Foto: EUROPA PRESSVALÈNCIA (EP). La Ley de Amnistía de 1977 se aplicó para 66 crímenes de ETA, entre ellos el reconocido en un documental que se proyectará en el Festival de San Sebastián por José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', en el que fue asesinado el alcalde de Galdakao, Víctor Legorburu.
Según el recuento que realizó la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), en seis de los 66 casos amnistiados existe sentencia de condena a los responsables, en 32 se identificaron a los responsables pero no se les pudo juzgar y en dos casos los autores habrían muerto.
Además, en otros 26 procedimientos no se disponía aún de información y se estaban localizando dichos sumarios en los archivos militares y en el archivo judicial territorial de Madrid, según recordó la AVT en noviembre de 2021 ante la misión de europarlamentarios que viajó a España para promover el esclarecimiento de los atentados etarras sin autor conocido.
Entre los atentados sobre los que no había información sobre su autoría o esta era parcial se encuentra el del alcalde de Galdakao asesinado en 1976, Víctor Legorburu. 'Josu Ternera' se ha atribuido ahora su autoría en el documental donde ha sido entrevistado por el periodista Jordi Évole y cuyo estreno tendrá lugar en el Festival de Cine de San Sebastián.
'Josu Ternera' nunca fue procesado y fue sobreseído por la Ley de Amnistía de 1977. La víctima tenía 63 años, estaba casado y tenía dos hijos, cuando falleció asesinado por ETA cuando caminaba con su escolta en las inmediaciones de la entrada de su propio domicilio.
De acuerdo a la información de la AVT, los crímenes de ETA amnistiados por la 'ley de perdón' en la transición de la dictadura a la democracia incluyen los crímenes cometidos por la banda terrorista desde el atentado en 1968 que acabó con la vida del guardia civil de tráfico José Antonio Pardines al perpetrado el 22 de junio de 1977 contra Javier de Ybarra, el que fuera consejero del Banco de Vizcaya, además de presidente de la Diputación de Vizcaya y alcalde de Bilbao.
En su informe ante la delegación de eurodiputados, la AVT defendió el trabajo policial y judicial para esclarecer los 300 crímenes de ETA sin resolver, destacando que prácticamente la mitad de ellos se perpetraron por la organización terrorista entre 1979 y 1980, y que "no necesariamente" la falta de condena se debe a "un error del sistema o un incumplimiento de la obligación del Estado de investigar".
"No podemos obviar que en esos años ETA atentaba cada 3 o 4 días y principalmente contra miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", recordó la presidenta de la AVT, Maite Araluce.
ETA anunció el fin de los atentados en 2011 y en 2018 el propio 'Josu Ternera' puso voz a su disolución, antes de ser detenido por la Guardia Civil en los Alpes franceses en mayo de 2019. La AVT hizo balance de los diez años sin atentados para subrayar que se habían reabierto en torno a 150 procedimientos judiciales, esto es, la mitad de los casos que estaban sin resolver. Se había llegado a juicio en 20 de los casos, habiéndose resuelto 15 de ellos con condena de los autores.
El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo también ha analizado esta cuestión dentro de su informe de 2021 'La justicia pendiente: asesinatos de ETA no esclarecidos', señalando que fueron 74 los asesinatos atribuidos a ETA entre 1968 y 1977, si bien "en seis de ellos fueron juzgados y sentenciados los autores y en otros tres no hubo ocasión, al haber muerto los terroristas que cometieron los crímenes".
"Esa falta de esclarecimiento provoca en las víctimas, en primer lugar, un daño moral relevante derivado de la dificultad de cerrar el duelo provocado por el crimen y, además, un perjuicio económico porque el resarcimiento previsto por la ley en los casos en que no hay sentencia suele ser inferior al que establecen las resoluciones judiciales", recogía el informe del Centro Memorial que, a su vez, se remitía a las investigaciones de la Fundación de Víctimas y al libro 'Vidas rotas'.
La Ley de Amnistía de 1977, a diferencia del resto de las medidas de gracia que se habían sucedido desde la muerte de Franco, incluía también el perdón para los presos con delitos de sangre y la amnistía para todos los funcionarios del régimen que pudieran haber cometido actos de "violencia institucional".
Con la entrada en vigor de la ley de 1977 sólo había 89 presos con delitos de sangre vinculados a bandas terroristas, la mayoría del GRAPO y de ETA. De hecho, cerca de 18.000 reclusos, entre comunes y políticos, incluidos terroristas, se habían ido beneficiando ya de distintas medidas de gracia aprobadas desde el indulto real de noviembre de 1975 hasta el 17 de octubre de 1977, fecha en que entró en vigor la Ley de Amnistía.
Los datos han sido recopilados por la Fundación Primero de Mayo de CCOO, tal y como explicó a Europa Press su secretario y Doctor en Historia Contemporánea, José Babiano. Por su parte, los datos que contabilizó el diario El País señalaban un total de 89 terroristas excarcelados, de los que 53 eran del GRAPO; 23 de ETA y 12 del FRAP, entre otros grupos. El diario 'YA' especificaba que 85 eran presos preventivos y solo había 4 penados.
Patxo Unzueta también abordó esta cuestión en el libro 'Memoria de la Transición', recogiendo que las medidas de gracia entre 1975 y 1977 favorecieron a 400 presos vascos, de los que 250 estaban condenados por terrorismo. Según su información, la amnistía de 1977 sólo benefició a 23 presos de ETA, aunque también permitió el reingreso en las filas de la banda a muchos etarras que estaban por entonces huidos y que continuaron con la campaña de atentados ya en democracia.
