Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Las oposiciones vinculadas a la Diputación de Valencia llevan tiempo provocando las críticas de algunos sindicatos por la composición de los tribunales. Pero desde hace unos días se han incrementado las denuncias por algunos episodios en los que las organizaciones llaman la atención sobre las relaciones personales entrelazadas de aquellos que deciden los procesos selectivos.
El más relevante ha sido en Moncada. Allí se ha iniciado un proceso selectivo para la cobertura de una plaza de Técnico de Administración General (TAG), incluida en la oferta de empleo público de 2022. Y las irregularidades sobre las que han puesto el foco sindicatos como Intersindical o CSIF han sido varias.
El detonante, como publicó Levante-EMV, fue un informe realizado por la exresponsable de Recursos Humanos de Moncada. En él expuso anomalías como que la persona que redactó las bases del proceso selectivo se presentó al mismo y figura en la lista provisional de admitidos.
Pero la cosa no queda ahí, puesto que aparecen intereses personales cruzados, según censuran los sindicatos, que apuntan a irregularidades en la composición del tribunal. El motivo es que el ayuntamiento de Moncada se dirigió a la Diputación de Valencia para solicitarle la designación de los miembros. Sin embargo, para pedir todo un tribunal externo tiene que haber un convenio entre las dos administraciones que, en este caso, no existe.
En ese tipo de situaciones –que se dan sobre todo en ayuntamientos pequeños que no cuentan con técnicos suficientes–, la Diputación es habitual que facilite una o dos personas para componer el tribunal y prestar asesoría. Pero para Moncada la corporación provincial eligió a siete de los diez miembros. Todos ellos, inciden los sindicatos, jefes de servicio, la mayoría por libre designación.
El meollo de asunto es que, tal como ha denunciado CSIF, la persona encargada de facilitar el citado tribunal –y al cual se dirigió el ayuntamiento– fue el jefe de servicio de Recursos Humanos de la Diputación, cuando al proceso también se presentó su hija, empleada en el consistorio de Moncada y que igualmente figura en la lista provisional de admitidos.
Los sindicatos manifiestan su sospecha sobre la intencionalidad real de todos estos hechos, puesto que, de un lado, los componentes del tribunal cuentan con relación laboral directa con el responsable de RRHH que los ha propuesto. Pero de otro la presidenta es la jefa de Patrimonio de la Diputación. La cual, de acuerdo con Intersindical, mantiene un vínculo de amistad con el jefe de RRHH y su trayectoria laboral ha ido pareja.
En este sentido, mencionan otro episodio anterior por el que a una plaza de técnico de servicios culturales se presentó el hijo de la jefa de Patrimonio –y ganó– con un tribunal cuyo presidente fue el jefe de RRHH.
Tanto CSIF como Intersindical llevan esta situación a una valoración global sobre lo que califican como un cúmulo de irregularidades en los procesos selectivos en la Diputación de Valencia. Los segundos denuncian los intentos de controlar con ello puestos en toda la provincia. Los primeros recuerdan que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) llevada a cabo en la anterior legislatura supuso la "creación de jefaturas y su apertura a otras administraciones –mediante la provisión de puestos administrativos cuando en la corporación hay una bolsa de trabajo de administrativos– con un menoscabo del derecho a la carrera profesional y a la promoción interna" en la Diputación.
