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El cálculo lo hizo el actual director de circuito del motor, gonzalo gobert

La prórroga de la F1 que pactó Camps habría costado 270 millones a la Generalitat

Foto: EFE/LUIS VIDAL
11/05/2018 - 

VALÈNCIA. "Es bueno para los valencianos, para la Comunitat Valenciana y para España; y no va a costar ni un solo euro a las arcas públicas". Estas eran las palabras del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa sobre la Fórmula 1 quince días antes de las elecciones, y después de que Bernie Ecclestone, el magnate de la F1, supeditara la llegada del gran premio a la victoria en las urnas de Francisco Camps. Un mensaje que en los días siguientes reiteró el Gobierno valenciano asegurando que el circuito lo pagarían los promotores del futuro PAI del Grao, mientras que del canon y la organización se haría cargo la empresa privada Valmor Sports, formada por Fernando Roig, Bancaja y Jorge Martínez Aspar.

Y no ha costado un euro, no; ha terminado costando más de 300 millones de euros del erario autonómico en las cinco ediciones celebradas (2008-2012), incluidos los aproximadamente 100 millones que costó la construcción del circuito urbano. Un agujero pagado por los valencianos presentes y futuros, ya que parte se convirtió en deuda o directamente se pagó con un préstamo del Estado, como ocurrió con el canon de 2012 a Ecclestone.

Lejos de pedir perdón, Camps inició en 2011 una huida hacia delante que le llevo a firmar una novación del contrato que finalizaba en 2014 para celebrar en València siete ediciones más a partir de 2012 que tampoco habrían salido gratis. Al día siguiente presentó su dimisión.

De haberse celebrado esas siete ediciones -solo se cumplió la primera-, las pérdidas para la Generalitat habrían sido de 270 millones, según una proyección elaborada por el que ya era -y sigue siendo- director de la empresa pública Circuito del Motor, Gonzalo Gobert, ya con Alberto Fabra al frente de la Generalitat.

Barberá, Ecclestone, Camps y los promotores de Valmor Sports. Foto: EFE/Manuel Bruque

El trabajo de Gobert lo recoge un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional al que ha tenido acceso Valencia Plaza. Gobert señala que en los siete años del evento previstos la empresa pública Circuito del Motor pagaría 210 millones de euros por canon y otros servicios y registraría 270 millones de pérdidas globales sin tener en cuenta la inversión inicial. Solo se celebró la edición de 2012, con unas pérdidas estimadas de 32 millones.

Era una ruina

Explican los investigadores que "la continuación de la F1 en València" a partir de 2011 se sustentaba en unas negociaciones con Ecclestone que siguen dos caminos: primero negociar la continuidad pero con nuevas condiciones según una propuesta que recogería como planteamiento base rebajar el importe del canon, y segundo, desistir de la organización del gran premio, que se tenía que celebrar hasta 2014, y "negociar una rebaja en la penalización de salida".

El informe explica cómo se sabía que el gran premio era una ruina, pues en el del 2011 las previsiones de coste de ejecución del evento ascendían a 40 millones de euros sin IVA derivados del pago del canon, superestructura, infraestructura, promoción tasas y mantenimiento. Sin embargo los ingresos estimados oscilarían entre 5.900.000 euros y 7 millones de euros. 

Estado actual de lo que queda de circuito. Foto: EVA MÁÑEZ

Y sí, fue una ruina, como venía siéndolo desde 2008 tanto para Valmor Sports como para la Generalitat, que desde 2009 se hizo cargo del canon anual que se pagaba a Ecclestone. El total que se pagó en canon entre los años 2008 y 2012 fue de 121 millones de euros.

Pases VIP

Y mientras el dinero de los valencianos salía a chorros de las arcas públicas, en el año 2011 a sabiendas de la penosa situación económica que el evento generaba, parecía que cuando llegaba el gran premio todo lo malo pasaba a un segundo plano y tocaba disfrutar del juguete del presidente Camps. Así se puede leer un correo electrónico incorporado al informe en el que la mano derecha del presidente en el tema de la F1, Belén Reyero, le solicitaba a una trabajadora de Ecclestone "pases permanentes", que eran los que permitían moverse por cualquier sitio del circuito. Los pases más exclusivos de todos.

Reyero pide pases para Camps, los vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps, la alcaldesa Rita Barberá, los dueños de Valmor Jorge Martínez Aspar, José Luis Olivas y Fernando Roig, así como para todo el séquito de Camps: su jefe de gabinete, Pablo Landecho; su jefa de prensa, Nuria Romeral; su guardaespaldas, su fotógrafo y demás personal de prensa. Y, por último, se incluye una petición de Rita Barberá, un pase para su guardaespaldas.

Caso Valmor

El caso Valmor se investiga en tres piezas separadas. La primera se centra en las negociaciones previas para traer a València el Gran Premio y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor. En la pieza 2 se investiga la absorción de Valmor por Circuito del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat, entonces presidida por Alberto Fabra. La tercera pieza está declarada secreta.

La investigación del pufo de la Fórmula 1 surgió a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de un grupo de diputados del PSPV. En la pieza principal están investigados el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; la exconsellera de Deportes Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, a los que hay que añadir los nombres de Belén Reyero y Nicolás Figueras.

La querella que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos, y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.

Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".

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