La edil Oliver contrató 'a dedo' a un bufete afín por el doble de lo que pagaba al Colegio de Abogados

VALÈNCIA. Corría el año 2013 y los desahucios eran una de las principales preocupaciones, convertidos en símbolos mediáticos de la crisis económica. En ese contexto, el Ayuntamiento de València dirigido aún por Rita Barberá puso en marcha un servicio de intermediación hipotecaria para resolver casos de desahucios en la ciudad. Este servicio empezó prestándolo el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), algo que cambió con la entrada del Govern de la Nau en 2015.

El departamento de Vivienda recayó sobre València en Comú, candidatura de la que formaba parte Podemos, y concretamente en su concejal María Oliver. Los expedientes a los que ha tenido acceso Valencia Plaza muestran que el consistorio presidido por Joan Ribó renovó inicialmente el convenio anual de 11.000 euros con el ICAV. Sin embargo, nueve meses después de la llegada del nuevo gobierno, Oliver impulsó un contrato menor para dar el servicio alegando que el Ayuntamiento no podía hacerlo "por falta de medios personales y materiales", pese a que el ICAV ya lo estaba prestando desde hacía años.

El contrato menor fue adjudicado en marzo de 2016 a El Rogle Cooperativa Valenciana y ascendía a 21.719,50 euros, IVA incluido. Es decir, 17.950 euros más IVA, una cantidad que raya el límite máximo de los 18.000 euros establecido entonces para los contratos menores por la normativa. A partir de esa cantidad no era posible adjudicarlo a dedo. Además, eran 10.000 euros más de lo que facturaba el ICAV por el mismo servicio. Incluso el primer convenio incluía un día de servicio más a la semana en las dependencias del Colegio de Abogados

Así pues, ambos servicios -que al fin y al cabo eran el mismo- continuaron dándose de forma paralela durante cuatro meses, hasta julio, cuando el Consistorio decidió dar por finalizado el convenio con el ICAV tres meses antes de lo previsto. Durante ese período de duplicidad, los servicios se prestaban tanto en los despachos del Colegio de Abogados como en las dependencias municipales prestadas a El Rogle, que llegó a facturar 7.240 euros.

Servicios "coincidentes"

Aunque el Ayuntamiento admite que el ICAV había "cumplido satisfactoriamente lo establecido en el convenio", decide rescindirlo porque los servicios de El Rogle "resultan coincidentes con el servicio prestado por el ICAV". El informe que inicia el proceso concluye que "es lo más conveniente por razón de competencia", dado que el primer convenio dependía del área de Servicios Sociales -dirigida por la edil Consol Castillo- y el servicio debía ofrecerse desde el departamento de Vivienda.

Consultada al respecto, Oliver respondió a Valencia Plaza que la elección de El Rogle en detrimento del ICAV responde al mayor abanico de servicios que ofrece la cooperativa, algunos de los cuales no se estaban dando, como la mediación en desahucios por impago de alquiler. Además, la edil alude a la diversidad de perfiles profesionales que presenta El Rogle.

Según fuentes del Colegio de Abogados consultadas por este diario, desde el departamento de María Oliver les comunicaron que "buscaban otra cosa". También señalan que "después de lo de Urdangarín", los ayuntamientos estaban reticentes a suscribir convenios, aunque aseguran que su oficina de mediación da el servicio a muchos ayuntamientos e instituciones y que es una de las más reconocidas en la Comunitat Valenciana.

Bufete afín a Podemos

El Rogle Cooperativa Valenciana es un despacho de abogados, mediadores y sociólogos especializado en la investigación y en abogacía, pero uno de sus pilares fundamentales es también la mediación. Constituida el 1 de enero de 2016, la cooperativa se inscribió en el registro del Ayuntamiento -paso imprescindible para ser contratista- una semana antes de que se iniciase el proceso de contratación, en marzo de ese año.

La ligazón ideológica entre esta compañía y Podemos -formación a la que pertenece Oliver- es innegable. No es extraño ver a algún miembro de El Rogle participar en charlas con la concejala de Vivienda "hablando de vivienda y capitalismo". También socios de esta coopertiva han tomado parte en actos "sobre libertad de expresión y lucha social" organizados por la Izquierda Unitaria Europea, en la que están insertos Izquierda Unida y Podemos.