La central de compras B2b, nuevo motivo de desencuentro entre Montón y Ribera Salud

VALENCIA. Las pésimas relaciones entre la consellera de Sanidad, Carmen Motón, y la principal concesionaria de hospitales públicos, Ribera Salud, tiene un nuevo ingrediente que alimenta el enfrentamiento: el papel de B2b Salud, la central de compras del grupo participado al 50% por Centene y Sabadell.

El diario El Español publicó este miércoles que las concesionarias que controla Ribera Salud -que actualmente gestionan las áreas de Alzira, Torrevieja y Elche- desvían desde hace años parte de sus ingresos a B2b Salud, filial del grupo al 100%, de manera que "beneficios millonarios" no se incluyen las cuentas de resultados de las empresas concesionarias, que tienen limitado por contrato su beneficio anual al 7,5% de la TIR (tasa interna de rentabilidad).

La forma de hacerlo es la siguiente: B2b Salud negocia buenos precios para sus asociadas, como hace cualquier central de compras, los laboratorios venden y facturan a las concesionarias a esos precios pero es B2b Salud la que después factura rappels -descuentos en función del volumen alcanzado- a los laboratorios. De esta forma, esos ingresos que mejoran los resultados van al grupo Ribera Salud, pero no a las concesionarias que tienen limitado el beneficio.

Frente a ello, fuentes de la compañía que dirige Alberto de Rosa aseguran que el funcionamiento de B2b Salud, creada en 2009, es "similar a otras centrales de compras sanitarias existentes" y admiten que los rappels funcionan así, en lo que sería una compensación a B2b Salud por la consecución de un mejor precio. Sin embargo, niegan que se haga "a espaldas de la administración" y que la intención sea no alcanzar la TIR máxima autorizada, de la que aseguran estar "muy lejos". De hecho, afirman, si se incluyeran los rappels en las cuentas de cada concesionaria seguirían lejos del tope máximo de beneficios.

Ribera Salud refuerza su argumento dándole la vuelta a otra información desvelada en el mismo artículo de El Español. Según señala el diario y corrobora la empresa, unas 70 personas del grupo Ribera Salud que trabajan presencialmente en los hospitales públicos están en nómina de B2b Salud. Se trata de personal de los departamentos de Sistemas y Recursos Humanos, servicios que se han centralizado y se prestan a través de la filial de compras, a la que cada hospital paga 18.000 euros al año. Esta práctica, al contrario que la de los rappels, aumenta los beneficios de las concesionarias y reduce el de B2b Salud, que gasta en nóminas unos 2 millones de euros.

Requerimiento de Sanidad

Lo cierto es que estas prácticas contables se hacen sin que las conozca la Conselleria de Sanidad, al menos, la que dirige Carmen Montón desde julio de 2015. De ahí que la propia consellera reaccionase con indignación a la información publicada y pidiera explicaciones a Ribera Salud.

Sanidad Universal envió un requerimiento a la empresa en el que solicita que, en el plazo de 15 días, le remita el contrato entre B2b Salud y la concesionaria de Alzira; información sobre el volumen de operaciones de compra realizados a través de esta filial en 2014 y 2015; el detalle sobre qué tipo de productos adquirió, farmacéuticos, material sanitario, alta tecnología o material de soporte; copia de las facturas de los proveedores por esas compras; copia de las facturas de las comisiones percibidas por B2b Salud de la concesionaria por la gestión de esas compras, e información sobre si esta filial ha recibido de los proveedores "abonos o comisiones" por las ventas efectuadas a las concesionarias.

Además, pide a la empresa que le envíe una relación nominal de trabajadores que figuran en nómina de B2b Salud y prestan servicios en esa concesión.

Montón afirmó en Les Corts que esta noticia "viene a determinar y a constatar la falta de control por parte del antiguo gobierno del PP", "la opacidad con la cual se ha llevado a cabo el régimen de las concesiones sanitarias" en la Comunitat Valenciana" y "la connivencia que había entre la anterior administración del PP y las empresas" adjudicatarias de la gestión de servicios públicos.   

Carmen Montón, que ha destacado que "esa etapa ya se terminó", ha insistido en el requerimiento de "toda la información" hecho "a la UTE Ribera Salud para clarificar esta situación". La responsable autonómica ha resaltado que "la sanidad, la salud, no puede ser un negocio" y ha subrayado la "apuesta" del Consell actual "por la gestión directa de la sanidad valenciana".

Llueve sobre mojado

Este episodio eleva la tensión entre la consellera y Ribera Salud, que no han tenido una relación fluida desde que Montón llegó al cargo con el objetivo declarado de acabar con las concesiones hospitalarias. Baste decir que la primera reunión entre Carmen Montón y Alberto de Rosa no se produjo hasta ocho meses después del cambio en el Consell, a pesar de Ribera Salud gestiona la atención de cerca de un millón de valencianos. 

Los desencuentros entre ambas partes son numerosos y cada vez menos espaciados en el tiempo:

Poco después de aquel encuentro, del que no hay imágenes, Ximo Puig anunció que había pedido a las consellerias de Sanidad Universal y Hacienda que se pusieran a trabajar para revertir la concesión del área de salud de La Marina, con el Hospital de Dénia, que finaliza en 2024. Y en ello están, según fuentes de la Generalitat, aunque el proceso avanza lentamente.

En el Debate de Política General celebrado el pasado mes de septiembre, Puig anunció que iba a enviar a Ribera Salud la carta en la que le comunicaba que no prorrogaría la concesión del Hospital de Alzira y su área de salud, que vence en marzo de 2018. La carta se envió, seis meses antes del plazo límite para hacerlo.

Pocos días después, Montón decidió empezar a retirar autorizaciones de determinadas especialidades a los hospitales públicos de gestión privada que estaban prestando más allá de su obligación como centros comarcales. Las empresas respondieron presentando recursos.

Entre octubre y noviembre llegó la polémica de las liquidaciones entre Sanidad y las concesionarias -el dinero que se tienen que compensar cada año por pacientes atendidos fuera de su área de salud-, ya que las empresas acusan a la Conselleria de ser la culpable del retraso en las liquidaciones mientras Montón les reclama nada menos que 260 millones de euros.