El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: DANIEL DUARTVALÈNCIA. El pasado 25 de mayo, Les Corts elegían -con la abstención del PP- a Joan Llinares como el director de la Agencia Antifraude. Una Oficina, demandada por Podemos, adscrita a la Cámara valenciana encargada de "prevenir y erradicar el fraude, además de la corrupción de las instituciones públicas valencianas". Un mes después de resultar electo, Llinares tomaba posesión del cargo y la Cámara valenciana le cedía un despacho para que éste pudiese comenzar con su nueva labor.
Con el inicio del curso político y la intención de "arrancar" este nuevo ente, el 18 de septiembre se cierra el plazo del primer proceso de selección. Una convocatoria de 21 plazas para funcionarios de carrera que está previsto que comiencen a trabajar en octubre.
Mientras, la Agencia recibe ya denuncias -sobre todo de ayuntamientos de poblaciones pequeñas, donde los interventores tienen más problemas para detectar malas praxis por la sobrecarga de trabajo- en las que trabaja Llinares. En su despacho provisional en Les Corts, el director de esta oficina criba las denuncias válidas de aquellas que no lo son. En este tiempo, además, ha mantenido reuniones con fiscales, con los grupos parlamentarios para agradecerles su elección, o con la Conselleria de Transparencia, con quien dice estar en contacto desde el primer día para coordinar su labor y no solapar sus competencias.
No obstante, el funcionamiento regular de la Agencia se complica por la falta de una sede. Sin ubicación definitiva, esta primera tanda de personal -la plantilla total está cifrada en 30 personas- no tiene unas instalaciones en las que poder trabajar. Por lo que las primeras denuncias en las que ya trabaja Llinares no podrán resolverse hasta que se conforme el equipo jurídico, que será el encargado de resolver si las prácticas son sancionables o no y en qué medida. Según fija la normativa del ente, las multas económicas pueden oscilar de los 200 a los 400.000 euros dependiendo de su gravedad.
La ubicación de la Agencia Antifraude ha sido desde que se aprobara la ley de creación del órgano, un punto de desacuerdo entre los distintos grupos parlamentarios. Durante un tiempo se barajó que la Oficina desarrollase su actividad en un edificio contiguo al parlamento valenciano -concretamente en Conde Trénor, 6-. Sin embargo, Podemos declinó que se instalara allí tras estar seis meses a la espera de un informe técnico encargado a la Mesa de Les Corts en el que se debía definir la idoneidad o no de ese espacio.
Antes de obtener respuesta alguna, los morados presentaron un escrito renunciando al inmueble, que costó 3,6 millones y que lleva inutilizado desde hace 10 años. Los motivos: la licencia de primera ocupación limitaba su uso a vivienda, por lo que con la normativa urbanística no era posible cambiar el uso.
La segunda opción, que se emplazara en un espacio contiguo a Les Corts, también habría quedado descartada por la rehabilitación que requeriría. La reforma de las instalaciones tardaría al menos dos años, un tiempo perdido inviable si se quiere poner en marcha en esta legislatura agencia de nueva creación. Y tampoco las dependencias del propio parlamento valenciano sería una solución viable, ya que el amplio número de personal no tendría cabida.
Así, la solución se encontraría en unas dependencias habilitadas, que no requirieran una gran intervención para ser acondicionadas. De momento, se mantiene contactos informales con la Conselleria de Hacienda, de quien depende la gestión de Patrimonio, y con el Ayuntamiento de València, que habría ofrecido un edificio en el barrio de El Cabanyal que agrada la formación morada.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
