VALENCIA. El secretario general de la patronal de Castellón CEC, imputado por presunto fraude en la gestión del dinero para formación en la patronal, no tiene intención de seguir los pasos de la cúpula de la organización, que esta semana dimitió en bloque por la crítica situación en la que se encuentra la organización, borde del concurso de acreedores y en el ojo del huracán por la citada investigación sobre los cursos de formación.
Así lo manifestó Rafael Montero tras la junta extraordinaria que la organización celebró este jueves para tratar de recomponer un escenario marcado por el desgobierno. La principal decisión fue la de crear una gestora que pilotará la organización hasta la celebración de la asamblea general, convocada para el 8 de agosto.
La primera patata caliente a la que tendrá que enfrentarse este órgano, compuesto por el exvicepresidente Carmelo Martínez, Juan Vicente Bono -del sector de maquinaria cerámica-, Vicente Cuevas -del transporte-, Néstor Pascual -Fepac-, y Maite Balada -de la Asociación de Mujeres Empresarias-, será la necesidad de solicitar el preconcurso de acreedores para protegerse de posibles responsabilidades ante sus acreedores.
En otros ámbitos de la patronal Cierval se da por descontado que la organización castellonense, con una deuda financiera superior a 600.000 euros y con las cuentas y el presupuesto aún por aprobar, no tendrá más remedio que acogerse a esa medida. Además, tiene que hacer frente a retenciones de 1,2 millones de euros por parte de los fondos que recibe de la administración por expedientes que no ha justificado adecuadamente según el criterio de la Generalitat.
A pesar de esa asfixiante situación, con la Generalitat ya personada como parte de la macrocausa del presunto fraude de los cursos, el secretario general de la CEC se muestra desafiante con el proceso abierto en Cierval para ampliar su base asociativa a costa de las organizaciones provinciales.
Discrepancias con las cuotas
Uno de los puntos de mayor fricción entre la CEC y Cierval tiene que ver con sus respectivos presupuestos y con la previsión de ingresos por cuotas. En una reciente reunión del comité ejecutivo de Cierval, órgano en el que están presentes los tres presidentes de las patronales provinciales, ya se puso de manifiesto esa tensión.
El motivo fue que, en la previsión de ingresos en sus presupuestos para el próximo ejercicio, Cierval incluyó casi 240.000 euros de ingresos por cuotas de las entidades fundadoras. La cantidad está muy por encima de lo que la CE quiere y puede pagar, ya que el planteamiento que ha puesto sobre la mesa es contribuir al sostenimiento de la autonómica con 20.000 euros.
Como muestra de que la discrepancia sigue viva, Montero sostuvo este jueves que la CEC presentará su presupuesto cuando Cierval haga lo propio con el suyo.
Mientras, sobre la posibilidad de que la CEC ceda poder en beneficio de fortalecer a Cierval, el secretario general de la patronal castellonense ni se lo plantea. "Yo soy empleado de aquí, en estos momentos ingratos, pero sigo trabajando porque lo que está claro es que lo que tenemos que defender son los intereses empresariales y de todo tipo de Castellón y no queremos ser dependientes de cualquier otra provincia", remató.
Rafael Montero. Foto: EVA MÁÑEZ
