Uno de los registros por parte de la UCO en el caso Azud. Foto: JORGE GIL/EPVALÈNCIA. La Audiencia de Valencia ha avalado todo el volcado de dispositivos informáticos y de telefonía móvil obrante en el caso Azud, que dirige el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Las defensas de algunos acusados recurrieron el auto en el que se daba entrega de las copias clonadas, el cual ha sido desestimado.
La petición consistía en que se anulara la selección realizada por el juzgado –lo que se conoce como expurgo– de todos aquellos documentos obtenidos mediante el volcado de servidores de ordenadores, discos duros, teléfonos móviles, redes sociales, etc. La solicitud era que se excluyeran de todos los informes policiales y actuaciones al entender que suponía una vulneración de los derechos fundamentales de los investigados.
Así consideró que ocurría el letrado Manolo Mata en el caso de su cliente, el empresario Jaime Febrer, quien sostuvo que parte de la información a la que tuvo acceso era irrelevante para su defensa pero que echaba de menos otra que sí era importante. El abogado se mostró contrario a que fuera la magistrada la que realizara la selección de material.
A ello añadió la petición de tener acceso a conversaciones íntegras de whatsapp y no solo a la selección realizada y manifestó que se daba una "clarísima vulneración" de los secretos comerciales, económicos y de gestión de diversas empresas que aparecen en la causa.
La Audiencia ratifica lo expresado por la jueza, quien respondió que se había seleccionado el material útil para la instrucción y que aquello desechado lo fue por la carencia de relación con los hechos penalmente relevantes. A lo cual añade que si algún abogado echa de menos material lo puede incorporar a la causa. Además, indica que la defensa de Febrer no concreta en qué se ven concretamente vulnerados los derechos fundamentales.
Tanto la Audiencia como la magistrada inciden en que las copias clonadas sólo se entregaron a los interesados respecto a sus clientes para evitar la vulneración del derecho a la intimidad y deniegan la petición de acceder a los whatsapps íntegros porque la información incorporada a la causa es la relevante. Con todo ello, la Audiencia no ve motivos para la anulación del volcado y su entrega ni tampoco cree que exista ningún quebranto de la regularidad procesal.
Así como han desestimado esta pretensión, los magistrados sí admitieron otro recurso de las defensas de los acusados contra la petición del juzgado de una pericial a la Cátedra Deblanc, de la Universitat de València. La jueza de Azud solicitó un informe sobre la contabilidad del Ayuntamiento de València y la deuda contraída como consecuencia de varias resoluciones judiciales y la forma en que se llevó a cabo el cambio de calificación de una serie de parcelas, su posterior enajenación y su reflejo contable. Y todo ello en relación a una de las "tramas de corrupción" de la mercantil Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI) con autoridades y funcionarios del Ayuntamiento por la que la empresa habría adquirido tres parcelas propiedad del consistorio "causando un grave perjuicio a los intereses generales".
La Audiencia señaló que la diligencia ofrecía "visos de pretensión prospectiva de investigación" y que no pretendía "corroborar un ilícito incipiente, sino tratar de descubrir si lo pudo haber y con ello apuntalar otro posible ilícito, no justificado, sobre la decisión de venta de las parcelas para pago de deuda".
