretaria autonómica de Economía, María José Mira, a estimar los recursos de grandes establecimientos contra el recorte aplicado en València y Alicante por el propio Consell. En consecuencia, fueron restauradas en ambas ciudades las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de la era del PP -áreas que gozan de libre apertura dominical-. Ahora, año y medio más tarde, el departamento jurídico se pronuncia de nuevo en contra de la restrictiva hoja de ruta de la conselleria.
Se trata de un informe de julio de este año -al que ha tenido acceso Valencia Plaza- sobre la propuesta de modificación de la Ley de Comercio que el Consell quiere incluir en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2018. En la disposición transitoria cuarta de esta propuesta la Dirección General de Comercio habilita un mecanismo para restringir las actuales zonas de libertad horaria, que consiste en limitar su vigencia a un periodo de cuatro años que, además, podría ser inferior si los Ayuntamientos -o incluso el propio Consell- instan a su reducción o eliminación.
Pero la Abogacía le advierte de que introducir un plazo máximo de vigencia a estas Zonas de Gran Afluencia Turística declaradas con anterioridad supondría actuar "con carácter retroactivo". "El problema que plantea la transitoria es la aplicación de este plazo a las zonas ya declaradas con anterioridad a la vigencia de la norma, bajo un régimen jurídico en el que tal plazo no existía", subraya el departamento jurídico.
Además, la Abogacía augura que, en caso de que la Dirección General de Comercio mantenga su hoja de ruta, su fórmula para suprimir las actuales zonas de libre apertura en domingo chocará con el criterio del Gobierno de España, tal y como ya ocurrió con el decreto del exconseller Máximo Buch, que incluyó una herramienta similar que tuvo que ser rectificada.
Según recuerda el departamento jurídico de la Generalitat, la inconformidad del Ejecutivo le llevó a abrir una Comisión Bilateral para pactar un texto y evitar así un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno. Según recoge el informe de la Abogacía, en aquella comisión el Estado manifestó lo siguiente sobre la intención del Consell acotar la duración de las ZGAT: "Supone introducir un plazo de caducidad en las declaraciones que están en vigor y que no existía previamente, que genera, en definitiva, una situación jurídica desfavorable para el operador, al que ya se le habían generado unas expectativas de derecho".
Además, se da la circunstancia de que el Consell acató esta demanda del Gobierno, y que precisamente, lo hizo durante la presente legislatura, con Natxo Costa (Compromís) al frente de las competencias de Comercio.
El dictamen de la Abogacía de la Generalitat no tiene carácter vinculante, pero se trata de un criterio jurídico al que, además del Estado, podrían acogerse las empresas y los establecimientos perjudicados por la medida para recurrir contra la ley que prepara el Consell.
El texto juzgado por la Abogacía no es todavía el definitivo, pero supone un golpe a la estrategia del Consell para recortar las actuales ZGAT y una clara toma de posición de la Abogacía, que viene a afirmar que las zonas liberalizadas que el actual Consell heredó del PP son intocables en términos jurídicos. Se da la paradoja de que los problemas legales que encuentra ahora el Consell se producen cuando Comercio sí ha logrado perfilar un complejo acuerdo con las grandes asociaciones del sector para sellar la compleja pugna entre grandes y pequeños comerciantes por abrir y cerrar los domingos y festivos.