La universidad pública española se evalúa continuamente, pero no de la forma que proporcionaría más información a los futuros estudiantes y a los propios profesores
Sé que hablo mucho de educación, pero no puedo evitar volver sobre el tema, especialmente después de observar las reticencias a realizar evaluaciones o pruebas diagnósticas en primaria que tanto asociaciones de padres, como centros y algunas administraciones, han mostrado recientemente. Hay que señalar, sin embargo, que dicha resistencia a la evaluación de los resultados afecta, en realidad, a todos los niveles.
Me gustaría comenzar por recordar dos cuestiones relacionadas con los resultados de España en las pruebas Pisa realizadas por la OCDE. El primero es que muestran un porcentaje anormalmente elevado de alumnos de 15 años con resultados muy bajos en matemáticas y lectura, mientras que los que consiguen altas puntuaciones son muy pocos. El segundo es que la distribución de dichos resultados depende del nivel formativo de la familia (medido a través del número de libros en el hogar). Ambos resultados deberían suponer una cierta frustración en nuestra sociedad, pues indican que la educación obligatoria no consigue que los estudiantes adquieran los conocimientos mínimos necesarios para desempeñar un papel satisfactorio en el mundo en el que les ha tocado vivir y, al tiempo, el sistema educativo tampoco logra identificar a aquellos alumnos más dotados para darles la oportunidad de que desarrollen plenamente su capacidad intelectual al margen del nivel de renta familiar. La educación obligatoria debería paliar las diferencias que los individuos tienen por haber nacido en un hogar con mayor o menor renta, contribuyendo a aumentar la equidad. Sin embargo, si los estudiantes con mejores resultados son los de familias que ya parten, al menos, de una mayor formación, tampoco este objetivo se habría logrado.
Es necesario superar el temor a la comparación o a quedar en una posición poco favorable, puesto que el objetivo es otro
Por otro lado, al margen de la falta de equidad, este resultado en altamente ineficiente desde una perspectiva económica. La razón es clara: la sociedad, en su conjunto, se tiene que beneficiar a la larga de una mejora en el capital humano en forma de mayor productividad y mayor empleo de calidad. Ello genera más riqueza y, por tanto, también más recaudación de impuestos para financiar, entre otras cosas, las pensiones y el propio sistema educativo y asistencial.
Otros países que han ido reformando sus sistemas educativos se han ayudado de métodos de evaluación transparentes. La necesidad de la evaluación es especialmente clara en el sistema público de enseñanza. Es necesario superar el temor a la comparación o a quedar en una posición poco favorable, puesto que el objetivo es otro: la Administración debe rendir cuentas del uso que se hace de los recursos públicos administrados y los contribuyentes tienen derecho a saber no sólo lo que se hace con sus impuestos sino si su hijo alcanza los objetivos educativos que cabría esperar en cada nivel.
Como decía, esto mismo es directamente aplicable a la enseñanza superior. No deja de sorprender, cuando se compara con la enseñanza primaria y secundaria, la poca relevancia que se asigna en España (con algunas excepciones) a la elección de universidad. No es achacable a las familias, sino a la propia dinámica de crecimiento del sistema universitario español, con universidades en la mayoría de las capitales de provincia y donde se imparten más o menos los mismos grados. Esto ha hecho que, exceptuando algunos estudios que sólo existen en pocos centros, haya poca movilidad de los estudiantes.
En otros países europeos (hablar de Estados Unidos sería muy largo y no es directamente comparable) la dinámica es bastante distinta: en Gran Bretaña (a través de una evaluación realizada por el correspondiente departamento ministerial denominada Research Assessment Exercise) o en Alemania (realizada por el DAAF alemán y publicado por Die Zeit ) existe información detallada por ramas de conocimiento (bien sea Biología, Ingeniería Aeronáutica o Economía) sobre qué universidades tienen la valoración más alta en las distintas titulaciones y en cuáles sus egresados logran mejores puestos de trabajo. La mayoría de estos estudios tienen en común su carácter centralizado, que garantiza la misma metodología para todos, y la desagregación, al basar los resultados en los departamentos universitarios, no en el conjunto de la universidad. Evidentemente, para que la movilidad sea posible es necesario proporcionar incentivos no sólo a las universidades, sino también a los alumnos. En Gran Bretaña se orienta la financiación hacia los centros que consigan mejores resultados (especialmente en investigación) y atraigan a los mejores alumnos, al tiempo que los buenos alumnos (independientemente de su renta) están becados.
La universidad pública española se evalúa continuamente, pero no de la forma que proporcionaría más información a los futuros estudiantes y a los propios profesores. Existen excelentes departamentos universitarios repartidos por toda nuestra geografía, muchas veces en universidades de pequeño tamaño. Lo malo es que ni ellos mismos saben su posición en su área de conocimiento. Disponemos de una agencia nacional, la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) que actualmente evalúa los títulos universitarios (y también a los profesores, pero esta vuelve a ser otra historia). No obstante, su estrategia de actuación no ha hecho sino complicar la gestión universitaria y aumentar la burocracia, centrándose en el proceso y no en los resultados. Es casi una obligación moral proporcionar esa información a la sociedad y permitir que la elección de universidad se tome de manera más fundamentada.
Hay pruebas, aunque indirectas, de que existe demanda social que busca salir de la homogeneidad, intentando proporcionar también al futuro empleador elementos que puedan diferenciar a un egresado de otro. El alumno es el más interesado en que esto sea así, ya que de ello dependerán sus ingresos futuros. Un ejemplo son los “dobles grados”, cuyo éxito en España no tiene equivalente en otros países (salvo, con matices, las “major” y “minor” del modelo anglosajón). Las notas de acceso son muy altas, reflejo de que los mejores estudiantes quieren acceder a esos grupos y los profesores compiten por impartir allí sus clases. La explicación es simple: al saber que tienen que realizar un esfuerzo suplementario para completar dos grados en 5 años sólo se atreven a acceden a ellos los estudiantes más motivados (y con notas más altas). Ello repercute positivamente en toda la clase, así como en el propio docente, que puede profundizar más en los temas y se beneficia de la receptividad del grupo. Esa misma filosofía está detrás de la creación en muchas universidades de grupos en inglés (o los denominados grupos ARA en la Comunitat): introducir alguna seña de identidad que los diferencie y muestre el mayor esfuerzo de cursar esa titulación.
La enseñanza pública, de la misma manera que debe conseguir reducir al mínimo el número de los que no completan los estudios o no adquieren las habilidades para manejarse con éxito en la sociedad, tiene la obligación de lograr que los mejores estudiantes repercutan positivamente sobre los demás, fomentando grupos que supongan “buenas prácticas” en la enseñanza superior y efectos de emulación sobre el resto del sistema. Conozcamos nuestra educación en todos sus niveles, como requisito imprescindible para mejorarla.
