La Diputación de Valencia acuerda el cierre de Divalterra

VALÈNCIA. (Agencias). El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia, presidido en funciones por Maria Josep Amigó (Compromís) tras la dimisión del socialista Jorge Rodríguez, investigado en la operación Alquería, ha acordado llevar a cabo un "cierre ordenado" de la empresa pública Divalterra. Asimismo, ha precisado que el socialista Toni Gaspar ha anunciado en la reunión de este lunes su intención de ser candidato a la presidencia de la Diputación -en el pleno que previsiblemente se celebrará la próxima semana- y que el resto de grupo del equipo de gobierno no presentará candidato.

Estas medidas se han planteado este lunes en la reunión mantenida por el equipo de gobierno conformado por PSPV, Compromís, EUPV y València en Comú, para abordar cuestiones tras la renuncia de Rodríguez al cargo tras su detención y puesta en libertad con cargos en la operación Alquería, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo en esa empresa pública.

Así lo ha indicado tras el encuentro Maria Josep Amigó, que ha destacado que el cierre de Divalterra, para el que no ha concretado fecha, se abordará "con todas las garantías jurídicas que hagan falta y los informes necesarios".

La presidenta en funciones ha comentado que la idea es ir vaciando de competencias esta entidad en favor de la corporación provincial y de otras administraciones como la Generalitat. Igualmente, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y trabajadores porque sus derechos "nunca serán vulnerados".

Amigó ha transmitido un "mensaje de tranquilidad" a los trabajadores de Divalterra, ya que según ha asegurado sus derechos "nunca serán vulnerados" y están "por encima de cualquier cosa".

 Sobre el futuro de los trabajadores, ha explicado que la primera finalidad es que puedan ser brigadistas de la Diputación, por lo que se va a estudiar si técnicamente se puede asumir como una competencia de la Corporación, y si no se analizará si se pueden transferir las tareas que hacen los brigadistas a la Generalitat u otra Administración.

No ha precisado los plazos para ese cierre, ya que según ha dicho sería "una inconsciencia", pues dependerá de los informes técnicos y jurídicos que se van a elaborar al respecto, en los que se determinará cómo proceder al vaciado "ordenado" de competencias de Divalterra.

Divalterra cuenta actualmente con unos 700 trabajadores y nació para la gestión forestal y las iniciativas de empleo local y rural en la provincia de Valencia. Amigó ha adelantado que en la Junta de portavoces de mañana se pondrá fecha también para la junta y el consejo de administración de Divalterra, en el cual cesarán tanto los cogerentes (una de Compromís y otro del PSPV) como el secretario de la empresa pública. Los tres están investigados por el juzgado que instruye la causa abierta tras la operación Alquería.

La Junta de portavoces pondrá también fecha al pleno en el que se aceptará la renuncia de Jorge Rodríguez -suspendido de militancia en el PSOE tras ser investigado por prevaricación y malversación- como presidente de la Corporación, que será esta misma semana, momento en el que cesarán sus asesores y también se pondrá en marcha el mecanismo para sustituirle.

La presidenta de la Diputación en funciones ha insistido en que la intención del equipo de gobierno es seguir en el camino iniciado al inicio de la legislatura, de acabar "con el clientelismo" y con los convenios singulares, y de colaborar con instituciones como la Generalitat.

Empleados de Divalterra, "sorprendidos" con el cierre

Trabajadores de la empresa pública de Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, se han mostrado "sorprendidos" ante la decisión de la corporación provincial de llevar a cabo "un cierre ordenado" de la mercantil. "Matar al perro no acaba con la rabia. Acabar con Divalterra no acaba con la presunta corrupción".

Así lo ha indicado la presidenta del Comité de Empresa de Divalterra, Ruth López, en declaraciones a Europa Press, después de que este lunes el equipo de gobierno de la Diputación haya acordado llevar a cabo un "cierre ordenado" de Divalterra, tras la operación Alquería que investiga presuntas irregularidades en contratos de alta dirección de la mercantil y en la que fue detenido y puesto en libertad el expresidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez.

Al respecto, López se ha preguntado "qué es un cierre ordenado" y ha reprobado que nadie del equipo de Gobierno se haya puesto en contacto con los trabajadores para comunicarles esta decisión que, según ha admitido, han recibido con "sorpresa" porque no se la esperaban. 

A su juicio, es "vergonzoso" que sean los trabajadores y la propia empresa quienes "tengan que pagar" por las supuestas "irregularidades" que hayan podido cometer los políticos. "Nosotros no hemos cometido ningún delito. Los trabajadores no tenemos la culpa de la mala gestión porque hemos cumplido con nuestro trabajo", ha defendido.

De este modo, ha reprobado que "los fallos en la gestión y el control" en Divalterra "los acaben pagando al final los trabajadores". "Esperábamos que se asumieran responsabilidades", ha comentado.

López ha remarcado que ahora su prioridad es la "seguridad de los puestos de trabajo" ya que son más de 700 familias las que dependen de esta mercantil, por lo que éste será el objetivo que reivindicará en el próximo consejo de administración de Divalterra que está previsto que se celebre este jueves.

CSIF emprenderá acciones legales para defender los puestos de trabajo de Divalterra

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el comité de empresa de Divalterra, ha mostrado su "más enérgica repulsa" ante el anuncio, este lunes, del cierre de la empresa pública, y ha avanzado que llevará a cabo movilizaciones y "todas las acciones legales a su alcance para defender los puestos de trabajo".

La organización ha lamentado en un comunicado que la "incompetencia, negligencia y presuntas actuaciones delictivas por parte de algunos dirigentes políticos de Divalterra y de la Diputación de Valencia no pueden perjudicar la estabilidad laboral de las 700 familias que dependen de esta empresa pública".

Asimismo, "tampoco puede esa incapacidad política dañar a la sociedad valenciana, al poner en entredicho el importante servicio público que prestan los trabajadores de Divalterra", ha agregado.

CSIF ha subrayado que "los empleados no son los culpables" y ha anunciado "todas las movilizaciones y actuaciones que permita el ordenamiento para defender la estabilidad laboral de los trabajadores de Divalterra".

Además, el sindicato ha planteado que, "si los partidos coaligados en el gobierno de la Diputación no tienen personas capaces que sepan, quieran y puedan gestionar con honestidad y eficacia esta empresa, convoquen un concurso público y transparente para cubrir los puestos directivos".

La central sindical ha advertido de la "incertidumbre que genera este anuncio de cierre entre los trabajadores". Asimismo, ha alertado sobre la "posibilidad de que afecte a su labor en un momento crítico, en unas fechas en las que su trabajo de prevención y extinción de incendios resulte especialmente imprescindible".

El sindicato considera una "falta de respeto a los trabajadores" que se hayan enterado por los medios de comunicación de la decisión de Diputación de cerrar la empresa. "Asegurar que se respetan los derechos de los trabajadores no significa asegurar la continuidad de sus puestos laborales", ha zanjado.

Puig defiende la "autonomía" de la Diputación

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado este lunes que será la propia Diputación la que va a decidir el futuro de la empresa pública Divalterra, y ha defendido: "Creo en la autonomía de cada institución y debe ser en ese ámbito, en el ámbito de la institución, donde se deben determinar las mejores soluciones".

Puig se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios, preguntado por sus "expectativas" ante los cambios que se producirán en la corporación provincial, la sustitución de su expresidente, el socialista Jorge Rodríguez, que fue detenido en el caso 'Alquería', y el futuro de la empresa pública Divalterra.

"Espero que durante esta semana se vayan produciendo, desde la normalidad democrática, los cambios que se han promovido, cambios que vienen a determinar la convicción que tiene el conjunto de la institución de ir hacia adelante", ha resaltado.

Puig ha abogado por que "debe existir un sector público en las instituciones valencianas, pero evidentemente debe garantizarse la transparencia y la mejor gestión posible".

En este sentido, se ha referido a las brigadas forestales dependientes de Divalterra, para afirmar que tiene "absolutamente claro" la labor que darán las unidades forestales, "como este domingo, que se colaboró desde las distintas instancias para superar la primera gran dificultad de este verano, que fue el incendio del Montgó (Alicante)". El presidente ha agradecido a los efectivos su "gran rapidez, gran eficacia, gran determinación". 

Ley de gobiernos locales

Asimismo, el jefe del Consell se ha referido, preguntado por los medios, a la petición formulada el pasado viernes por el secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Estañ, que instó a Puig a "garantizar en esta legislatura el vaciamiento de las diputaciones" provinciales, "más allá de una reacción puntual" tras la operación Alquería.

"Estamos trabajando desde hace unos meses en la Ley de Gobiernos Locales, que será una ley participada. No quiero ninguna improvisación respecto a esta cuestión, ciertamente pensamos que el principio de subsidiariedad es el que hay que reforzar, son los ayuntamientos y las comunidades quienes tiene una alianza efectiva por tal de mejorar los servicios públicos de los ciudadanos. Debemos hacer las cosas de una manera lo más razonable posible y desde el diálogo, y así lo vamos a hacer", ha zanjado.