José Vicente González, presidente de Cierval. Foto: KIKE TABERNERVALENCIA. Los temores sobre la insolvencia de la patronal autonómica Cierval se confirman. Apenas un mes después de que las organizaciones de las tres provincias anunciasen un acuerdo para cambiar los estatutos y salvar a la autonómica, el pacto salta por los aires. Las discrepancias que todavía mantienen la castellonense CEC, la valenciana CEV y la alicantina Coepa con la letra pequeña de los estatutos y, sobre todo, la obligación de tener que devolver 600.000 euros a la Generalitat de forma inmediata han dado la puntilla a la organización que preside José Vicente González.
La decisión se ha adoptado este lunes y se formalizará en un comité extraordinario convocado para el próximo viernes. Tal y como publicó Valencia Plaza, los presidentes de las tres organizaciones territoriales y el de Cierval se habían citado para reafirmar su principio de acuerdo sobre los nuevos estatutos y actualizar la situación económica de la patronal autonómica.
La CEC se ha plantado en la reunión dispuesta a pedir una quita para su deuda tal y como Cierval le concedió a Coepa, sobre el 95% de las cuotas pendientes. Pero el asunto no se ha llegado ni a plantear. Según explican fuentes conocedoras del encuentro, las discrepancias planteadas por Coepa sobre los detalles de los estatutos cuyas líneas esenciales se consensuaron hace un mes evidenciaron que el acuerdo definitivo aún está lejano.
Ante esa circunstancia, los presidentes de las cuatro organizaciones acordaron dejar en suspenso la asamblea convocada el próximo día 21 para aprobar esos estatutos. Sin esa reforma, que blinda nuevas fórmulas de financiación para Cierval mediante la entrada en la asamblea de federaciones sectoriales y empresas directamente asociadas, la organización se encamina a la quiebra.
En cualquier caso, las urgencias económicas de Cierval han dejado la reforma en segundo plano. El presidente de Cierval informó de que la Generalitat ha descartado conceder un aplazamiento para que la patronal reintegre al Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) 600.000 euros que le reclama desde hace meses. El plazo límite es el próximo día 20 y la organización, no tiene dotada la cantidad, ni dispone de liquidez para hacerse cargo.
Ante ello, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, planteó la necesidad de solicitar el preconcurso de acreedores. La exigencia de tener que afrontar esa devolución era una de las hipótesis previstas en los informes jurídicos y económicos que la patronal de Valencia solicitó a expertos externos para conocer los riesgos de implicarse en el rescate de Cierval.
Esos informes, encargados para valorar la viabilidad de una eventual fusión con la patronal autonómica Cierval desaconsejaron la operación por los riesgos que comportaría para la organización empresarial de Valencia. Los expertos alertaron de "elementos de incertidumbre" porque la información disponible hasta el momento podría variar en el corto plazo en función de los procesos administrativos, penales y concursales que afectan a las organizaciones miembro de Cierval y a la propia organización autonómica.
Con la reclamación del IVAT sobre la mesa, la única salida es poner en marcha el proceso concursal para evitar responsabilidades personales de los consejeros de Cierval.
El informe jurídico encargado por la CEV concluía que, en el caso de reformarse los estatutos y elegir una nueva asamblea, los sucesores naturales de la responsabilidad derivada de esos procesos serían los integrantes de la asamblea, tanto de las posibles reclamaciones de la administración -por expedientes de reintegro de subvenciones- como por el proceso penal abierto contra la CEC y la propia Cierval por fraude en subvenciones.
Mientras la asamblea prevista para aprobar los estatutos ha sido desconvocada, se mantiene para el mismo día la convocatoria de junta para aprobar las cuentas de Cierval.
Por su parte, la Conselleria de Hacienda manifestó a última hora de este lunes que la denegación de un segundo aplazamiento a Cierval del pago de una deuda derivada de una resolución judicial "no es firme y está sujeta a reconsideración una vez la entidad presente las garantías exigidas por la legislación vigente para su abono, tal como sucede con el resto de entidades y ciudadanos".
A ello, la Conselleria de Hacienda añadió que la administración tributaria concederá, una vez se concreten esas garantías, "el oportuno aplazamiento del citado pago", y se mostraron convencidos de que Cierval "ofrecerá esas medidas de solvencia financiera antes del día 20".
La deuda, según detalló, deriva de un fallo judicial por unos cursos de formación que finalmente no llegaron a realizarse, lo que comportó la devolución de las ayudas.
La ley determina que, en el caso de deudas tributarias superiores a los 18.000 euros, las personas físicas y jurídicas han de aportar garantías si quieren acceder al aplazamiento del abono, recuerda Hacienda. Esas garantías se pueden concretar en un aval, fianza-solidaria o crédito-caución. También se puede acordar el fraccionamiento del abono que, normalmente, puede llegar a los cuatro años.
La Conselleria, según explica en su comunicado, "ha planteado otras alternativas para facilitar el abono de la deuda, como la posibilidad de que el anticipo que van a percibir de la subvención correspondiente a 2017 pudiera compensarse con este deuda pendiente como consecuencia de una resolución judicial".
Al respecto, Hacienda ha destacado que se han facilitado todos los trámites para que la entidad pueda ingresar el anticipo de la subvención establecido en la ley de Participación Institucional. A Cierval le corresponden cada año 2,6 millones de euros en subvenciones por este concepto.
