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La década del desenfreno

La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro: el despilfarro no es delito y las responsabilidades de los exdirectivos de Feria Valencia pueden ser administrativas pero no penales. Eso no oculta el escándalo, otro más de cuando la ciudad vivía días de vino y rosas

24/03/2017 - 

VALÈNCIA.- Nada menos que 1.512 euros en taxis, 1.617 con el IVA correspondiente. Y todo en una única factura. Lo más curioso es el concepto: V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Valencia en 2006. ¿Qué relación tenían los directivos de Feria Valencia con el acontecimiento, más allá de que tanto Alberto Catalá —presidente de la institución— como Enrique Calomarde —secretario general— tenían fama de ser personas de profundas convicciones religiosas? Otro dato curioso es que la factura cubre del 1 al 9 de junio, pero el encuentro se celebró el 8 y el 9. Es como si Benedicto XVI hubiera venido desde el Vaticano utilizando este servicio público. Una factura y muchas incógnitas... No es la única. Hay miles de ellas que saldrán a relucir en la comisión de investigación que se ha formado en Les Corts, que comenzó a funcionar el pasado 2 de marzo. 

Los exdirectivos de Feria Valencia gastaron a manos llenas. Durante los doce años en los que Alberto Catalá ocupó la presidencia, él y los demás ‘jefes’ de la institución ferial no repararon en cargar al recinto millones de euros en vuelos en primera, alojamiento en suites, regalos de lujo para políticos o entradas para la Fórmula Uno y los toros. El desenfreno no se detuvo ni siquiera cuando el desplome de los ingresos del recinto ferial por la crisis era ya más que evidente, con el consiguiente perjuicio para sus cuentas. Durante los próximos meses, decenas de políticos, empresarios y ex altos cargos relacionados con la gestión del recinto en la pasada década desfilarán por Les Corts en el intento de aclarar las causas de un hundimiento que se fraguó con la llegada de Catalá a la presidencia y de Belén Juste a la dirección general.

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Alberto Catalá no era un empresario particularmente destacado en València. Su mayor logro fue heredar la firma familiar textil Rafael Catalá SA, fundada a finales del siglo XVIII y que entró en concurso de acreedores casi al mismo tiempo que Catalá tuvo que salir de Feria Valencia por la puerta de atrás. En círculos empresariales valencianos siempre se comentó que si llegó a presidir la institución ferial fue gracias a su mujer, una Luca de Tena, y a la amistad de la familia de esta con José María Aznar. El entonces presidente del Gobierno fue quien intercedió ante la alcaldesa Rita Barberá (amiga personal de los Catalá) para que lo colocara al frente de Feria Valencia.

En 2000, su primer año completo al frente, el recinto facturó 34 millones de euros y ganó 3,7. Solo la todopoderosa Feria del Mueble aportaba por entonces nueve millones de euros en ingresos, nueve veces más que en la actualidad. Durante los ejercicios siguientes, el negocio creció con solidez tanto en metros facturados como en ganancias hasta tocar techo en 2006 con 60 millones de euros facturados y 1,6 de beneficios. La Feria iba como un tiro y lo aguantaba todo. Incluso el desbocado tren de vida de sus jefes, que se emplearon a fondo en exprimir las tarjetas de crédito del recinto.

Aixó ho pague jo!

Las Visas sirvieron para pagar infinidad de comidas y viajes de lujo a Chile, Argentina o China, pero también para agasajar a la presidenta del patronato ferial y alcaldesa de València, Rita Barberá, con bolsos y otros artículos de marcas como Louis Vuitton, Loewe o Hermès. Todo con cargo a Feria Valencia como gastos de representación. Belén Juste utilizó su Visa hasta para pagar el regalo de bodas de José Manuel Uncio cuando este dirigía el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la institución que diseñó la estructura para financiar el faraónico proyecto de ampliación de Feria Valencia con el aval de la Generalitat.

Las tarjetas fueron el broche de oro a la gestión de una institución considerada pública desde hace años pero que siempre se negó a revelar sus cuentas. El número de portadores de una Visa superaba el medio centenar. Entre todos gastaron nada menos que 2,1 millones de euros en lo que parecía ser una carrera por ver quién pasaba más cargos. En esto, como en todo, había categorías. Alberto Catalá se ha llevado injustamente todo el mérito ya que, en sus casi 14 años como presidente, cargó a la tarjeta 340.458 euros. La cifra puede calificarse de austera si se compara con las de Enrique Calomarde, que fue secretario general entre 2000 y 2012 y se fundió 354.870 euros. Lo mismo se puede decir de la exdirectora general Belén Juste. Entre 2000 y 2006 tiró de tarjeta para pagar facturas por valor de 34.866 euros. Su sucesor, Carlos de Vargas, ocupó el cargo entre 2006 y 2012 y casi triplicó la cifra: 92.942 euros. La inflación no explica la diferencia.

Entre los casi 5 gigabytes de documentación y más de 47.000 apuntes de pagos con tarjeta que recibieron los miembros de la comisión de Les Corts sobre Feria Valencia hay cientos de facturas que cabe calificar, como mínimo, de sorprendentes. Solamente en flores —los directivos eran muy aficionados a regalar— da para dos primaveras. Para hacerse una idea del tren de vida de los directivos, Plaza se ha limitado a estudiar la tarjeta de Rafael Catalá entre julio y agosto de 2010, cuando la actividad del recinto ferial (no así la de su expresidente) estaba bajo mínimos. Fueron dos meses ‘normales’ si ese adjetivo puede aplicarse a la gestión de Feria Valencia, que en ese plazo no acogió ni un solo evento.

Así, la primera cuenta del periodo de tiempo analizado está fechada en La Sociedad Fantástica, sita en Bogotá (Colombia) el día 2 de julio y tampoco es particularmente abultada, apenas 47 euros. Hasta el 4 de ese mismo mes, Catalá carga a su Visa un total de 970,79 euros. Destaca el abono del Hotel Estelar, de 628,2 euros. Por suerte para las cuentas de la institución ferial, el coste de la vida en el país sudamericano es bastante menor que en España.

El día 8, Catalá pagó 138,16 euros en el restaurante Morgado de València, en una breve estancia en la ciudad, ya que una semana después su Visa vuelve a dar señales de vida, esta vez en Shanghai. Su periplo en la ciudad más poblada de China es breve; tres días, menos de lo que se tarda en ir y volver. El gasto ascendió a 1.308,65 en cuatro facturas, sin incluir los gastos del viaje.

Lo curioso viene después. El 18 de julio, al día siguiente de la última cuenta en China, hay un cargo de 84 euros en València. La diferencia entre ambas ciudades es de 17 horas. Si a ello se suman las horas de vuelo (al menos, otras tantas), resulta curiosa la prisa que se dio Catalá en reponer fuerzas: no perdonó ni el jet lag. Pequeños detalles como este son los que han alimentado la sospecha de que algunas de las tarjetas pudieran estar duplicadas y que el expresidente de la institución no era el único en beneficiarse de ellas.

El resto del mes presentó pocas novedades, apenas un viaje por el norte de España en el que solo cabe reseñar varios peajes, 361,37 euros en cuatro comidas y otros 322,82 de una noche de hotel en Bilbao. Luego regresó a València y como tanto viajar debió abrirle el apetito se gastó 1.251 euros entre el 28 de julio y el 5 de agosto en comidas (Taberna Alkazar, Kailuze o Askua Grill) a los que cabe añadir 84,78 euros en copas en Le Bistro de Mathew para rebajar.

Si en julio de 2010 se gastó él solo 5.533 euros, en agosto, con media España en su casa y sin vacaciones debido a la crisis, Catalá se superó a sí mismo e hizo pagos por un total de 8.234,18 euros. Entre el 1 y el 21 de agosto pasó trece facturas de hoteles y restaurantes que ascendieron a 3.679,87 euros. Mención destacada merece la de 1.587,29 euros por una noche en el complejo Mas de Canicattí de Vilamarxant (València), un lugar de ensueño para pasar una velada tranquila.

Pero no es que el día 21 el presidente de la Feria dejara descansar su tarjeta, sino que volvió a poner rumbo a la misteriosa Shanghai. Allí se dejó 4.117,49 euros en apenas cinco días. En suma, el directivo de la institución quemó 13.767 euros en uno de los veranos más duros de la crisis y cuando la actividad ferial estaba bajo mínimos. Nadie discute que algunos de estos gastos estaban justificados, pero otros son difíciles de incluir en esta categoría.

Las tarjetas del secretario general, Enrique Calomarde, también registraron una actividad particularmente intensa el verano de 2010, el año en el que se ejecutó el primer ERE y las pérdidas de Feria Valencia se dispararon. Calomarde. Solo en julio cargó 5.000 euros a sus dos tarjetas. Destacan los pagos y retiradas de efectivo en Bogotá y varios gastos en Shanghai, como una factura de hotel de 2.287 euros. Al mes siguiente, Calomarde gastó algo más de 4.000 euros, la mayoría en hoteles y restaurantes en San Salvador y San José de Costa Rica. 

Ajenos a la crisis

El lujoso tren de vida no se detuvo ni siquiera ante los primeros síntomas de estancamiento del negocio. En 2007, por primera vez en varios ejercicios, la facturación de Feria Valencia bajó respecto al año anterior. No obstante, ese mismo año Alberto Catalá y Carlos de Vargas, quien había sustituido a Belén Juste en la dirección general un año antes, aprobaban un plan de internacionalización a cinco años con veinte millones de euros de presupuesto. Las primeras acciones previstas incluían la organización de certámenes en Moscú o el impulso de un recinto ferial en Costa Rica.

Al año siguiente, durante el congreso nacional del PP celebrado en sus instalaciones, los directivos de Feria Valencia volvieron a tirar de tarjeta para agasajar a su cliente con botellas de brandy, combinados de Beefeater y bandejas de jamón de Jabugo. De Vargas gastó 4.500 euros en invitar a comer a varios dirigentes del partido como gastos de representación. A pesar de todas esas atenciones recibidas en el multitudinario congreso celebrado para apuntalar el liderazgo de Mariano Rajoy ante el empuje de Esperanza Aguirre, el partido aún debe a Feria Valencia 578.000 euros del alquiler y la organización. Al final, lo tendrán que pagar los valencianos como si se tratase de un botellón al que no fueron invitados.

A finales de 2010, la institución despidió a un tercio de su plantilla (106 empleados) mediante un ERE que costó siete millones de euros y que recientemente ha sido declarado nulo por el TSJCV. A los 202 empleados que mantuvieron su puesto se les bajó el sueldo. El ajuste disparó las pérdidas de la institución por encima de los nueve millones, lo que obligó a la Generalitat a salir al rescate para devolver los créditos de las obras de ampliación. Desde entonces, los presupuestos de la Generalitat destinan más de treinta millones de euros cada año a cubrir el agujero.

La entrada en barrena de Feria Valencia desembocó en la salida de Alberto Catalá de la presidencia en octubre de 2013. El balance de sus últimos cuatro años arrojaba una sangría de 24 millones en pérdidas acumuladas y millones de euros gastados con cargo al recinto. La llegada de José Vicente González para tomar las riendas de la institución consumó el desembarco empresarial iniciado unos meses antes con la incorporación de Enrique Soto a la dirección general. Soto, que hasta entonces era secretario general de la CEV, aplicó un nuevo ajuste hasta dejar la plantilla en 155 trabajadores y bajó los sueldos un 20% porque eran «elevados». Se suprimieron las tarjetas, el coche oficial del director y las dietas del comité ejecutivo. El ahorro desde entonces es del 55% en personal y del 62% en el resto de gastos.

Feria Valencia cumplió su primer siglo

VALÈNCIA.- El pasado10 de mayo se cumplieron cien años desde que se celebró, a instancias de la Unió Gremial, en el vestíbulo de la recién inaugurada Estación del Norte, la Primera Feria Muestrario que se organizaba en España. Casi 150 stands con todo tipo de productos (desde automóviles a plantas, pasando por maquinaria pesada o artículos de decoración). Desde entonces, y con solo dos interrupciones (tras el desastre de Annual en 1921 y durante la Guerra Civil), la Feria Muestrario Internacional ha seguido fiel a su público. Primero, con una única cita anual, luego —a partir de 1961— con una oferta cada vez más amplia. 

Hace falta más feria

Además de una institución en quiebra, los actuales directivos se encontraron con varios derechos de cobro a favor de Feria Valencia que incomprensiblemente no fueron reclamados por sus predecesores debido a que la situación del recinto era más que crítica. En los últimos cuatro años se han abierto doscientos pleitos con cerca de cinco millones de euros en litigio. 

Si el dispendio de aquellos directivos aumentó el boquete en las cuentas de Feria Valencia, la deuda generada con el plan de modernización del recinto ferial ha acabado de hundirla. El diseño definitivo de ese proyecto se alejó sustancialmente del planteado por los predecesores de Catalá y Juste, mucho más modesto. Rita Barberá maniobró para que la construcción y ampliación de los pabellones se llevase a cabo sobre terrenos dentro del término municipal de València, con lo que la propiedad de los mismos pasaría a ser municipal al término de la concesión a favor de Feria Muestrario Internacional. Hubiera sido mucho más barato utilizar los terrenos militares que hay en Paterna en desuso, pero el Cap i casal no se hubiera beneficiado de la reversión finalizado este plazo.

El empeño de la alcaldesa le salió caro a la institución. Las obras, proyectadas inicialmente en 325 millones de euros, acabaron costando más de 587 tras sucesivas modificaciones contractuales. Un informe de la Intervención de la Generalitat finalizado en 2015, dos años después de la salida de Catalá de la presidencia, concluyó que las obras se contrataron de forma irregular por no ajustarse a las normas del sector público, que se aprobaron de forma injustificada sobrecostes de hasta el 86% y que la incapacidad de Feria Valencia para devolver los créditos acabará costando 1.027 millones de euros a la Generalitat como avalista de los préstamos. La realización de ese informe, encargado por el entonces conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, desató una de las crisis más graves que se recuerdan entre el Ayuntamiento y la Generalitat, ambos gobernados aún por el PP.

La Generalitat rescatará Feria Valencia al asumir toda la deuda pendiente y encomendará su explotación a una empresa mixta 

Posteriormente, el ente fiscalizador de la Generalitat amplió y mejoró ese informe. Lo hizo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y en calidad de perito judicial como parte de la investigación sobre la gestión de los anteriores responsables de Feria Valencia. Se analizaron todas las facturas emitidas para la construcción y equipamiento de los pabellones. Dos años de investigación y decenas de miles de documentos escrutados que llevaron al interventor a la misma conclusión de su primer informe. Esto es, que Feria Valencia pagó al menos 47,5 millones en sobrecostes injustificados por incumplimientos de contrato y la adjudicación al alza de las obras.

Además, en su informe alertó de que el recinto ferial abonó 17 millones de euros directamente a la consultora Áreas, Ingeniería y Arquitectura, a pesar de que las constructoras estaban obligadas por contrato a correr con ese gasto. El estudio de José María Tomás, arquitecto de cabecera de Barberá, fue contratado por Feria Valencia para la redacción del proyecto inicial sin publicidad ni concurrencia. A partir de un primer contrato de asesoramiento urbanístico por 62.805 euros, la firma acabó facturando 58,32 millones en un conjunto de contratos pagados tanto por Feria como por las constructoras que hicieron la ampliación.

Por el momento, la única certeza es que la combinación de crisis, gastos desorbitados y deuda obligarán al rescate público de Feria Valencia. El plan para reflotar la institución diseñado por Manuel Illueca, director del IVF, ya tiene el visto bueno de la Generalitat y el Ayuntamiento. En pocas semanas, la Conselleria de Hacienda aprobará un decreto para asumir todo el pasivo y dar sustento legal a la hoja de ruta diseñada para reflotar el recinto. El Ayuntamiento de València adelantará el final de la concesión actual a favor de Feria Valencia para recuperar la propiedad de los edificios, el actual patronato se extinguirá y la gestión del negocio se encargará a una sociedad mixta de mayoría privada. La Generalitat creará una empresa que se privatizará parcialmente con la venta a un socio tecnológico del 60% de las acciones por un precio por determinar. Tampoco está claro que se le vaya a exigir a ese socio que pague un canon a la Generalitat por explotar el recinto ferial en concesión. En resumen, la Generalitat asume la deuda, el Ayuntamiento se queda los edificios y un socio privado participa mayoritariamente de los beneficios que pueda haber en el futuro. Nacionalizar pérdidas para privatizar posibles beneficios. La historia se repite.  

Fiscalía archiva el caso y no ve delito en la gestión

VALÈNCIA.- Pese a todo el escándalo que provocaron las cuentas de Feria Valencia (sobrecostes en la ampliación, gastos con las Visas, el congreso nacional del Partido Popular que nunca se pagó...), la Fiscalía optó a finales del año pasado por archivar las pesquisas sobre los gastos desaforados de los exdirectivos en lugar de trasladarlas al juzgado para que las investigase. Una decisión sorprendente por lo inesperado y por el secretismo con el que se ventiló el carpetazo, ya que el Ministerio Público no explicó los motivos de su decisión a pesar de los indicios de los que alertaron los peritos judiciales. Con la vertiente judicial en vía muerta —aunque se podría acudir a la vía administrativa—, será la comisión de investigación de Les Corts la que determinará si esa espiral de derroche, con la aquiescencia de las instituciones y la permisividad de quienes ocuparon los órganos de gobierno de Feria Valencia, contribuyeron a su hundimiento.

* Este artículo se publicó originalmente en el número 28 de la revista Plaza

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