El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: DANIEL DUARTVALÈNCIA. La búsqueda del Consell -en concreto de la Dirección General de Patrimonio- y de Les Corts de un edificio público en el que ubicar a la Agencia Antifraude para que pueda comenzar a desarrollar su actividad con normalidad ha sido, de momento, infructuosa. Tras más de seis meses de espera, la oficina que dirige Joan Llinares, que tiene como misión prevenir el fraude y la corrupción en la administración valenciana, ha tomado la decisión de recurrir al alquiler privado.
¿Los motivos? El personal que consiguió una plaza para trabajar en este órgano no ha podido incorporarse al completo porque la Oficina no cuenta con espacio suficiente para acogerlos. Desde que Llinares tomó posesión como director el pasado mes de junio, se ha tenido que instalar en un espacio provisional cedido por Les Corts. Un pequeño habitáculo contiguo a la sala donde se reúne la Junta de Síndics que comparte con seis de los 21 funcionarios de carrera que resultaron electos en el proceso de selección de plantilla. Entre ellos se encuentran: una jefa de gabinete, una directora de asuntos jurídicos, un administrador, una jefa de la unidad de gestión económica, un jefe de servicio de informática, y el jefe de unidad de sistemas, delegado, además, de protección de datos.
El resto de personal, sin embargo, está a la espera de poder incorporarse, ya que, a día de hoy, tan solo disponen de dos ordenadores sobremesa y dos mesas de despacho. Insuficiente material y espacio para una plantilla que debe llegar a las 30 personas. Tampoco para que el propio director de la agencia pueda atender o recibir a los denunciantes con la confidencialidad que lleva intrínseco su cargo.
Hartos de esta espera, el pasado mes de octubre la Agencia inició la búsqueda de una ubicación. Redactó un pliego de condiciones que presentó a diez empresas inmobiliarias que contaban con oficinas acondicionadas para albergar estos trabajos, con el fin de obtener distintas ofertas.
Entre los requisitos que debe reunir el local que ofrezcan las inmobiliarias se encuentran las siguientes: un mínimo de 400 metros cuadrados habitables y un máximo de 1.000; situado preferentemente en el distrito de Ciutat Vella (centro histórico) para que no esté alejado de Les Corts –órgano al que está adscrito–; que tenga licencia de uso para oficinas, y que reúna las condiciones de "habitabilidad, seguridad y salubridad" que permitan la inmediata entrada del personal.
El próximo día 4 de diciembre finaliza el plazo en el que las inmobiliarias deben presentar sus ofertas. Y, antes de que acabe la segunda semana de dicho mes, la Agencia seleccionará una de ellas para suscribir un contrato de alquiler. La intención, indican desde la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude, es trasladarse el 1 de enero de 2018, ya que el día 8 se incorporará el resto del personal que falta.
El debate sobre las posibles ubicaciones que podía tener la Agencia Antifraude comenzó meses después de aprobar la ley de creación del ente adscrito al parlamento valenciano. Desde el principio fue un punto de desencuentro entre los distintos grupos parlamentarios.
Durante un tiempo se barajó que la Oficina desarrollase su actividad en un edificio contiguo la Cámara valenciana -concretamente en Conde Trénor, 6-. Sin embargo, Podemos declinó que se instalara allí tras estar seis meses a la espera de un informe técnico encargado a la Mesa de Les Corts en el que se debía definir la idoneidad o no de ese espacio.
La segunda opción, pasaba por que esta se emplazara en un bajo contiguo al parlamento valenciano, pero también quedó descartada por la profunda rehabilitación que requeriría, puesto que retrasaría más de un año la entrada a estas dependencias. La historia se repitió también con la tercera y cuarta opción: una sede en el barrio de El Cabanyal que agradaba a la formación morada y la antigua sede de la Conselleria de Bienestar Social en el número 80 de la calle Colón.
Tampoco la Agencia Antifraude ha recibido la respuesta que esperaba por parte del Consell a su petición de cambiar su estatus y, por lo tanto, modificar la ley que Les Corts aprobaron en noviembre de 2016, pues el ejecutivo valenciano ha desestimado este ruego. En el razonamiento de esta solicitud, Llinares detallaba algunas de las incongruencias que se daban entre la redacción de la norma y las competencias que la agencia tiene atribuidas. Como ejemplo, que sea un órgano que actúa con independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones y sin embargo esté sometida "al régimen de intervención general de la Generalitat". Coyuntura que no salvaguarda su independencia ante las posibles presiones de un gobierno.
A pesar de este revés, la Agencia espera con esperanza la contestación a otra de sus peticiones: que se reserve el remanente del presupuesto de 2017 para el próximo ejercicio tal y como queda contemplado para otros organismos en la disposición adicional primera de la ley de Presupuestos de 2018. El visto bueno a este otro requerimiento, permitiría que a los 2,8 millones de euros previstos para el próximo año, se sumara casi la totalidad de los 1,5 que tuvieron en este ejercicio. La partida apenas se ha ejecutado debido a los retrasos para ponerse en marcha y a la escasa ejecución del capítulo 1 dedicado a gastos de personal.
