VALÈNCIA. La patronal autonómica CEV ha alertado este viernes de la "ofensiva" de Compromis y Podemos "contra el libre ejercicio de la actividad empresarial y la competencia" por sus enmiendas a la Ley de Salud de la Comunitat que perjudican directamente al grupo sanitario valenciano Ribera Salud.
Tal y como avanzó Valencia Plaza, Compromís presentó el pasado viernes en Les Corts una enmienda a la citada norma con la que pretende que ninguna persona física o jurídica podrá disponer de más del 40% de las acciones o participaciones de las empresas que gestionan y prestan servicios sanitarios en la red pública de salud. Esta misma semana, Podemos ha presentado una iniciativa también encaminada a limitar el margen de maniobra del operador del conocido como modelo Alzira.
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, se ha reunido este viernes con el consejero delegado de Ribera Salud y presidente de la Comisión de Cooperación Público Privada (CPP) de la CEV, Alberto de Rosa, para escenificar el respaldo de la organización a la empresa ante lo que se interpreta como una iniciativa dirigida a perjudicar al grupo sanitario.
La presentación de las enmiendas, según recuerda la patronal en un comunicado, coincide en el tiempo con el tanteo que lleva a cabo Ribera Salud para hacerse con las acciones de la aseguradora DKV en el Hospital de Dénia, donde Ribera Salud ya dispone del 35% de las acciones de la sociedad Marina Salud, titular de la concesión.
"La enmienda atenta directamente contra el libre ejercicio de la actividad empresarial del grupo y nos sitúa, una vez más, en un escenario de inseguridad jurídica que no pasa inadvertido a inversores foráneos y de la propia Comunitat Valenciana y que en nada beneficia, por tanto, a la mejora económica y social de nuestro territorio", lamenta la organización empresarial.
Además, Salvador Navarro ha insistido en las bondades de la gestión de recursos públicos a través de mecanismos de colaboración público privada. "Un modelo de económico y social sostenible exige el concurso y la participación de la iniciativa privada, más aún en un escenario de restricción presupuestario como en el que nos encontramos y que previsiblemente se alargará en el tiempo", ha asegurado.
En su opinión debe superarse el estigma sobre esta fórmula de gestión que afecta, también, a empresas que gestionan o aspiran a gestionar privadamente servicios públicos. "Al ciudadano lo que le interesa y preocupa es recibir servicios de calidad y no la naturaleza del responsable de su ejecución" asegura Salvador Navarro.
En este sentido, los datos oficiales disponibles hasta ahora sobre el funcionamiento del modelo sanitario concesional en la Comunitat, como la última auditoría de la Sindicatura de Cuentas, "no ofrece duda sobre la eficiencia del modelo para la Administración Pública y la calidad de la atención que reciben los ciudadanos", subraya la CEV.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha rechazado que en la Comunitat exista inseguridad jurídica. Ha destacado que, al contrario, la confianza empresarial "está muy por encima de la de otras comunidades". "Estoy segura de que Salvador Navarro comparte esta opinión conmigo, aunque no lo haya expresado públicamente: hay una seguridad jurídica total", ha añadido Oltra.
"Había inseguridad jurídica cuando a las empresas se les pedían mordidas para instalarse, pero hoy en día cualquier empresario puede instalarse con todas las garantías y las facilidades que esta dando Economía Sostenible. No es casual que haya empresas que decidan poner su sede en este territorio", ha resaltado.
Oltra ha considerado que Navarro "está en su derecho" de realizar esas valoraciones, pero ha explicado que, mientras el Consell defiende "el interés general" la patronal defiende el interés "de determinados grupos empresariales".
"En ámbitos tan delicados como la sanidad y los servicios sociales, lo que ha de estar en el centro es el bienestar de las personas, no el negocio de las empresas privadas. Estamos procurando que en sanidad y servicios sociales, las personas estén en el centro, no las empresas", ha explicado la vicepresidenta, quien ha insistido que el objetivo de la enmienda presentada es que las empresas no tengan "la sartén por el mango".
"Cuando todo está en manos de una empresa, el control lo tiene la empresa, no la administración, ha opinado.