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también detecta excesos presupuestarios en la retribución al personal

La auditoría del Hospital General alerta de facturas en el cajón por valor de 3 millones de euros

26/09/2017 - 

VALÈNCIA. El Hospital General de València dejó facturas en el cajón por valor de 3,01 millones de euros en 2016. Así lo recoge la auditoría financiera realizada por Gesem Auditores y Consultores que acompaña a las cuentas anuales del consorcio, participado por la Generalitat Valenciana y la Diputación de València. Más de tres millones en facturas del ejercicio que no se contabilizaron y, por lo tanto, no se incluyeron como gasto.  

A pesar de la consideración realizada por el auditor, que ha incorporado alegaciones de la gerencia de forma parcial al informe, desde el hospital aseguran que este hecho va vinculado a la periodicidad con la que se reciben estas facturas y se contempla incluirlas en 2017. "Es un deslizamiento del gasto de un ejercicio a otro", señalan desde la gerencia. A pesar de ello, el auditor no ha aceptado la explicación, insistiendo en que debería sumarse esta cantidad al importe de acreedores en el balance y que deberían haber contabilizado en el ejercicio 2016. 

Este no ha sido el único reproche a las cuentas presentadas por el departamento liderado por Enrique Ortega. El auditor manifiesta que éstas han sido formuladas por el Jefe del Servicio Económico Administrativo, "sin competencias suficientes para este fin", y además fuera del plazo establecido en el artículo 7.3 de los Estatutos. 

Desde la gerencia del hospital señalan que las cuentas en papel han sido firmadas tanto por el director económico como por el director gerente del hospital, que son las personas con competencia suficiente. "Lo que ocurre es que en el envío telemático va la firma digital del jefe del servicio económico administrativo", manifiestan.

Exceso de un millón de euros en retribución al personal

No es la primera vez que en el Hospital General de València se detectan obligaciones por importes significativos sin cobertura presupuestaria, como ya advirtió la Sindicatura en 2015. En esta ocasión la partida que se ha excedido es la de retribuciones complementarias del personal laboral fijo. El importe de más es de un millón de euros respecto a lo aprobado por el Consejo de Gobierno para el año 2016. Esto podría deberse al incremento de las retribuciones por el incremento del autoconcierto, una fórmula utilizada para reducir las listas de espera quirúrgica que aumenta las operaciones ampliando la frecuencia en el propio hospital.

Tampoco está de acuerdo el auditor con el párrafo de las cuentas anuales donde la gerencia señala que no se garantiza el "principio de continuidad del consorcio". Esto se debe, según recoge, a que la Diputación de València ya tiene aprobada en su presupuesto para el ejercicio 2017 una transferencia al Consorcio por importe de 106,3 millones de euros -que proviene del Estado- y la Generalitat Valenciana ya tiene resuelta la financiación capitativa para el Consorcio de 114,9 millones de euros. 

"La continuidad del Consorcio queda garantizada con el apoyo financiero institucional". Sin embargo, desde la gerencia del hospital creen necesario un saneamiento financiero y una recalificación de la deuda. Cabe destacar que las cuentas del Hospital General de València han mejorado significativamente. Mientras que en 2014 el recorte de la financiación le generó un agujero de 31 millones, en 2015 consiguió reducirlo hasta 9 millones mientras que en 2016 ha minorado hasta 363.353,40 euros, a falta de subsanar las salvedades.

Respecto a la fórmula de financiación del consorcio, cabe recordar que la dirección pidió integrarse definitivamente como hospital de la Generalitat pero los 106,3 millones que el Estado ingresa por su figura de consorcio hace que la Conselleria de Sanidad no se decida a dar el paso. Esto fue criticado por los trabajadores, quienes vieron a principios de año como se les homologaban los salarios con el personal dependiente de la Generalitat -en algunos casos siendo congelados- pero no se les permite tener las mismas condiciones jurídicas que el resto de trabajadores de la red pública.

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