El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y el de Divalterra, Ramiro Rivera. Foto: DIVAL VALÈNCIA. La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación penal sobre los reiterados intentos de cargos del PSPV de anular el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos de Divalterra. Una decisión que se produce después de admitir a trámite una denuncia presentada por el PP el pasado abril en Anticorrupción tras los hechos desvelados por Valencia Plaza y ante los indicios de delito que en ella se exponían.
Los populares consideran que los hechos podrían ser constitutivos de tráfico de influencias –por la influencia ejercida por la autoridad sobre otro funcionario para beneficiar a terceros– y de prevaricación –por una resolución administrativa cuyo contenido es arbitrario a sabiendas de su injusticia–.
En la denuncia aportaban lo ocurrido cronológicamente junto a diversa documentación: desde el inicio del proceso de selección de la que sería ganadora, Eugenia Fernández, a las maniobras para revocar su contratación tras la presentación del recurso del aspirante que quedó en segundo lugar, José Fambuena, en el que trasladaba una serie de –a su juicio– irregularidades.
Así, el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera –recientemente detenido en el caso Azud– elaboró diversos informes en los que abogaba por anularlo todo siete meses después del inicio del procedimiento sin que nadie hubiera recurrido las bases. Documentos en los que se basó el presidente de la empresa, el diputado socialista Ramiro Rivera, para defender igualmente la revocación.
Un proceso en el que algunos técnicos –miembros del tribunal de selección– denunciaron presiones por parte de algunos responsables como Rivera.
El portavoz del PP en la corporación, Vicente Mompó, ha lamentado que durante este proceso de los últimos meses se han producido graves irregularidades y ha quedado claro que "cuando los técnicos se mantuvieron firmes frente a la injerencia política, el equipo de Toni Gaspar optó por cerrar la empresa".
Mompó ha valorado positivamente que el Ministerio Público haya iniciado las investigaciones para poder "aclarar lo sucedido" y ha recordado que en el proceso de selección hay miembros del tribunal "que decidieron acudir a la Agencia Valenciana Antifraude para denunciar situaciones que no consideraban lógicas" y este organismo incluso concedió a alguno de ellos la "condición de testigo protegido".
Hay otras denuncias recogidas en el Consejo de Administración de Divalterra por parte del gerente, Antonio Mas, en las que asegura haberse sentido "juzgado por parte del jefe de los Servicios Jurídicos sin ni siquiera darle la oportunidad de hablar".
Mompó ha insistido en que han sufrido "multitud de cortapisas para acceder a los expedientes y ejercer la labor de fiscalización, se han producido nombramientos de consejeros que bajo la apariencia de técnicos tenían una clara adscripción política, y durante mese no hemos podido expresar nuestras quejas a lo que sucedía en Divalterra, por lo que parecía inevitable que fuera la Fiscalía quien investigara todo lo que ha acontecido".
Mompó también ha destacado que la investigación de la Fiscalía sobre la selección de la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra se suma al procesamiento de Voro Femenia en el caso Alquería o al de la alcaldesa de Llaurí, Ana María González, que fue recientemente condenada por conducir en estado de embriaguez en la zona de ocio de la Marina de Valencia. Ambos son asesores de la Diputación con Toni Gaspar.
A ellos se suma un tercero, Raúl Pardos, que es asesor-coordinador del PSOE en la Diputación y que acaba de ser procesado por presunta falsedad documental en la causa de los 'zombies' de Imelsa . En este caso, además, se da la circunstancia de que Pardos suscribió dos certificados haciendo constar que un asesor prestaba sus servicios en Imelsa cuando todo apunta a que en realidad trabajaba para el PSOE como asesor del actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar.
Por ello, Mompó ha pedido a Gaspar que "rompa su silencio y actúe con la ejemplaridad que exigen los valencianos". Ha recordado, por último, que esta tarde se celebrará un consejo de Administración de Divalterra, y que "cuatro días después de haber sido detenido y puesto en libertad con cargos José Luis Vera sigue en el cargo de jefe de los Servicios Jurídicos por la inacción de Gaspar y del propio Ramiro Rivera".
