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'El rogle' y EL CÍRCULO DE LA EDIL niegan un vínculo más allá de lo profesional

Los controles municipales de València frenaron dos adjudicaciones de Oliver tras el contrato a El Rogle

17/07/2018 - 

VALÈNCIA. Los organismos de control interno del Ayuntamiento de València paralizaron en 2017 dos procesos de contratación para el servicio de intermediación hipotecaria del departamento de Vivienda de la edil de València en Comú, María Oliver.

El servicio se prestaba desde el año anterior por la cooperativa El Rogle mediante un contrato menor de 21.719,50 euros IVA incluido, tal como publicó Valencia Plaza. Este contrato a dedo, firmado en marzo de 2016, venía a sustituir un convenio firmado por el anterior equipo de gobierno con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) para la prestación del mismo servicio y cuyo importe era de 11.000 euros. La edil de València en Comú justificó a este diario el primer contrato menor por la necesidad de prestar un servicio que se entendía primordial mientras se preparaban los pliegos para sacarlo a concurso público, algo que a fecha de hoy, dos años después, todavía no ha ocurrido.

No se continuó funcionando con el ICAV porque, según Oliver, El Rogle ofrecía servicios que no se estaban prestando, poseía perfiles mucho más diversos y ya estaba dando estas prestaciones en otros consistorios y organismos gobernados por distintos signos políticos, algo que también argumentan desde la cooperativa. Y además, los problemas que habían surgido durante la legislatura anterior en torno a los convenios motivaron rechazar esta vía.

Así pues, la vigencia del contrato menor se mantenía hasta marzo de 2017. Poco antes, el 28 de febrero, Oliver puso en marcha el proceso para firmar otro contrato, en este caso negociado sin publicidad para dos años, un proceso al cual fueron invitadas tres firmas: el ICAV, El Rogle y Bóveda Senabre Abogados. 

El importe de éste crecía más de 40.000 euros respecto al anterior y alcanzaba los 65.158,50 euros anuales (IVA incluido), un incremento del 200% que "no es posible explicar", según el Servicio Económico Presupuestario del Consistorio en uno de sus informes. En él, el organismo de control apunta que "no varían los servicios ofrecidos, se prestarán los mismos que en el contrato actual, y se prestarán durante el mismo número de horas semanales".

El entorno de la concejal ha asegurado a este diario que "la idea era ampliar del servicio", lo que habría justificado ese mayor coste, pero debido a "un error técnico" de la jefa de servicio que lo preparó, esa mejora no se explicitó en los pliegos.

Mientras se desarrollaba ese proceso, y para seguir dando el mencionado servicio, el departamento de Oliver impulsó otro contrato menor con El Rogle de cuatro meses de duración por 7.239,83 euros. En este caso fue la Intervención municipal la que frenó el proceso al avisar de que se podría estar incurriendo en fraccionamiento de contratos, ya que un contrato menor no puede durar más de un año. Tras este informe, el área de Vivienda también paralizó el proceso.

Con la interrupción de ambas contrataciones, este servicio sigue sin sacarse a concurso público, ni siquiera en la modalidad de negociado sin publicidad, después de tres años de gobierno y más de dos años desde que se firmó el primer contrato a dedo con la intención de convocar un concurso. Desde el Consistorio señalan que los pliegos están acabándose de preparar y que previsiblemente en agosto se convoque el concurso.

Ningúna relación entre Podemos y El Rogle

En respuesta a la información publicada este lunes por Valencia Plaza, la cooperativa El Rogle y fuentes cercanas a María Oliver han negado que tengan ninguna vinculación personal ni entre Podemos y la empresa, más allá de la profesional. El Rogle ha destacado en un escrito que lleva funcionando varios años en distintos consistorios -como el de Alfafar, Paiporta, Xirivella o Manises, según se ve en su web- y en otras instituciones como la Mancomunidad de la Ribera Alta o la de Horta Sud, con distintos partidos políticos al frente. Asimismo, la compañía ha puntualizado que sus cuentas están depositadas en el Registro de Cooperativas y que su "experiencia y profesionalidad" entorno al derecho a la vivienda está "acreditada".

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