La EMT detecta posibles ilegalidades en las jubilaciones parciales desde el año 2001

VALÈNCIA. (EP). La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha trasladado a la Agencia Valenciana Antifraude una práctica "irregular" llevada a cabo en esta compañía pública desde 2001 y hasta que se ha detectado en la actualidad en las jubilaciones parciales de empleados que con una reducción de jornada del 85 por ciento al acogerse a esta modalidad no acudían a trabajar los 131 días que les correspondían por el 15 por ciento restante sino solo 65 aunque cobraban y cotizaban por el total.

Así lo han señalado este jueves el concejal de Movilidad Sostenible en el Ayuntamiento de València y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, y el gerente de esta compañía, Josep Enric García, en la rueda de prensa que han ofrecido para dar a conocer esta "gestión anómala", que ha sido comunicada también al servicio de personal del consistorio y considerada por este "ilegal".

Grezzi ha indicado que se trata de "irregularidades" y de "un asunto peliagudo" que "tiene efecto en cuestiones legales y en la vida y el derecho legal de los trabajadores a la jubilación, con los que no se debería haber jugado". La EMT no ha cuantificado aún el número de trabajadores que podría haberse jubilado de este modo.

El edil ha afirmado que esta práctica "continuada" y "contraria a la ley" fue permitida desde 2001 y a pesar de "reiterados avisos" de organismos de control "por los gerentes de la EMT y por los anteriores gobiernos" municipales del PP con los concejales "Jorge Bellver, Alfonso Novo y Alberto Mendoza" como "presidentes" de la entidad. A su vez, ha resaltado que "la actual gerencia" la "ha cortado" en cuanto "la ha detectado".

García ha subrayado que "se ha vuelto a la legalidad" y ha apuntado que tras tener conocimiento de esta circunstancia comunicó personalmente al siguiente trabajador que se iba a acoger a la jubilación parcial que debía "aplicarse la ley" y "trabajar 131 días y no 65". Igualmente, ha destacado que esta decisión "aparece ya en el contexto del nuevo convenio colectivo", que "facilita la jubilación parcial en las mejores condiciones posibles".

Origen en 2001

El gerente de la EMT ha explicado que esta anomalía tiene su origen en 2001 cuando, en el marco de la negociación del convenio colectivo, "los trabajadores y la gerencia de la empresa acordaron una cláusula" para que "todos los empleados que llegaran a los 61 años en 2001, 2002 y 2003 pudieran acogerse a la jubilación parcial" con una reducción de jornada.

Asimismo, ha expuesto aunque que la Inspección de Trabajo advirtió de que esa era una cláusula "ilegal" por establecer el número de jornadas laborales obligadas por debajo del mínimo que marca la ley, "la gerencia y los directores de la EMT" de aquel momento "ratificaron el acuerdo", al tiempo que ha lamentado que no se decidiera ser "escrupuloso con el dinero público y con los procedimientos".

Josep Enric García ha agregado que en 2007, los responsables de la EMT también hicieron "caso omiso a la Ley 30/2007, de contratos del sector público", que "por primera vez limitaba de forma expresa la posibilidad de que las administraciones públicas llevaran adelante actividades en el ámbito civil huyendo del derecho administrativo".

Igualmente, ha relatado que en 2010 la empresa recibió un informe de la Sindicatura de Cuentas en el que se le consideraba sector público y poder adjudicador, una circunstancia que obligaba "a un retorno al derecho administrativo" y algo que fue ignorado "de manera temeraria", como también se hizo en 2011 "cuando se le requirió en el mismo sentido desde el Ministerio de Economía y Hacienda".

La mitad del trabajo

El actual gerente de la EMT ha añadido que en 2013 la situación "se agrava" tras un nuevo pacto "en la comisión mixta de Vigilancia del convenio colectivo" para que los trabajadores "pudieran acceder a la jubilación parcial con una reducción de jornada" y siempre que la empresa contratara "a tiempo real e indefinido" personal para cubrir las prejubilaciones.

García ha señalado que el "problema", cuando "la irregularidad se hace más grave", surge al conceder la jubilación parcial con solo 65 días de trabajo aunque oficialmente se comunican y abonan los 131 que corresponden al porcentaje reducido. Así, ha censurado que desde 2001 y hasta ahora estos empleados han hecho "la mitad de lo que toca" y que la empresa haya pagado "la totalidad de días aunque los trabajadores no los hagan".

"Fraude con consecuencias por determinar"

Giuseppe Grezzi ha comentado que los hechos trasladados a la Agencia Valenciana Antifraude suponen "un fraude de ley" con "consecuencias aún por determinar para los afectados" y ha criticado que los anteriores gestores de la EMT no tomaran "ninguna medida ante esta situación". El responsable municipal ha avanzado que este viernes preguntará a Alberto Mendoza, actual concejal del grupo municipal del PP, por este asunto en el Consejo de Administración de la compañía.

El presidente de la EMT ha reiterado que los actuales responsables de esta entidad la han situado "en la legalidad" al haber "cortado" la práctica detectada para evitar "una vulneración de la ley". "Estamos contentos de haber suscrito recientemente un nuevo convenio colectivo que incluye facilitar el acceso a un sistema de jubilación parcial en las mejores condiciones dentro de la legalidad", ha insistido por su parte el gerente en este sentido.

"Tolerancia cero"

Grezzi, que ha manifestado la decisión del actual gobierno local de actuar con "tolerancia cero" ante "la corrupción", ha señalado ahora se está a la espera de "lo que determine la Agencia Valenciana Antifraude", que deberá analizar "qué ha pasado y el coste para las arcas públicas" que ha tenido una "deficiente gestión de los anteriores gobiernos".

Preguntado por la posición de los sindicatos de la EMT y por si eran conocedores de la citada práctica, el edil ha dicho que habrá que ver "qué dice el dictamen". "Qué sea la Agencia Antifraude la que se pronuncie. Cuando tengamos el dictamen informaremos", ha apuntado, a la vez que ha destacado su apuesta por la "legalidad" y la "transparencia".