Cristóbal Montoro entrega el proyecto de PGE 2018 a la presidenta del CongresoVALÈNCIA. El Gobierno abre la puerta a reestructurar la deuda de las Comunidades Autónomas con el Estado, pero solo para las "cumplidoras": las que cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria (déficit y deuda).
Así lo ha anunciado este martes el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, durante la presentación de Presupuestos Generales del Estado de 2018 cuyo proyecto ya ha sido entregado en el Congreso de los Diputados. Las cuentas, según ha explicado secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, recogen "facilidades" para que las comunidades autónomas y las entidades locales puedan reestructurar su deuda, con incentivos a los créditos y a las condiciones financieras, previo informe favorable del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La medida, condicionada a la aprobación de las cuentas y limitada a las regiones que cumplan los objetivos de la Ley de Estabilidad, excluiría a la Comunitat, que cerró el pasado ejercicio por encima del límite de déficit marcado para las comunidades autónomas.
Preguntado por cuáles serán esas ventajas para las regiones cumplidoras, el ministro de Hacienda ha explicado que en realidad se trata de un precepto legal incluido en los PGE de 2018 que habilita al Gobierno para negociar reestructuraciones de deuda. "Si se aprueban estos presupuestos, no necesitaríamos título legal para aprobar las reestructuraciones de deuda", ha precisado.
De este modo, el Gobierno incluye en los presupuestos la posibilidad de dar una solución a las comunidades con deudas pendientes con el Estado acumuladas a cuenta de los mecanismos de liquidez que el Gobierno central ha puesto en marcha en los últimos años ante la imposibilidad de estas de acudir a los mercados para financiarse.
La decisión del Gobierno coincide con la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica en el seno del CPFF, donde la Comunitat Valenciana abandera la reivindicación para que el Estado dé una solución a la deuda de las comunidades.
En el caso de la Comunitat Valenciana, que reivindica que la mayor parte de su deuda con el Estado es consecuencia de la infrafinanciación acumulada en los últimos años con el actual sistema de financiación, el déficit del ejercicio 2017 se situó en el 0,73% del PIB, ligeramente por encima del 0,6% del objetivo impuesto a las comunidades autónomas.
"La ambición es que podamos llevar en estos PGE la reestructuración de las deudas pendientes de las comunidades autónomas que se derivan de los mecanismos especiales de liquidez y de liquidaciones negativas pendientes", ha explicado Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda ha recordado que en las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 ya se aplazaron "y podemos seguir considerando la no vigencia de esas devoluciones".
Ello puede ser, según Montoro, "un estímulo para que las comunidades autónomas sigan cumpliendo la regla de estabilidad".
El titular de Hacienda ha instado a los diferentes grupos políticos representados en el Parlamento a que opinen "sobre lo que debemos hacer con los incentivos a las CCAA y las entidades locales cumplidoras con las liquidaciones pendientes con el Estado".
Asimismo, las administraciones autonómicas también podrán beneficiarse de la flexibilización en las condiciones en las que se aplica la regla de gasto, pues podrán también destinar el superávit a financiar inversiones financieramente sostenibles. Según ha dicho Navarro, los nuevos Presupuestos amplían el abanico de posibles "inversiones aptas para materializar ese superávit".
