VALÈNCIA. El referéndum de Cataluña vuelve a torpedear los esfuerzos del Consell para hacer visible el 'problema valenciano'. La velocidad a la que se suceden los acontecimientos relacionados con la consulta independentista provocará con toda probabilidad que la reunión prevista este jueves en La Moncloa entre Mariano Rajoy y Ximo Puig quede absolutamente eclipsada por las otras citas que copan la agenda presidencial.
La última zancadilla a los intereses del Gobierno valenciano ha sido la coincidencia de la recepción a Puig con un encuentro de urgencia entre Rajoy y el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, para escenificar la unidad de los dos grandes partidos ante el desafío secesionista.
De hecho, el anuncio de la visita de Sánchez a Moncloa coincidió en el tiempo con la reunión de trabajo que este miércoles por la tarde mantuvieron Puig y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para concretar las necesidades sobre inversión y financiación que trasladarán a Rajoy. Una ajetreada agenda, la del presidente, que además también incluye una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para abordar cuestiones relacionadas con el proceso soberanista catalán.
El Consell pretende darle un cariz "reivindicativo" al encuentro con Rajoy, ya que es la primera vez que recibe al presidente de la Generalitat esta legislatura. El Consell había pedido en varias ocasiones la reunión desde hace once meses, la última el pasado mes de agosto, pero Rajoy no les dio cita –en Madrid– hasta el pasado domingo, coincidiendo con su visita a Valencia para participar en la interparlamentaria del PP, toda vez que Puig había instado por carta al presidente del Gobierno a mantener un encuentro institucional aprovechando su paso por el Cap i Casal.
La preocupación, cuando no resignación, en el Palau de la Generalitat sobre el impacto negativo que el 1-O provocará para hacer calar en Madrid las necesidades de la Comunitat se ha incrementado en las últimas jornadas. De hecho, el terremoto provocado por la tramitación en el Parlament de Cataluña de la ley del referéndum impulsada por JxSí y la CUP llega en el momento clave para la reforma de la financiación autonómica, la absoluta prioridad del Gobierno valenciano.
Así se lo trasladará este jueves Puig a Rajoy, a quien le recordará que el actual sistema de financiación deja a la Comunitat a la cola de las comunidades autónomas en la distribución de recursos y sitúa a los valencianos "como ciudadanos de segunda". También le transmitirá la "necesidad de acabar con la limitación de las tasas de reposición y los recortes que han llevado a que la administración valenciana sea la segunda con menos funcionarios por cada mil habitantes, la primera en términos relativos", tal y como acordó con Oltra.
En el apartado de inversiones, el jefe del Consell volverá a solicitar al presidente del Gobierno el impulso de las "infraestructuras pendientes e imprescindibles para la vertebración y desarrollo económico de la Comunitat", como el Corredor Mediterráneo en su diseño original, la liberación de la AP-7 o el Tren de la Costa, entre otras.
Unas reivindicaciones de las que Puig espera obtener respuestas por parte del presidente del Gobierno, si bien todo apunta a que la batalla mediática de este jueves estará perdida de antemano en esta ocasión. En este sentido, lo único positivo de las delicadas circunstancias en las que se produce el encuentro es que el jefe del Consell tendrá la ocasión de pronunciarse ante los medios nacionales sobre la cuestión catalana, un asunto en el que Puig se desenvuelve con cierta soltura y personalidad propia por lo que puede obtener repercusión en Madrid.
La estrategia valenciana para conseguir mejorar su posición en el futuro modelo de financiación ya se ha visto condicionada hasta cierto punto por la necesidad de renunciar a la manifestación unitaria prevista en torno al 9 d'octubre para escenificar la reivindicación de la Comunitat.
La iniciativa, que partió de los agentes sociales pero fue acogida con agrado por el Consell, ha ido perdiendo fuelle en las últimas semanas, a medida que se ha evidenciado el efecto contaminación que ejerce el 1-O. Lo que en principio se planteó como una gran manifestación convocada por los agentes sociales y la participación de todos los partidos y la sociedad civil se ha convertido en una movilización parcial para la que aún no hay fecha.
Tras la negativa de la patronal CEV de participar en ella si no hay consenso político –algo imposible desde que el PP valenciano adelantó que no asistiría– la iniciativa de la manifestación la encabezan por ahora los dos sindicatos mayoritarios de la Comunitat: UGT-PV y CCOO-PV.
No obstante, tanto el PSPV como Compromís están llenando su agenda orgánica de actos relacionados con la reivindicación de la mejora de la financiación autonómica. La Coalición ha dado un paso más y maniobra para asumir un papel más activo en la celebración de esa manifestación, tal y como acordó esta semana su Comisión de Coordinación Institucional.
El partido maneja la posibilidad de llevar a cabo la manifestación a lo largo del mes de octubre, una vez el Gobierno presente el proyecto de los Presupuestos Generales de 2018 y antes de que se inicie su tramitación parlamentaria.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral