VALÈNCIA, (EP/M.G.). Primero que sí, y luego que no. La elección del futuro director de la agencia antifraude se ha convertido en un dolor de cabeza para Ciudadanos. El lunes el grupo de los naranjas en Les Corts admitía que no sabía a cuál de los dos candidatos votaría, pero que apoyaría que la elección pasara al pleno del 24 de mayo tal y como se plantearía este martes en la junta de síndics. Sin embargo, una vez en esta reunión, el partido del que ahora es portavoz Mari Carmen Sánchez, dio un paso atrás e intentó retrasar la votación al mes de junio.
Los motivos, según la nueva portavoz, evitar que la votación pudiera quedar "encallada" como ya ocurrió con las elecciones de otros órganos como el Consell Jurídic Consultiu, que sigue por renovar. Además, acusó a Podemos de querer abordar el tema con demasiada celeridad, pese a que la ley de creación de la Oficina se aprobó en noviembre y los aspirantes comparecieron el 28 de abril ante la comisión correspondiente de Les Corts. Es decir, los trámites parlamentarios necesarios para que se ponga en marcha ya están acometidos, sólo falta un director.
Y, a lo paradójico de la justificación –que para que algo no se atasque, decida aplazarse en el tiempo–, Sánchez afirmaba que su decisión respondía a querer disponer de tiempo para que los grupos tomaran "posturas de manera más reposada". No obstante, todas las fuerzas políticas menos Ciudadanos, tienen claras sus apuestas.
PSPV, Podemos y Compromís aseguraron, primero en declaraciones a Valencia Plaza, y después en la rueda de prensa de este martes, que apoyarían al candidato de "mayor consenso", el abogado Joan Llinares. El PP, por su parte, declaró que no apoyaría ni a este ni al periodista Sergi Castillo.
Con las fichas sobre el tablero, de nuevo Ciudadanos vuelve a resultar clave para que el candidato que suma mayoría de la cámara salga electo. Sin embargo, la indefinición que evidenció en la rueda de prensa Sánchez es precisamente la que puede derivar en un bloqueo de la elección. Son necesarios los tres quintos de la Cámara -59 votos- y el tripartito suma 54 escaños, con lo que de no apoyar los naranjas -o al menos parte de ellos- Llinares no saldría adelante.
Por otra parte, desde Podemos presentaron dos escritos a la Mesa de las Corts, uno de ellos para que la ubicación de la agencia antifraude sea en las mismas instalaciones de la Cámara, y otro para que el edificio en la calle Conde Trénor que se había planteado para dicha agencia -que según la formación morada no se podrá utilizar puesto que tiene uso de vivienda- sea cedido a la PAH y a CEAR de manera que, de forma temporal, personas afectadas por los desahucios o refugiados puedan habitar en él.
El portavoz de los morados en el Parlamento valenciano, Antonio Montiel, explicó que en los edificios de las Corts, como el propio palacio o el antiguo edificio de los grupos parlamentarios, hay "espacio suficiente" para acoger la agencia antifraude, por lo que "se podría redistribuir" y "reasignar mejor" los despachos sin necesidad de obras para que el recinto de la cámara acoja las oficinas de la agencia.
"Ya hay seguridad, no habría que contratar nuevas altas de luz o agua", defendió Montiel, quien apuntó que "tras seis meses esperando un informe sobre las condiciones de habitabilidad del edificio en Conde Trénor" por parte de las Corts, la formación ha averiguado que la licencia de este inmueble tiene uso de vivienda, por lo que ubicar ahí las oficinas "plantearía un grave problema" en el acondicionamiento de la planta baja y en caso de necesitar los pisos superiores.
"No entendemos cómo ha podido permanecer 10 años sin uso", criticó Montiel, para recordar momentos después que el inmueble fue adquirido por la Generalitat para el uso de las Corts Valencianes. "Es un despilfarro no aprovechar ese recurso", comentó.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"