VALÈNCIA. Medio Ambiente ha endurecido las restricciones anunciadas inicialmente para Cemex. La secretaría autonómica liderada por Julià Álvaro ya ha redactado su propuesta de autorización para la renovación del permiso de la industria, un documento en el que prohibe a la multinacional mexicana la incineración de cualquier tipo de residuo peligroso en su planta de Buñol, según confirman a Valencia Plaza fuentes de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Se trata de un cambio significativo respecto a lo planteado inicialmente para la renovación del permiso de la fabricante de hormigón y clínker, que utiliza los residuos como combustible. En las reuniones mantenidas en octubre con las partes implicadas el departamento trasladó que su intención era "prohibir la quema de residuos tóxicos y reducir los peligrosos". Esta propuesta no gustó nada a la empresa, pero tampoco agradó a autoridades locales y colectivos ecologistas, que consideraron que Julià Álvaro (líder de Verds-Equo) se quedaba corto.
Según explicaba entonces Ecologistas en Acción, aquel planteamiento inicial de Medio Ambiente prohibía la incineración de residuos con el código LER 140603 (otros disolventes y mezcla de disolventes), pero seguía permitiendo la quema de los residuos con los códigos 190205 (lodos de tratamientos físico-químicos que contienen sustancias peligrosas) y 190208 (residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas).
Pero la fórmula que finalmente plantea la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático es "reducir a cero la incineración de todos los residuos peligrosos, incluidos los códigos 190205 y 190208", según explica a este diario el departamento que dirige Joan Piquer. Se trata, en cualquier caso, del informe-propuesta plantado inicialmente por la conselleria. "Las partes afectadas podrán realizar las alegaciones correspondientes", subrayan.
El debate sobre la quema de residuos de la empresa se produce en el marco de la renovación de su Autorización Ambiental Integrada (AAI), que "lleva cuatro años guardado en el cajón porque el PP prefirió no afrontarlo", según explicó Álvaro en octubre. Llegado ahora el momento, el dirigente pretende atender "hasta donde sea posible" las reivindicaciones de diferentes entidades locales y colectivos ecologistas, que directamente aspiran a que se acabe con la incineración de cualquier tipo de residuos por sus efectos contaminantes -peligrosos o no-.
Pero el propio secretario autonómico no parece dispuesto a llegar tan lejos, al entender que una medida tan drástica pondría en peligro la continuidad de la empresa. Las restricciones que quiere introducir el Consell, además de reducir los tipos de deshechos que puedan usarse como combustible, pasan por fijar un volumen máximo de residuos que se podrán incinerar.
En este sentido, Ecologistas en Acción criticaba que Medio Ambiente propusiera reducir solo de 75.000 a 55.000 el máximo de toneladas anuales a incinerar. "La solicitud de Cemex en 2011 estaba por debajo de las 30.000 toneladas. Volveríamos a un nuevo error en la futura propuesta de resolución, pues se concedería un volumen mayor al realmente solicitado por Cemex", argumentaban.
Otras de las medidas anunciadas por Medio Ambiente era cuadruplicar la vigilancia de las emisiones de la planta con la creación de tres puntos de control del aire adicionales que se sumen al ya existente y crear una terminal que reciba los datos de forma continua y que remita la información tanto a la conselleria como al Ayuntamiento de Buñol.
Cemex no es, ni mucho menos, la única empresa que ha chocado con el celo medioambiental de la secretaría autonómica de Julià Álvaro. El caso más sonado fue probablemente el veto a la construcción del macrocentro comercial Puerto Mediterráneo en Paterna, pero el departamento también se ha visto implicado en la futura mudanza de la cantera de Lafarge en Sagunto, el rechazo a la línea de muy alta tensión proyectada por Red Eléctrica en Castellón o la negativa al proyecto de Pamesa de montar una incineradora en Onda.